Así soplaban dos agentes antidroga información reservada a narcos gallegos
Los guardias frustraron cuatro operaciones al alertar a los traficantes y delatar a confidentes
Los agentes de la Guardia Civil Javier López Suárez, de 33 años, y Diego Fontán Cuesta, de 34, destinados en la Comandancia de Pontevedra, se enfrentan a 13 años de prisión por pasar, presuntamente, información reservada a grupos de narcotraficantes que eran investigados por el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) del instituto armado.
López y Fontán fueron descubiertos tras una investigación interna de los servicios de información de la Guardia Civil después de que en apenas 6 meses, entre enero y julio de 2013, se hubieran frustrado hasta cuatro investigaciones en curso, algunas judicializadas, contra grupos de narcos que operaban desde el sur de Pontevedra.
Los “agentes dobles”, que tenían acceso a material sensible, tanto informático como fotográfico, utilizaban a un presunto narco de Vilanova de Arousa, Juan Carlos Santorum Navazas, que se encargaba de hacer de mensajero y enlace entre los agentes y los traficantes investigados.
Informes, operativos, seguimientos, oficios para solicitar pinchazos telefónicos, listado de agentes y sus confidentes o cualquier documento tramitado ante los juzgados llegaban a manos de los narcos. En el ordenador del agente Diego Fontán se localizaron unos 2.000 escritos confidenciales, mientras en el del presunto traficante se pudieron recuperar unos 500 archivos relacionados con los servicios antidroga y sus actividades.
El guardia Javier López, adscrito a la unidad del ECO Galicia, se encargaba de sustraer la información sensible o datos reservados de carácter personal utilizados por el equipo policial al que pertenecía y que compartía con su compañero Diego Fontán, entonces destinado a la Sección de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. El presunto narcotraficante Juan Carlos Santorum Navazas, se encargaba de pasar a grupos de narcos investigados toda la información que le iba proporcionando el guardia Diego Fontán.
Según el escrito de acusación del fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, “los dos imputados y el presunto traficante, formaban parte de un grupo criminal que tenía por finalidad la obtención de informaciones secretas y su posterior revelación a los presuntos narcotraficantes implicados en ellas.”
El citado grupo criminal estuvo operando de manera estable y continuada, desde, al menos, el mes de febrero del año 2013, cuando se descubrieron las primeras fugas de información, hasta el 30 de julio de ese mismo año cuando los agentes involucrados fueron detenidos.
Incide el fiscal en que los tres imputados “fueron en todo momento conscientes de la ilegalidad de sus comportamientos, al conocer el perjuicio que para la administración pública y para los particulares afectados se generaba con su conducta.”
La primera pista surge cuando Javier López se apodera de una fotografía que formaba parte de las pruebas documentales de unas diligencias secretas que se instruían en un juzgado de la localidad de O Porriño. En este procedimiento se investigaba a una organización de narcotráfico, de ámbito nacional, que, durante el periodo que duró la investigación, llegó a gestionar varios envíos de cocaína a través de puertos españoles por una cantidad aproximada a los 1.000 kilos de cocaína.
La referida fotografía, en la que aparecían los investigados fue entregada por Javier López a Diego Fontán y este a Juan Carlos Santorum que se la facilitó a los traficantes, “quienes a partir de ese momento extremaron las medidas de seguridad”, afirma el fiscal.
Dos meses después, el mismo agente de la unidad antidroga copió de un ordenador información referente a una investigación de nombre Operación Vitamina cuyo objetivo era otro presunto narcotraficante, Ricardo Torrado Alonso, alias Chechu, en un juzgado de Villagarcía de Arousa La información llegó hasta el imputado y por este motivo se frustró la operación y las diligencias que todavía estaban secretas se archivaron.
En junio de 2013, los acusados desvelaron otras diligencias judiciales contra el mismo grupo de traficantes que organizaban envíos de cocaína. Pero esta vez, el juzgado de O Porriño ya tenía previsto las detenciones de los investigados. Siguiendo la mecánica habitual, Javier López entregó la información a su compañero para que el mensajero se la hiciese llegar a los narcos. De hecho, el 12 de junio, Santorum se reunió con ellos y a partir de entonces dejaron de utilizar los teléfonos móviles que estaban pinchados y modificaron sus movimientos hasta el punto que la redada contra los traficantes prevista para el 9 de julio fue abortada.
Otra operación frustrada por el soplo de los agentes estaba en marcha desde marzo de 2013. Se llamaba Azúcar Amargo y la estaba instruyendo el Juzgado número 5 de Vigo. El acusado Javier López, también accedió a toda la información reservada para poner en alerta a los imputados por lo que meses después se acordó el sobreseimiento provisional de la causa.
La Fiscalía también acusa a los agentes de pasar información personal reservada de los propios miembros de ECO Galicia que se encontraba en un archivo informático que contenía un listado con las credenciales de cada y sus cometidos.
Incluso habían tenido acceso a un archivo informático que contenía el listado de las llamadas “fuentes vivas” o relación de confidentes del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil en Galicia. Dicha información solo se encontraba en poder del teniente jefe y del sargento del grupo y estaba protegida mediante contraseña y encriptación al contener datos reservados de las fuentes cuya filtración suponía un grave riesgo para la integridad física de estos colaboradores.
