El Gobierno acusa al Congreso de “abuso y arbitrariedad”
El Ejecutivo pide al Tribunal Constitucional que “a la mayor brevedad” acepte sus vetos a proposiciones de ley de la oposición
El Gobierno acusa al Congreso de los Diputados de hacer “un uso abusivo y arbitrario de su facultad de calificación de los escritos” y por eso pide al Tribunal Constitucional que “a la mayor brevedad” establezca su capacidad de vetar iniciativas de la oposición.
El Ejecutivo presentó el viernes al Tribunal el escrito por el que abre un insólito conflicto constitucional de atribuciones contra el Congreso. Pretende que la potestad que le da la Constitución para frenar el trámite de iniciativas de la oposición que afecten a los Presupuestos no pueda ser cuestionada o rechazada por el Congreso.
En concreto, la Mesa de la Cámara, con los votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, rechazó el veto de La Moncloa sobre una proposición para frenar la Lomce y otra sobre la reforma laboral. El Gobierno pretende que “se declare que corresponde al Gobierno de la Nación la atribución de impedir la tramitación parlamentaria de la citada proposición de ley y en consecuencia declare nulos los acuerdos de la mesa del Congreso impugnados, así como todos los actos de la tramitación parlamentaria subsiguiente”. El escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS “solicita del tribunal que resuelva a la mayor brevedad el conflicto planteado, para evitar los efectos nocivos al sistema constitucional y la seguridad jurídica que dicha tramitación ocasionará, especialmente si la proposición de ley es adoptada finalmente por las Cortes generales”. Es decir, por un lado pretende utilizar el pronunciamiento como precedente para todas las proposiciones de ley de la oposición y no solo las afectadas por el recurso. Se trataría de facilitar el margen de maniobra del Gobierno en minoría en el Parlamento, impidiendo que durante toda la legislatura se aprueben proposiciones sin su consentimiento previo.
Por otro, advierte de que aunque esas dos iniciativas avancen en el trámite porque ya han sido aceptadas por la mayoría del pleno del Congreso, podrían ser anuladas en el futuro si la sentencia es favorable al Gobierno. “La anulación de la decisión de la Mesa debe conllevar la de todos los actos subsiguientes del procedimiento parlamentario”, asegura para explicar que aunque las proposiciones terminaran convertidas en leyes en vigor, el vicio previo de procedimiento podría provocar su anulación. De hecho, el Gobierno admite en su escrito que no es posible invocar una suspensión cautelar en este tipo de recursos. Aunque el escrito admite que el Tribunal no se ha pronunciado nunca sobre un caso como este y solo lo ha hecho sobre comunidades autónomas, concluye que “de la jurisprudencia constitucional puede concluirse que el Gobierno tiene legitimidad constitucional y reglamentaria para oponerse a la tramitación de enmiendas o proposiciones de ley que supongan aumento de gasto o disminución de ingresos”.
