Una tarjeta social para acabar con las duplicidades
La reforma de un sistema de financiación obsoleto desde 2014 centra las negociaciones de la Conferencia de Presidentes
El acuerdo y desarrollo de un nuevo sistema de financiación autonómico es el objetivo último de la primera Conferencia de Presidentes en cinco años. La mayoría de las fricciones entre el Gobierno y las comunidades pivota alrededor de un modelo de financiación vigente desde su aprobación en 2009, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), pese a que debería haberse revisado en 2014. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha pospuesto su modificación desde entonces, alegando que no se daban las condiciones necesarias en plena crisis. Madrid fue la primera región que cuestionó el modelo de financiación. Lo hizo en 2012, con Esperanza Aguirre (PP) todavía de presidenta. El resto de autonomías se sumaron progresivamente a las críticas al modelo con independencia del partido que las gobernaba. Los argumentos que comparten los presidentes autonómicos son que es un modelo obtuso y que no cubre las necesidades de financiación de las regiones.
El borrador de trabajo que la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales remitió a las comunidades autónomas el pasado viernes al mediodía para la sostenibilidad del Estado de Bienestar y la reforma de la financiación autonómica parte del "amplio consenso" sobre la "necesidad de proteger" los avances sociales logrados en las cuatro décadas transcurridas desde la restauración de la democracia. Para ello es "oportuno", recoge el documento de 30 páginas, "dar un fuerte impulso al proceso de actualización del sistema de financiación autonómica para que, con la mayor objetividad, se adopte un acuerdo que garantice una financiación suficiente" basada en la "equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal".
El primer paso sería la creación en el plazo máximo de un mes de una comisión de expertos propuestos por el Gobierno y las comunidades para resolver los aspectos más controvertidos del modelo actual. Uno de ellos es la dependencia. Las siete comunidades presididas por el PSOE presionaron en la reunión preparatoria de la semana pasada para que se incluya de forma específica dentro de la financiación "dada la especial sensibilidad", reconoce el borrador de la Conferencia, que generan los servicios vinculados a la dependencia. Las autonomías del PSOE reprochan que el Estado no cumple con la financiación al 50% de la dependencia y que en general no pasa del 15-20%. También se quejan, aunque en privado, algunas de las principales comunidades del PP. Además, más de 355.000 personas de las personas con algún grado de dependencia reconocido (el 29% del 1,2 millón reconocidas a 31 de octubre) no reciben ninguna ayuda, denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Para resolver el sudoku de su financiación se constituirá una comisión en el plazo de un mes abordar la "sostenibilidad" de la dependencia y sus posibles vías de financiación a futuro del Estado. El PSOE instó a Rajoy a mediados de diciembre, en el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia impulsada por Zapatero, a dotarla de la financiación necesaria.
Una tarjeta social para ganar eficacia y acabar con las duplicidades
La duración de la crisis y el grave problema del desempleo (3,7 millones de españoles), unido a la alta precariedad laboral —hay consenso en avanzar en la mejora del sistema de Formación Profesional para el empleo, en especial en materia de Formación Dual—, anima a los participantes en la Conferencia a "reforzar" la coordinación entre los programas de los distintas administraciones públicas a través del impulso de una tarjeta social. La derivada es que, además, contribuiría a eliminar duplicidades y a mejorar la complementariedad de las prestaciones de las distintas administraciones. "La tarjeta social pretende ser una llave de acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones sociales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las comunidades, las corporaciones locales e incluso ONG", reza el borrador de trabajo de la reunión.
Evitar la suspensión del suministro eléctrico o bono social es otro de los puntos de encuentro. El Gobierno recuerda el acuerdo alcanzado con el PSOE a finales de diciembre para combatir la pobreza energética. Su finalidad es "asegurar que los servicios sociales pueden intervenir antes de que se interrumpa el suministro en hogares con necesidades severas", para lo que resulta "fundamental" una colaboración "estrecha" entre el sistema eléctrico y los servicios sociales de regiones y ayuntamientos. Además, se establece una cofinanciación de las empresas del sector eléctrico, que complementará los recursos económicos que las comunidades ya destinan a esta materia.
Un descenso en picado de la población
La VI Conferencia de Presidentes alerta, más allá de factores coyunturales, de los efectos de una baja natalidad, la disminución del número de jóvenes y un "acusado" proceso de envejecimiento. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) dibujan en el horizonte un país de ancianos en el que los hogares de un solo habitante crecerán un 20%. El escenario que se plantea es tan dramático que España perdería en 2066 hasta 5,4 millones de habitantes de los 46,4 millones actuales, equivalente al 11%. Sin que haga falta ir tan lejos, hoy son diez las comunidades autónomas con saldo vegetativo negativo. Y por primera vez en muchos años, en 2015 ha sido mayor el número de defunciones que el de nacimientos. A 1 de enero de 2016 se computaron 99.439 habitantes menos que el año anterior, según el INE (descenso del 2,7%).
Al mayor grado de envejecimiento, ruralidad, dispersión, o migración de la generación mejor preparada en busca de un trabajo acorde a su formación hay que añadir los "desequilibrios demográficos" y territoriales. La consecuencia es que mientras enormes zonas del centro de España se quedan vacías otras se transforman en "grandes zonas urbanas receptoras". Por ejemplo, la previsión es que la Comunidad de Madrid aumente en 331.453 habitantes su población hasta 2031 (incremento del 5,2%). El problema es tan grave en algunas autonomías que representantes de Galicia y Castilla y León (PP) y del Asturias y Aragón (PSOE) han quedado la semana que viene para poner en marcha los estudios de un reto, el demográfico, que amenaza con convertirse en crisis.
Baleares, gobernada por Francina Armengol (PSOE), ha logrado incluir dentro del reto de la planificación demográfica los costes de la población flotante en las zonas más turísticas en la provisión de infraestructuras, de las políticas de vivienda y del Estado del Bienestar. España batió el año pasado su récord de turistas extranjeros con 75,3 millones, 7,2 millones más que en 2015 (subida del 9,9%).
Un pacto educativo que trascienda a los partidos
"España necesita un Pacto de Estado por la Educación, un acuerdo que supere posiciones ideológicas partidistas". El documento de trabajo de la Conferencia de Presidentes apunta con una claridad poco habitual a uno de los orígenes del problema del sistema educativo, regulado por siete leyes en el periodo actual democrático. Una de las consecuencias de la falta de acuerdo y la revisión de modelos que se aplicaron PP y PSOE en su alternancia en el Gobierno es, señalan los expertos, que España cerrase 2015 como líder de la UE en abandono educativo temprano (20%, nueve puntos más que la media comunitaria.
El PP, el PSOE y Ciudadanos acordaron en diciembre crear una subcomisión en el Congreso que impulse un pacto educativo para elaborar una nueva ley que sustituya a la LOMCE. Tras semanas de debate sobre si se debía "derogar", "eliminar" o "cambiar", el consenso llegó con su "sustitución". El primer avance constatable se produjo con la "suspensión" de las reválidas.
Para alcanzar un acuerdo sobre la educación es "imprescindible", recalca el borrador de la Conferencia, la "participación activa de toda la comunidad educativa". Esto es, alumnos, familias, docentes, centros educativos, sindicatos, agentes sociales y económicos, asociaciones y fundaciones del sector "y, en general, de toda la sociedad española". Un reto mayúsculo conociendo los precedentes.
Excepciones para realizar contratos en la educación y sanidad públicas
Superar los límites de la tasa de reposición para ofertas públicas de empleo, que solo permite cubrir jubilaciones, es otra de las grandes banderas de las autonomías socialistas. Castilla-La Mancha hizo hincapié en la "necesidad" de revisar la normativa vigente en la sesión preparatoria de la semana pasada. Gobierno y autonomías acordaron en el borrador de trabajo que, dentro del marco de la oferta pública de empleo anual que se apruebe en la Ley de Presupuestos, se procederá al análisis de las "especiales necesidades" en los sectores prioritarios de las autonomías, "en especial los de servicios sociales, educación, sanidad, seguridad y emergencias". En este sentido, se "adoptarán las decisiones en materia de tasa de reposición, tanto general como para sectores prioritarios, de forma que garanticen un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada Administración".
El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, coordinador de la estrategia común de las autonomías del PSOE, subraya que superar la tasa de reposición permitiría acabar "con tanta interinidad" y además acabaría con la "proliferación de contratos precarios" cuestionada por sentencias europeas. Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de septiembre defiende igualar la indemnización entre fijos y temporales. También reconoce también que los interinos tiene derecho a cobrar compensación al acabar el contrato.
La Conferencia de Presidentes pretende que se lleve a cabo un análisis del porcentaje de interinidad en los servicios públicos esenciales, singularmente en educación y en sanidad, y "buscar" las fórmulas "que permitan reforzar la estabilidad" de las plantillas de personal "en aras de garantizar una prestación de los servicios públicos de mayor calidad y sostenible financieramente".
La movilidad voluntaria de los empleados públicos entre las distintas Administraciones es otro de los asuntos sobre la mesa. La intención es "facilitar" el proceso articulando los mecanismos y medidas que favorezcan el derecho de los funcionarios "a disfrutar dicha movilidad, tanto geográfica como funcional, y promuevan asimismo un uso más eficiente de los recursos de las Administraciones Públicas". "Hoy por hoy es casi imposible que un bombero en la Comunidad Valenciana pueda ejercer su profesión en Castilla y León. Y lo mismo pasa si quiere hacerlo en alguna de las provincias de su región si no es uniprovincial", pone como ejemplo un presidente autonómico.
Violencia de género
Incluido por los socialistas, el acuerdo sobre violencia machista recoge que se encomendará al Gobierno la solicitud de la convocatoria de la comisión general de las comunidades autónomas del Senado para celebrar un debate monográfico. El Congreso acordó por unanimidad el pasado noviembre un pacto de Estado en materia de violencia de género a suscribir entre el Ejecutivo, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Mariano Rajoy ha señalado que el objetivo de este acuerdo es “dar una batalla contundente y eficaz contra una lacra que desgraciadamente sufre en demasía el país”.
Ayuda a refugiados
La Conferencia de Presidentes ha acordado un plan de ayuda de emergencia ante la “dramática situación que padecen miles de refugiados, agravada este invierno y los llamamientos de ayuda de distintas organizaciones”. Se coordinará mediante la Cooperación al Desarrollo de las Administraciones Públicas. España solo había recibido a finales del año pasado a 898 de los 17.337 solicitantes de asilo que pactó con la UE. Es decir, tan solo un 5% del total.
Coordinación de las Administraciones frente a las catástrofes
Otros acuerdos que en principio no deberían provocar grandes enfrentamientos sino todo lo contrario son la mejora de la cooperación entre las diferentes administraciones. La coordinación del sistema de protección civil en caso de catástrofes como incendios —en los que se destinan medios de apoyo por parte del Estado y de unas comunidades a otras— "no sólo debe ser considerada como un objetivo para mejorar su funcionamiento, sino como una garantía de la calidad de la respuesta que van a recibir los ciudadanos". "Se trata de actuar con la máxima coordinación, agilidad, eficacia y eficiencia, y de poner todos los medios al alcance de los poderes públicos para afrontar cualquier tipo de situación de amenaza que afecte a la seguridad nacional", es el compromiso con el que llegaron todas las partes a la reunión en el Senado.
Para otorgar una periodicidad a la Conferencia de Presidentes se modificará su reglamento para que se reúna una vez al año. Cada seis meses habrá una sesión preparatoria.
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