“Con los acosadores escolares se busca la reinserción, no la venganza”
La magistrada de un juzgado de menores recomienda más prevención en los colegios y evitar los teléfonos móviles antes de los 16 años
La magistrada Concepción Rodríguez (Pontevedra, 1961) se ha enfrentado a múltiples casos de acoso escolar en el juzgado de menores del que es titular. Su experiencia aporta la visión judicial de una lacra cada vez más denunciada en las aulas españolas. Rodríguez es titular del Juzgado de Menores 1 de Madrid, lleva 15 años especializada en ese área y casi 30 de carrera. Asegura que lo más difícil de su trabajo en este tipo de casos es velar por un proceso garantista tanto para la víctima como para el agresor. “Es complicado porque existe conflicto de intereses. Imagine que la víctima pide una mampara que impide que el expedientado pueda verle. Se entiende que el acosado conoce al menor pero en ocasiones hay duda sobre identidad de la persona y al no verle, la autoría está cuestionada. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el acusado tiene derecho a conocer todas las pruebas. El proceso final es un equilibrio de garantías”.
En conversación telefónica con este periódico, pone el acento para combatir el acoso en el trabajo previo que deben hacer los centros escolares: “No se ha desplegado una política de prevención adecuada. Estos temas se pueden prevenir, hay que educar a los chicos a respetar a los demás. Y para eso los profesores necesitan mucha más preparación, no les puedes reír las gracias a un alumno que se mete con otro”, asegura la magistrada y presidenta de la Asociación Foro Judicial Independiente
El pasado 10 de enero se suicidó Lucía, una menor de 13 años, después de que sus padres denunciaran que sufre acoso escolar. Su madre, María Peligros Menárguez, protestó públicamente porque los dos supuestos acosadores, también menores de 14 años, son “inimputables”. Preguntada al respecto, la magistrada defiende ese límite: “Hay gente que considera que los menores de 14 años deberían responder penalmente, pero está demostrado que a la larga reducir o endurecer la edad no solo no reduce los delitos sino que los incrementa. Lo que de verdad ayuda, y España tiene una buena ratio de reinserción, es trabajar educativamente con los menores porque están en una edad de muchísima permeabilidad”.
La magistrada recuerda que la Convención de los Derechos del Niño estableció ya en 1989 que los menores de 18 años “no tienen la capacidad cognitiva de un adulto ni viven el transcurso del tiempo igual, para un niño tres años es mucho tiempo y afecta mucho a su vida". La edad penal fijada en España “está en la media de la Unión Europea. Es un buen límite porque cuando son más pequeños no tienen entendimiento ni van a comprender qué es un juicio. Con los acosadores escolares se intenta la reinserción, no la venganza” añade la magistrada, que participó el viernes 27 de enero en las jornadas El Acoso Escolar en el siglo XXI: Aspectos Psicosociales y Jurídicos, organizadas en Madrid por la Fundación Canis Majoris.
La magistrada defiende además la lista de medidas que se pueden aplicar en estos casos: "la libertad vigilada, la prohibición de acercamiento con la víctima, lo que obliga a desplazar al infractor de colegio o tareas socioeducativas para que interiorice el hecho, reflexione y no vuelva a cometerlo. En los casos más graves, se contemplan medidas de internamiento, en abierto o semiabierto. El acoso tiene autonomía propia y se sanciona específicamente por un atentado a la integridad moral. Si hay lesiones, se sancionan aparte”.
La "dura responsabilidad civil"
Rodríguez destaca además la “dura” responsabilidad civil de los progenitores en estos casos. “He conocido padres que han tenido que vender su vivienda para hacer frente a las lesiones de su hijo a un niño al que le rompieron el globo ocular. Las consecuencias por un puñetazo, que dejó a otro menor una cicatriz en la cara, fue que los padres tuvieron que pagar casi 7.000 euros. La ley no es nada blanda”.
La magistrada comparte que conseguir una mayor sensibilización con estos casos, como ocurrió en su momento con la violencia de género, ayudaría a combatirlos mejor. Preguntada sobre si el personal de los juzgados tiene suficiente preparación, asegura que sí porque el trabajo con menores es un ámbito de especialización dentro de las jurisdicciones. “En las encuestas del Consejo General del Poder Judicial, el ámbito de menores es el que está mejor valorado por las familias aunque luego es el más criticado en la prensa. Cuando una familia comprueba el trato que se da a su hijo, que el procedimiento es ágil y rápido y se enfoca en la reinserción, entiende que todos estamos muy implicados”.
Hay estudios sobre violencia escolar que señalan el riesgo de pasar de víctima a convertirse en un acosador. El menor que apuñaló a otros cinco estudiantes en Alicante el pasado viernes fue previamente acosado, según los primeros datos recabados. Concepción Rodríguez asegura, no obstante, que no es la realidad que ella ha vivido en los juzgados. “Lo que sí he visto es que las víctimas suelen ser personas que no se integran en clase, pero eso hay que aprender a respetarlo porque cada uno tiene un proceso de adaptación diferente. En el aula hay que trabajar para que se integre y no permitir que sea objeto de burla”.
Cuidado con el móvil
“Siempre ha existido el acoso aunque antes se sufría calladamente”, añade la magistrada, que asegura que las redes sociales y el ciberbullying “han cambiado la tipología de los delitos. Desde hace cinco años, hay menos delitos callejeros y más en internet”.
“Los padres deben ser muy conscientes de que no pueden dar un móvil a su hijo sin educación y madurez. Yo no comparto que se use antes de los 16 años”. Preguntada sobre si los docentes deberían tener acceso a los móviles de los alumnos, añade: “Se debería firmar una autorización que permita que los profesores accedan al móvil de los menores de edad. Y, si no, que no se lleve al colegio. No se les puede entregar como una libertad absoluta. No es un problema la autorización de profesores, el padre lo puede autorizar expresamente para evitar problemas. Si eso no se consigue habrá que prohibirlo fuera del aula. El ideal no es prohibir, pero no es lo mismo un chico de 12 años que de 16. En esa graduación tienes que ir educando y responsabilizando. Porque si un menor está cometiendo delitos, la responsabilidad de sus padres es civil solidaria y van a responder con todos sus bienes”.
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