Reabierta la querella del PP contra ‘Kichi’ por injurias y calumnias
El alcalde de Cádiz dijo que el anterior gobierno municipal suministró "agua contaminada a sabiendas"
La cara más bronca del debate político municipal de Cádiz tendrá un nuevo capítulo en los juzgados. El alcalde de la ciudad, José María González, Kichi (PCSSP), responderá ante la justicia tras una querella del Partido Popular por injurias y calumnias. Después de que una juez decidiera archivarla, la Audiencia Provincial gaditana ha admitido el recurso del PP y el caso regresará al mismo juzgado de Instrucción que optó por su sobreseimiento.
La denuncia de los populares estuvo motivada por unas declaraciones realizadas por González en las que valoraba la implicación del anterior equipo de Gobierno del PP en el incidente del corte de agua en el barrio de Loreto. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha decidido que el Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz retome la causa para continuar con las diligencias que permitan determinar la responsabilidad de las acusaciones realizadas, según ha adelantado este martes Diario de Cádiz.
El recurso afecta tanto al alcalde como a su jefe de gabinete, José Vicente Barcia; y al entonces concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza; todos ellos denunciados en la misma querella. El mandato de la Audiencia hará que el Juzgado tenga que retomar la causa justo con la declaración de los tres investigados y los periodistas presentes en la rueda de prensa en la que González acusó al anterior gobierno de “suministrar agua contaminada a sabiendas”. De hecho, la jueza Rosa María García Jover decidió archivar la causa un mes antes de que el propio González tuviese que comparecer en los juzgados y justo el mismo día en el que estaba prevista la declaración de la querellante, la exalcaldesa popular Teófila Martínez.
En su auto, consideró “la evidencia de que no existía por parte de los querellados un propósito específico de injuriar y sí, por el contrario, la concurrencia de un ánimo de crítica respecto a la gestión de los asuntos públicos”. Cuando García Jover tomó la decisión del sobreseimiento todavía no se habían cerrado las diligencias por la presentación de los informes del actual equipo de Gobierno, en los que pedía que se investigara si el PP había cometido irregularidades en la gestión de la crisis del agua, ocurrida en el verano de 2014.
El cierre de la causa estuvo apoyado por la fiscalía, pese a que esta aún no había presentado su dictamen sobre si se habían producido o no las irregularidades denunciadas por González. Tiempo después, el fiscal descartó que se hubiesen producido actividades fuera de lo normal en la gestión del corte de agua por contaminación. Ante la Justicia, su abogado volvió a reafirmar la declaración, aunque matizó que el PP había manipulado sus palabras ya que “no era lo mismo contaminar que permitir suministrar agua contaminada”. En cualquier caso, la jueza consideró que sus palabras no se enmarcaban en la acusación de cometer un delito contra la salud pública, sino a posibles “irregularidades administrativas”.
En su auto, la jueza entendió que los investigados no querían difamar gratuitamente, sino “depurar ulteriores responsabilidades” ante la fiscalía. Más dura fue con los medios de comunicación, a los que acusó de “falta de rigor” al interpretar las palabras del regidor, pese a que existen también grabaciones audiovisuales de su declaración. Consideró como factores condicionantes “el afán por la exclusiva o la primicia en un marco competitivo” y “el sesgo u orientación política del medio y muchos otros y como se puede tergiversar los hechos a efectos de conseguir un titular impactante que permita un incremento en las ventas”.
El auto no contentó a los populares. Su portavoz municipal, Ignacio Romaní, anunció el recurso el mismo día que se conoció el archivo. “No puede ser una patente de corso para que, a partir de ahora, cualquiera, sea político o no, pueda imputarle todo tipo de delitos a un cargo público sin el menor miramiento y sin pagar por ello”, explicó como argumento para su apelación a la Audiencia Provincial. Ahora, el alcalde tendrá que explicar en el mismo Juzgado la pretensión de sus declaraciones.
El equipo de Gobierno se ha reafirmado en sus actuaciones y declaraciones sobre los resultados del informe técnico acerca de la actuación de Aguas de Cádiz en el corte del suministro en Loreto, según ha valorado en un comunicado. De hecho, ha insistido en que respondieron al compromiso que adquirieron “con los vecinos de este barrio, un compromiso del que no nos arrepentimos de haber cumplido”. “No dijimos que el PP contaminara el agua, sino que la suministró a pesar de saber de su estado, con indicadores anómalos reflejados en las muestras”, ha repetido el Consistorio en un texto en el que dicen respetar la decisión judicial, pero no compartirla.
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