Una juez censura la “absoluta masificación” del CIE de Tarifa
Interior ha liberado a los 495 inmigrantes que han llegado esta semana en patera
La juez Belén Barranco ha censurado la “absoluta masificación” que sufre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Tarifa (Cádiz), cuyos internos padecen carencias que la magistrada considera deben atajarse de inmediato. La magistrada ha ordenado a la policía que solvente las graves irregularidades de este centro y del ubicado en Algeciras: “Supresión de habitaciones con más de tres internos, instalación en cada una de ellas de ducha, wáter con retrete y cisterna y lavabo (…) supresión de las duchas colectivas (…) instalación de un espacio concreto y reservado donde los internos puedan recibir visitas del exterior”, exige en un auto la magistrada tras visitar el pasado otoño ambos centros.
Estas personas defecan en un agujero realizado en el suelo —conocido como retrete turco— dentro de una celda compartida, a la vista de otros internos. “El baño es degradante. El Defensor del Pueblo Español ya ordenó corregirlo en Algeciras y ahora está pendiente en Tarifa, a pesar de que comparten una dirección policial única”, critica Francisco Jesús Mancilla, de la ONG Algeciras Acoge. El deterioro de los dos centros andaluces sucede al cierre de los ubicados en Fuerteventura y Málaga, este último tras un escándalo con varios policías procesados y que finalmente resultaron absueltos.
Ahora la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Algeciras conmina a la policía a realizar reformas que mejoren las condiciones de los inmigrantes, llegados en pateras desde la costa africana y que están privados de libertad solo por haber cometido una falta administrativa al entrar irregularmente en España. “A la policía le cuesta tomar medidas pero esperamos que en Algeciras asuma las recomendaciones de la juez, porque si no incurriría en desobediencia. Exigiremos responsabilidades si se incumple el auto”, advierte José Luis Rodríguez, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge.
Motines, huelgas de hambre y fugas
Las denuncias por las condiciones que soportan los inmigrantes en los ocho CIE del país, con 1.162 plazas y por los que pasaron 6.930 personas en 2015, son un goteo constante desde los jueces y las ONG que los visitan. Hace un año el Ministerio del Interior marcó un hito cuando admitió que incumple la legalidad y el reglamento de los CIE por “las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige”.
En paralelo, el pasado otoño cuatro magistrados del Tribunal Constitucional dieron otra vuelta de tuerca al estimar en un voto particular que la policía incurre en detención ilegal cuando no traslada a los inmigrantes ante un juez en menos de 72 horas. En 2014 más de 1.200 inmigrantes cruzaron el Estrecho y 250 de ellos estuvieron nueve días privados de libertad y sin comparecer ante un juez. Dos años después, el Constitucional ha inadmitido la denuncia de una ONG pero ha alertado a los mandos policiales de que juegan con fuego en estos casos de aluviones de patera —como el ocurrido esta semana—.
Durante los últimos seis meses la situación se ha tornado explosiva y más de 100 internos se han fugado de estos centros. Los CIE de Murcia, Madrid y Barcelona han sufrido motines y huelgas de hambre. Tras el de Madrid, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pidió más cámaras y reconocimientos médicos "sistemáticos".
Carmen Echevarría, de la asociación Karibu y que visita con frecuencia el CIE madrileño de Aluche, critica que en habitaciones de 24 metros cuadrados se encierre a ocho personas. "Están amontonados y no entienden por qué están ahí. Su obsesión es salir para ganar dinero y mandarlo a sus familias. Los CIE no son compatibles con los derechos básicos, hay muchos argumentos para cerrarlos y medidas alternativas al encierro, como la presentación de estas personas cada semana en el juzgado".
Las críticas de la juez coinciden con un aluvión de pateras en el Estrecho de Gibraltar que ha traído a 495 inmigrantes a las costas andaluzas en solo seis días. La policía ha decidido liberarlos porque los CIE, a pesar de que disponen de plazas libres, no pueden absorber a todos. “La avalancha de cien personas diarias no nos deja muchas opciones”, admite un portavoz policial. Las ONG aplauden que los agentes desvíen a los inmigrantes a sus centros, donde gozan de libertad de movimientos, y confían en que la decisión marque un cambio de tendencia para acabar con los ingresos en los CIE. Sobre el estado de los ocho centros repartidos entre Canarias y la Península, la Fiscalía General es clara en su última memoria: “En términos generales las instalaciones de los CIE apenas llegan al aprobado”.
Tarifa y Algeciras absorben el flujo de pateras del Estrecho y al margen de la masificación, la juez Barranco critica que los inmigrantes reciban visitas con mamparas cerradas para impedir “una relación directa íntima” al darse las manos o acariciarse, y obligarles a hablar por teléfono. “Se somete a una especie de régimen generalizado de sospecha al visitante y al interno, como si la visita fuera un hecho susceptible de peligrosidad”, critica. La juez obliga a que las mamparas de visita se abran, dado que ya existen policías que vigilan para evitar incidencias. El caso es “más propio de un régimen carcelario y penitenciario que de un centro de internamiento temporal donde no está restringido el derecho a la libre comunicación”, añade.
Para la magistrada, el responsable policial del CIE de Tarifa debe instalar “luz natural” y eliminar las rejas de las habitaciones de los internos, suministrarles una muda interior, y construir espacios lúdicos para hacer más llevadera su reclusión, de 60 días como máximo. En paralelo, la juez resalta la “absoluta limpieza de las instalaciones y adecuada alimentación, siendo también adecuado el servicio médico”. Respecto a la carencia de ropa que sufren los internos al ingresar, Mancilla ilustra: “Algunos inmigrantes no quieren hacer deporte porque sudan y huelen. Es una obligación legal el Estado facilitar ropa. Y si no puede cumplir, que no les retenga”.
Carlos Arce, coordinador del área de migraciones de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, concluye: “Lo que ocurre es un síntoma del despropósito de la gestión de los CIE y las devoluciones y expulsiones. Es un cúmulo de mala gestión y de arbitrariedad absoluta”.
En 2015 la policía detuvo a 36.327 personas por situación irregular, y de ellas 6.930 fueron internados en los CIE. El objetivo de estos centros es la reclusión de los inmigrantes previa a sus expulsiones del país. Sin embargo, solo el 41% de los internos fue devuelto a su país de origen, por lo que más de la mitad son privados de libertad de manera preventiva durante semanas y sin consecuencias a posteriori. Este porcentaje baja a la mitad en Algeciras, donde de sus 2.303 internos solo 472 (el 20%) fueron expulsados de España en 2015. En Las Palmas se reduce a un porcentaje ridículo y 25 de 894 (el 2%) debieron abandonar el país.
“La gente que viene en patera nunca debería pasar por un CIE porque sabemos que nunca se podrá ejecutar su expulsión a su país de origen [habitualmente subsaharianos]. Por lo tanto, el CIE está incumpliendo su función de medida cautelar”, censura José Miguel Sánchez, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
