El PSOE defiende un tipo mínimo común para el impuesto de patrimonio

La defensa que Cristina Cifuentes (PP) realiza en una tribuna en EL PAÍS de la política fiscal de la Comunidad de Madrid ha encontrado el rechazo frontal del PSOE. Madrid es la única autonomía que bonifica al 100% patrimonio, el impuesto que grava la riqueza. En el caso del impuesto de sucesiones y donaciones, lo elimina en la práctica con una bonificación del 99%. "Es evidente que, si aspiramos a una armonización fiscal europea, primero la deberíamos aplicar en España", observa el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, respetando las decisiones "en el ámbito" de las comunidades. El ejemplo más representativo es la multa de 13.000 millones de Bruselas a Apple por las ventajas fiscales que obtuvo entre 2003 y 2014. Dublín recurrió la decisión.

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Los socialistas mantienen en que Madrid apostó hace años por una competencia "desleal" con el resto de comunidades de régimen común -todas salvo País Vasco y Navarra- con su bajada "agresiva" de impuestos, recalca Pedro Saura, portavoz de Economía en el Congreso. "Tendría que haber un mínimo común del impuesto de patrimonio y del impuesto de sucesiones y donaciones, que contribuyen como ningún otro a la igualdad de oportunidades real de todos los ciudadanos. El argumento del mínimo común para todas las comunidades es el de la corresponsabilidad. Es fundamental si quieres financiar el Estado del Bienestar sin distinciones entre los territorios", observa Saura. Las siete comunidades presididas por el PSOE no han acordado de momento cuál sería esa horquilla mínima impositiva. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, parte de que “cuando uno se puede permitir el lujo de bajar impuestos es porque normalmente tiene superávit en los ingresos del Estado”.

La reivindicación de una armonización tributaria fue el tema más espinoso de la Conferencia de Presidentes de la semana pasada. “No es una confrontación con Madrid, pero lo que no puede es dar lecciones de austeridad porque no hay una situación de equidad”, subraya Puig. "Esto no es una pelea de todos contra Madrid, sino de que todos los ciudadanos se rijan bajo los mismos principios constitucionales de igualdad y solidaridad", manifiesta Miguel Ángel Vázquez, portavoz de la Junta de Andalucía, frente a la queja de Cifuentes de que se etiquete a la región que gobierna como un "paraíso fiscal", como ha llegado a afirmar Puig. El Ejecutivo de Susana Díaz coincide en que se debe establecer un tope "por encima y por debajo" a los impuestos de cuya bonificación Madrid ha hecho bandera. "De esta manera se respeta la autonomía fiscal de las comunidades autónomas pero estableciendo unos límites", argumenta Vázquez.

Esperanza Aguirre aprobó la eliminación del impuesto de patrimonio en 2008.Sus sucesores al frente de Madrid, Ignacio González y Cifuentes, han mantenido esta medida. La consecuencia, denuncia el Gobierno de Extremadura, es que 5.000 de sus ciudadanos han optado por residir en Madrid para beneficiarse de su política fiscal. En el gabinete de Emiliano García-Page añaden que "no es raro" que muchos castellanomanchegos "se vayan a morir a Madrid". "Es un efecto derivado de una política fiscal que es desleal. Y es lo que hay que combatir", sentencia Saura. "En la Conferencia de Presidentes quedó muy claro, desde la posición del Gobierno a la mayoría de comunidades autónomas, que no se puede hablar de balanzas fiscales o gestión sin saber lo que hace cada uno con los ingresos y los gastos", indica García-Page. El presidente autonómico destaca que la dispersión geográfica de la población encarece unos servicios que en las comunidades más urbanas resultan más baratos al estar concentrada los habitantes.

La falta de gravamen de Patrimonio es el símbolo de la política tributaria de Madrid. Pero no es el único ejemplo llamativo.  González se adelantó a la bajada de impuestos de Mariano Rajoy con el anuncio, en octubre de 2013, de la reducción en el tramo autonómico del IRPF en 0,4 puntos. El de transmisiones se quedó en el 6%. También rebajó al 0,75% el impuesto de actos jurídicos documentados. Pilar Blanco-Morales, consejera de Hacienda de Extremadura, alerta de la "competencia por bajar los impuestos" a la que entiende que Cifuentes anima, aunque no percibe que otras comunidades gobernadas por el PP se planteen el "extremo" de eximir del pago de Patrimonio. “Nosotros también hemos bajado el IRPF, pero a las rentas más bajas. Hemos hecho una redistribución impositiva con la que se los hemos bajado a la mayoría de la gente. No es cuestión de bajar impuestos, sino a quién”, expone el presidente de la Comunidad Valenciana.

La aportación de Madrid al Fondo de Garantía (78%) no es excusa para que se caracterice por una política fiscal que sus críticos no distinguen del dumping fiscal. "Quien aporta al Fondo de Garantía no son los territorios, son las personas", subraya Blanco-Morales. "Es imperdonable despedazar al Estado yendo en contra de los más necesitados", apostilla la consejera extremeña, para quien el razonamiento de Cifuentes "lleva al absurdo de llevar a pensar por qué los vecinos del barrio de Salamanca tienen que pagar los colegios de los de San Blas". "La derecha apuesta por un Estado social jibarizado con el argumento de que como los demás bajan los impuestos, pues para que no se me vaya el capital yo tengo que bajarlo. Ese es el problema y por eso necesitamos una armonización fiscal en España y también en Europa", reflexiona Saura. “No se puede fosilizar la desigualdad, que aquellas comunidades con más renta per cápita avancen en esa situación y no exista la convergencia exigible para un país con la mayor cohesión posible”, estima Puig.

Ninguno de los consultados comparte la afirmación de Cifuentes de que el efecto capitalidad no beneficia a Madrid. La presidenta autonómica sostiene que las grandes empresas con sede en Madrid tributan por el impuesto de sociedades, que recauda íntegramente el Estado. Y sostiene respecto a otros tributos que menos de una quinta parte va a Madrid. “Es ridículo no entender la atracción que supone el efecto capitalidad y los beneficios directamente atribuibles a esta condición”, interviene Puig. “Que Madrid tenga las mejores comunicaciones de España es un foco de atracción [de inversiones]. O que haya más funcionarios en Madrid del Gobierno central que afiliados de la Seguridad Social en Castellón y más de 20 provincias del país. Por tanto, se tiene que objetivar también lo que significa esa condición de capitalidad”, explica el presidente valenciano. Otro ejemplo que pone es la nutrida presencia de museos nacionales en Madrid.

“Madrid es la capital y eso revierte. No hablamos solo de sociedades. Están los impuestos cedidos, los impuestos propios que suman, los costes que pagan esas empresas, como las compras que hacen, la seguridad social de sus empleados”, coincide Vázquez. "Cifuentes tiene una visión muy parcial cuando de lo que se trata es de que los ciudadanos y empresas más ricos aporten más a la caja", concluye Blanco-Morales.