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Críticos expulsados de Podemos convocan una protesta ante la sede del partido

Han pedido autorización a la Delegación del Gobierno para la manifestación

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante una entrevista
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, durante una entrevistaEFE

La presidenta de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de Podemos, Gloria Elizo, y su marido, Pablo Fernández, juzgan y fallan en primera instancia un expediente y, a la vez, sin inhibirse, resuelven los recursos que frente a sus propias decisiones interponen los afectados, según afirma un grupo de militantes. Se trata de once afiliados de Extremadura, no alineados con ninguna corriente, a los que les impusieron tres meses de suspensión de militancia y, tras recurrir estos a la Comisión Estatal, fueron expulsados del partido.

Esta comisión es el órgano independiente encargado de "garantizar que el funcionamiento de la organización se ajuste a los principios de democracia, transparencia, justicia y participación igualitaria de todas las personas", según indica el partido en sus estatutos.

La "imparcialidad" de este comité es, entre otros, el motivo por el que Ana Bayón Domínguez, una de las expulsadas, en representación de otros críticos, ha solicitado permiso de manifestación a la Delegación del Gobierno en Madrid. La concentración prevista para mañana, jueves, "entre las 12.00 y las 14.00, sin desplazamiento", a las puertas de la sede de Podemos, calle de Princesa, 2. Bayón Domínguez ha asegurado a la Delegación del Gobierno que acudirán unas doscientas personas a la acción de protesta.

la Comisión "hace lo que dice Pablo Iglesias"  y, además, vulnera “el procedimiento debido”

Los convocantes sostienen que la Comisión "hace lo que dice Pablo Iglesias" y, además, vulnera “el procedimiento debido”, por lo que van a recurrir "a los jueces ordinarios" la expulsión por entender que “vulnera los principios básicos de la Ley de Asociaciones, catalogada en la Constitución como un derecho fundamental”. Así lo explica el abogado Guillermo Pérez-Reyes, quien sostiene que “la omnipresencia” del matrimonio Elizo-Fernández en primera y segunda instancia cuestiona “la necesaria objetividad de la Comisión Estatal de Garantías”. Elizo es, además de presidenta, diputada y vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados; y su marido, empleado de Podemos.

El procedimiento de expulsión empleado en este caso "es completamente ilegal: ni se les ha oído en el expediente ni se les ha informado de nada", alega el letrado, militante del partido morado y uno de los aspirantes a cubrir las diez plazas que tras el próximo congreso de Vista Alegre deberá configurarse. Asegura que, tras la concentración de mañana, los asistentes subirán a la sede de partido para reclamar, una vez más, que se les facilite el expediente en que está basada la expulsión y exigir "democracia interna".

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Según la resolución que adoptó la Comisión Estatal el pasado 24 de Enero, la expulsión obedece a que los citados 11 inscritos en Podemos convocaron una rueda de prensa en Mérida el 27 de julio de 2006 en la que ofrecieron a los medios “(…) información reservada de Podemos y capturas de los grupos de Telegram internos”; y también por lanzar “acusaciones falsas contra el partido” delante de los medios.

" A los expulsados ni se les ha oído en el expediente ni se les ha informado de nada”, asegura el abogado Guillermo Pérez-Reyes

La Comisión Estatal de Garantías, compuesta por siete vocales, incluidos Elizo y su marido Fernández, acordó la expulsión de estos militantes extremeños con dos abstenciones, las vocales Raquel Huerta y Marina Avia. Este periódico intentó ayer, sin éxito, hablar con la responsable de prensa de Podemos y con la presidenta del Comité de Garantías. Sí contactó con la asesora de comunicación de Pablo Iglesias. Esta aseguró que la expulsión fue por realizar públicamente "graves comentarios machistas", aunque señaló que ignoraba las duplicidades que se han producido en estos expedientes.

Fue el secretario de organización de Podemos en Extremadura, Julián Macías, quien les denunció ante la comisión regional de garantías, como no existe, se creó una ex profeso, que inicialmente les impuso tres meses de suspensión de militancia. Estaba compuesta por tres vocales, dos de ellos Elizo y su marido. Al recurrir a la estatal, también se los encontraron allí. Los expulsados señalan que Macías ha podido vulnerar la Ley de protección de Datos” al hacer uso en su denuncia de información reservada de Internet e insisten en que “el proceso está plagado de irregularidades que pretenden llevar a la justicia ordinaria”, porque "atenta con el derecho fundamental de asociación", explica el abogado Pérez Reyes.

Este letrado asegura que la Comisión Estatal de Garantías es “un caos, ya que apenas ha resuelto una decena de las 88.000 "comunicaciones", como las denominan, que hasta octubre pasado había registradas”. Señala que apenas se han abierto una decena de expedientes y que habitualmente han sido de órganos del partido contra militantes. Rita Maestre, alineada con sector errejonista de Podemos, calificó recientemente a la comisión como un "golpe de estado burocrático".

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