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Una perito corrobora que el plagio del rector es “total, literal y consciente”

El informe detecta que Suárez copió 111 páginas de 180 de un libro de un catedrático de la Universidad de Barcelona

El rector Fernando Suárez en un acto el pasado sábado.
El rector Fernando Suárez en un acto el pasado sábado.

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) plagió en dos escritos 111 páginas de 180 del libro El estatus del Poder judicial en el constitucionalismo español (1808-1936), de Miguel Ángel Aparicio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Esa es una de las conclusiones a las que llega la perito oficial Mireia Hernández en un informe encargado por el campus que editó la obra con el Ministerio de Justicia e Interior en 1995. "Son una copia sustancial, literal, total, consciente y mecánica", afirma el extenso documento de 197 páginas al que ha tenido acceso este diario.

Las páginas que no han sido copiadas son en su mayoría (30) parte de la propia edición y "por tanto no son relevantes a la hora de valorar el plagio", según las conclusiones del informe que detalla que hay 8 páginas del inicio de Suárez, 3 del índice y 4 de la introducción. Además, hay 15 páginas en blanco. "Es una copia consciente que se detecta porque se han hecho algunos usos y modificaciones", sostiene la perito. Por ejemplo, hay corrección de errores tipográficos, de mayúsculas por minúsculas, se usan de notas al pie de página de Aparicio para el texto general de Suárez o hay una diferente manera de referenciar la bibliografía. En total este periódico ha podido cotejar 13 obras de Suárez con copias a más de una veintena de autores. 

La perito tacha el plagio de "poco riguroso, redactado con precitación y carente de corrección".  Observa la profesional que al manipular las citas y las notas a pie de página "el texto de Suárez es desordenado" y aporta "una información incompleta, inconexa e incomprensible".

El informe, fechado el 27 de enero, concluye de forma demoledora: "La copia textual de los textos no se justifica por tratarse de la exposición de unos hechos históricos concretos, porque estos son descritos e ilustrados de la misma manera y, por tanto, la obra de Suárez es una usurpación clara e inequívoca del texto de Aparicio".

La universidad encargó en diciembre también un informe sobre la viabilidad jurídica de una demanda a Jaume Alonso Cuevillas, catedrático de Derecho Procesal. Y este, exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona, argumenta en su documento que Suárez "no podría ampararse en el derecho de cita del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual" porque se "identifica más de un centenar de páginas copiadas exactamente sin referencia alguna a su procedencia". Por otro lado, Cuevillas advierte de que los derechos de explotación de la obra ya no son titularidad de la editorial, sino que revertieron en Aparicio en 2010.

Este diario, tras conocer el informe, ha preguntado al Ministerio de Educación, del que dependen el organismo que acredita a los profesores universitarios y el que otorga los sexenios de productividad investigadora, qué medidas va a tomar. Hasta ahora, como la Comunidad de Madrid, no ha actuado. Un portavoz ha afirmado:"El ministerio tiene constancia del informe pericial de la Universidad de Barcelona únicamente por los medios de comunicación. Por lo tanto, vamos a solicitar la información correspondiente a la universidad, para que nos aporten los datos necesarios y poder estudiarlo. Además, nuestros servicios jurídicos estudiarán también ese informe, así como la información que aporte la universidad y determinarán si es suficiente o necesitan más documentación. En todo caso, nuestra intención es recabar toda la información posible para actuar en caso que sea necesario tal y como ha venido diciendo en las últimas semanas".

Aparicio va a presentar ahora su demanda con el respaldo del campus y no cree que el proceso legal termine antes de "dos o tres años". Otros cuatro plagiados —de la veintena de autores afectados— se plantearon demandar pero no lo han hecho por sus altos costes, pero sí que se van a sumar a la demanda de Aparicio con un documento al que se han sumado 427 profesores de 107 universidades (51 españolas y 56 extranjeras).

Y la otra opción para que Educación investigue al rector son las conclusiones la comisión de la URJC. En realidad esta última es papel mojado. El rector la anunció el 25 de noviembre, nunca se constituyó y ahora está parada hasta que el 15 de febrero se celebren las elecciones adelantadas por Suárez. Hay dos catedráticos candidatos: el ingeniero Javier Ramos —que dirigió una empresa siendo funcionario— y una periodista, Rosa Berganza, que se ha mostrado muy crítica con los plagios del rector.

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