La vida después del CIE
Dos de cada tres migrantes encerrados en centros de extranjeros salen libres. Durante un máximo de dos meses viven atemorizados y sometidos a un limbo legal que les impide rehacer su vida
A los CIE se entra, pero de los polémicos centros de internamiento de extranjeros también se sale y no necesariamente para subir a un avión. La mayor parte de los internos de los CIE salen libres sin ser expulsados, después de haber pasado un máximo de dos meses encerrados. Se les aplica la pena más grave del ordenamiento jurídico, la privación de libertad, para lograr un objetivo –la expulsión- que no se consiguió en un 71% de los casos, según datos de Interior a los que ha accedido este diario. Más allá del debate sobre si se deben o no cerrar los CIE, internar exclusivamente a las personas sobre las que exista una garantía de que podrán ser expulsados y evitar así la entrada y posterior liberación de decenas de miles de personas de los CIE supondría una mejora radical de la ecuación migratoria, coinciden numerosos expertos.
Cuando la puerta del CIE se abre, el detenido sale a la calle libre, pero a la vez preso. Esta vez de un limbo legal que tardará meses o años en dejar atrás y que les condena a la semiclandestinidad. Otros, buscan la prosperidad en el norte de Europa. “Dentro pasé mucho miedo. Allí hay gente con antecedentes penales junto con gente que no los tiene. Mezclan a justos con pecadores”, cuenta un interno latinoamericano que salió hace unas semanas de un CIE y que cuando estaba dentro no podía para de llorar cada vez que descolgaba el teléfono. Ya fuera, limita sus movimientos de su casa al despacho de abogados y vuelta por miedo a que le pidan los papeles y acabe expulsado por la vía exprés, es decir, en horas. “No apuraron los 60 días [máximo legal] y si hay un avión listo para mi país podrían cogerme y llevarme”. Lleva más de tres años en España y tiene una oferta de trabajo de un año; dos requisitos con los que según la legislación española puede obtener la residencia. La suya es ahora una carrera contra la burocracia.
La ineficacia de los CIES como instrumento para la expulsión lo reflejan también los datos que indican que actualmente se expulsa más desde las comisarías que desde los CIES. Durante el año 2015 hubo un total de 10.594 expulsiones de ciudadanos extranjeros, según los datos que la policía facilitó al Defensor del Pueblo. De ellas, solo 2.871, el 27% se produjo desde un CIE, según la misma fuente. La mayoría se producen desde las comisarías, el verdadero agujero negro de las expulsiones en España, según coinciden los expertos.
Los datos de Interior indican que 7.597 personas ingresaron en un CIE el año pasado, pero el porcentaje de expulsiones varía enormemente dependiendo del centro, según se desprende del último informe del Defensor del Pueblo. Así por ejemplo, si de los internos que pasan por el de Aluche en Madrid se expulsa al 46%, en Las Palmas el porcentaje se reduce al 0,6% y en Barcelona al 21,4%. La Circular 1/1994 de 15 de febrero, sobre intervención del Ministerio Fiscal indica sin embargo, que “la adopción de la medida de internamiento debe producirse únicamente y dada su excepcionalidad cuando sea imprescindible para asegurar el fin de la expulsión, y durante el menor tiempo posible”. Pisos tutelados, la retirada de pasaporte, la obligación de presentarse periódicamente en comisaría o inlcuso los brazaletes electrónicos son algunas de las alternativas a los CIE que a menudo barajan los expertos.
Las expulsiones desde los CIE se frustran por numerosos motivos, buena parte de ellos relacionados con el país de origen. Puede que el país del interno no les reconozca porque no tienen documentación. O que no haya representación diplomática de ese país y no dé tiempo a tramitar los papeles en los 60 días de encierro máximo. O que haya un procedimiento penal abierto y el juez quiera que al interno se le juzgue en España. O que no haya vuelos en los que pueda salir. O que el interno interponga un recurso contra el auto de internamiento y lo gane. Los expertos consultados aseguran que ya no es habitual pedir el internamiento de nacionales de países como Somalia, Sierra Leona, Burkina Faso o Eritrea, pero si son frecuentes los casos de países con los que no hay convenio de repatriación o que exija documentos muy complicados de obtener en 60 días.
Ramiro García de Dios, juez de control de Plaza de Castilla, explica el procedimiento: “La policía solicita el internamiento respecto de personas de quienes sabe que no pueden ser expulsadas o al menos no realiza las averiguaciones previas para saberlo fehacientemente antes de instar un internamiento. Tras la petición de la policía, la fiscalía debe informar sobre la idoneidad de la expulsión y es un juez el que finalmente debe autorizarla”. Preguntado por el abultadísimo número de expulsiones fallidas García de Dios reconoce que “aquí estamos fallando todos”.
Markus González, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona explica que “el internamiento es una institución claramente en retroceso”. Acaba de concluir un estudio en colaboración con la Universidad de Ámsterdam, en el que han analizado los expedientes policiales del último año en Barcelona. “La policía pide cada vez menos el internamiento”, asegura. Luego los jueces rechazan el 50% de esas peticiones, según sus cálculos. Aún así, cree que los internamientos se realizan a menudo “con automatismo y están poco fundamentados”. “Son fallos en cadena. Para que haya tantos errores, muchos se tienen que equivocar. Hay margen de mejora en todas las instituciones”.
Limbo jurídico: los "inexpulsables"
Las dificultades a la que se enfrentan los internados cuando salen a la calle dependen en parte del motivo por el que hayan salido del CIE. Hay personas que regularizarán su situación con cierta facilidad, como el interno latinoamericano que lloraba al teléfono, y hay también gente inexpulsable, es decir que no tiene documentación ni posibilidad de tenerla. “Los inexpulsables se quedan en el limbo. La ley de extranjería no prevé permisos temporales. Son seres humanos que deambulan por España sin ningún derecho”, indica García de Dios.
Preguntada la policía, la Fiscalía y el Ministerio de Interior por cifras sobre los motivos de inexpulsión, han rehusado ofrecer datos para este reportaje. Un oficio de la comisaría general de Extranjería sí detalla que por ejemplo en el CIE de Madrid salieron en libertad 1.639 personas en el año 2010. El 54% lo hizo en virtud de una resolución judicial. El 36% por imposibilidad de documentar, el 7,5% por haber agotado el plazo de internamiento y el 0,24% se fugó (cuatro personas). Es decir, en la mayoría de los casos, los jueces revocaron las decisiones previas de sus colegas por existir arraigo (por ejemplo si tienen hijos en España) o si han recurrido a la Audiencia provincial y esta estima que hay una falta de proporcionalidad. Estos datos se refieren solo a Madrid y por lo tanto pueden no ser representativos de los fallos del sistema en el resto del país.
"Son seres humanos que deambulan por España sin ningún derecho”, dice un juez
Santiago Yerga del Servicio Jesuita a Migrantes, que trabaja dentro de los CIE, explica que “no todas las personas que salen son inexpulsables, pero un número muy importante, sí”. “No se sabe qué hacer con ellos. Una vez intentada la expulsión, el Estado debería dar una respuesta a la situación de esta gente. Tener un decreto de expulsión dificulta mucho tu vida aunque no te puedan llevar a un CIE otra vez”, sostiene. Él piensa que una solución sería conceder “una autorización provisional”, de manera que la Administración tuviera a las personas con orden de expulsión registradas para una eventual repatriación, “pero que también les permitiera trabajar y vivir de una manera digna”. Inexpulsables o no, los que salen son carne de la economía sumergida, condenados a trabajar jornadas de 16 horas en puestos de vigilantes, en la agricultura o en el servicio doméstico, donde las posibilidades de inspección son menores. Llegan a cobrar salarios de hasta cuatro euros la hora.
Un reciente informe del servicio jesuita indica además que un 40% de los internos que visitan los voluntarios de Pueblos Unidos dentro de los CIE llevaba más de siete años en España. Es decir, vivían de forma permanente en este país, a menudo en una precariedad, que se acaba de quebrar con la entrada en el CIE. Son 60 días en los que el interno deja de ingresar, de pagar el alquiler y frecuentemente de mantener a su familia. Los CIE se convierten en estos casos en fábricas de exclusión.
El perfil de las personas que salen de los CIE sin ser expulsadas es muy variado. Tres de ellos, explican su periplo:
“Cuando vi a africanos corriendo en la puerta del sol, pensé que yo también tenía que correr”
Alpha salió de Liberia en 2006 con la idea de llegar a Europa y se embarcó en una patera que al cuarto día se quedó sin combustible. “Ahí te volváis loco. Dos saltaron y se ahogaron”, arranca en una cafetería del centro de Madrid. Los rescataron en alta mar e internaron a los 60 pasajeros en el CIE de Hoya Fría, en Tenerife, donde pasó 39 días. No tenía pasaporte. “A la patera no te dejaban subir con ningún papel”. De ahí a Sevilla y después a Madrid. Con lo puesto. “Cuando vi a africanos corriendo en la puerta del sol, pensé que yo también tenía que correr. No entendía nada, ni porqué había estado preso, ni qué había hecho mal”. Pasó por la Cruz Roja, luego por Cear y Cepaim, todas ONG que trabajan con migrantes. Sin pasaporte no podía regularizarse. Pasó cinco años sin papeles. “No podía ni hacer el abono transporte. No podía trabajar, no podía recibir subsidios, no tenía tarjeta sanitaria. Ni dormir en un hotel. Nada”. Repartía propaganda escondiéndose de la policía. Se sacó la Eso haciéndose el loco cada vez que le pedían los papeles en el instituto de mayores. Los jesuitas le ayudaron a sacarse una célula de inscripción, un primer paso hacia la regularización, que le permitió acceder a un contrato laboral. Ahora trabaja en el mantenimiento de una cadena de peluquerías y en una residencia universitaria. “He sufrido mucho. Pasan los años y por muchos cursos que hagas, siempre hay una barrera, los papeles”. Ahora se enfrenta a un nuevo laberinto burocrático relacionado con la célula y el pasaporte y podría quedarse sin la residencia de nuevo en abril, tras nueve años en España. “Cuando lo supere, estaré tranquilo”.
“Tenía tanto miedo que veía a más policías que ciudadanos en la calle”
Alhagie Yerro Gai es de Gambia, tiene 26 años y llegó a Tenerife hace siete. “En África todos creíamos que Europa es el futuro y todos queremos ser alguien”, cuenta en el piso que comparte en barrio madrileño de Vallecas. “Piensas que a los 15 días vas a empezar a ganar dinero, pero no es así. Su periplo comenzó en una playa Canaria, rodeado de policías. Luego fue el CIE de Tenerife, después a Fuerteventura y después al CIE de Aluche en Madrid, de donde salió libre, pero sin papeles y con una orden de expulsión en la mano, consciente de que tenía muchas papeletas de acabar en el primer avión a Gambia. Así vivió durante tres años. “Tenía tanto miedo que veía a más policías que ciudadanos en la calle”. En la calle, le pedían los papeles unas dos veces a la semana. Gente conocida le acompañaba cuando tenía que salir a hacer alguna gestión, para distraer la atención de la policía. “La gente llega aquí con fuerza y ganas de trabajar, pero cuando por fin te dejan, estás desesperado y agotado”. Continúa: “Yo tengo fuerza y salud, podría levantar sacos de cemento durante doce hora y sin embargo, no me dejaban”. A los tres años, consiguió la residencia y un contrato para cuidar a una persona mayor. Su testimonio ha llegado hasta el corazón de Europa, después de que en 2015 denunciara su experiencia ante el Parlamento Europeo. Ahora trabaja en una cadena de restaurantes italianos en Madrid. Le acaban de ascender. “Es un sitio fantástico, con jefes estupendos. Es un gustito el cariño de la gente en España”.
“Si vuelvo a mi país, me matarían”
A Luis, nombre falso y original de un país latinoamericano le pidieron la documentación por la calle hace unos meses. Tenía una orden de expulsión por no haber sido capaz de renovar la residencia porque le habían confiscado el pasaporte hacía tiempo y acabó en un CIE. Llevaba seis años en España, donde trabajaba y ganaba bien y donde había vivido con anterioridad. Estuvo más de 50 días en el CIE. Ahora pelea por regularizar su situación de nuevo. “Si vuelvo a mi país, me matarían”, asegura este hombre al que le da pavor ser identificado y frustrar su su salida de la irregularidad.
