Las Autonomías regulan la protección de los denunciantes de corrupción

Los cuatro principales partidos prometieron medidas de protección para los denunciantes en sus programas electorales del 26-J. La Comisión parlamentaria para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales debe servir para elaborar una Ley nacional, según los expertos. Sin embargo, los trabajos no han comenzado y algunas Autonomías se han adelantado.

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“Una ley de estas características permitiría que mucha gente se animase a denunciar, sobre todo los funcionarios y empleados públicos que conocen de primera mano lo que sucede en sus Administraciones y que ahora muchas veces se callan por temor a represalias de sus jefes directos, o de altos cargos políticos, que prefieren mirar para otro lado, en el mejor de los casos, o que pueden estar implicados en actuaciones irregulares, en el peor”, resume Elisa de la Nuez, abogada del Estado, sobre la necesidad de que la Ley se impulse a nivel nacional. “Estas represalias son a veces muy duras, en lo profesional y en lo personal”, recuerda la impulsora de la plataforma Hay Derecho, que ha elaborado una recomendación sobre cómo proteger a los informantes.

Gracia Ballesteros lo sabe bien. Denunció la trama de corrupción de Acuamed, que presuntamente inflaba contratos de grandes obras hidráulicas. Fue despedida. Un tribunal ordenó indemnizarla y readmitirla. El Ministerio de Agricultura recurrió. A Ana Garrido, que alertó sobre cómo operaba la trama Gürtel en Boadilla del Monte, un municipio de Madrid, le ha ido incluso peor: de juicio en juicio, se ha quedado sin dinero y malvive vigilando siempre cualquier movimiento a sus espaldas. Los expertos proponen medidas para que dar el paso de acudir a los tribunales no salga tan caro. Por ejemplo, crear un organismo independiente que supervise la protección de los denunciantes; blindar sus puestos de trabajo; proteger sus identidades; garantizarles servicios jurídicos gratuitos y también los gastos médicos en los que incurren para afrontar situaciones de máximo estrés.

Sin embargo, las normativas autonómicas no cubren perfectamente esas recomendaciones. La Ley de garantías para los informantes de malas prácticas en el ámbito de la Administración de Castilla y León, por ejemplo, garantiza el puesto de trabajo del denunciante, y que mantenga sus condiciones laborales, salvo que él mismo pida el traslado. También establece la obligatoriedad de preservar su anonimato... salvo en el caso de “la presentación deliberada de informaciones carentes de fundamento”, que podría tener consecuencias “en la vía penal y civil”. Esa redacción se repite en términos parecidos en la Ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, que además incluye la previsión de que los denunciantes sean asesorados legalmente con vistas a los juicios que probablemente afrontarán. Finalmente, la Ley de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares, aprobada a principios de diciembre, dice que el informante "podrá solicitar la confidencialidad sobre su identidad, y el personal de la Oficina estará obligado a mantenerla, excepto en el caso de que reciba un requerimiento judicial".

“Más que una ley de protección a los denunciantes, la iniciativa de Castilla y León es una ley para desincentivar que más personas denuncien corrupción”, opina Pedro Arancón, portavoz de la Plataforma x la honestidad, que hace lobby para que los partidos elaboren en el Congreso una ley nacional de protección al denunciante. “Penaliza a los denunciantes cuyas denuncias no queden sobradamente probadas”, subraya. “Creemos que debería regularse primero a nivel nacional y luego que las Autonomías lo hicieran acorde con la normativa estatal”.

El ejemplo de Suecia

“La sanción prevista en la Ley de Castilla y León por si hay denuncias falsas creo que es muy preocupante y un aviso a navegantes. Más bien un intento por guardarse las espaldas”, coincide De la Nuez. “Este tipo de cautelas no las hemos visto en la normativa que hemos manejado para elaborar nuestro decálogo y francamente me parecen a día de hoy peligrosas, al menos mientras no haya garantías de imparcialidad e independencia en las Administraciones Públicas y en los órganos que deben de recibirlas y tramitarlas”. Y recuerda: "En Suecia sancionan a quien intenta descubrir quién ha denunciado la corrupción".

Los expertos piden a las formaciones que aceleren para consensuar una legislación nacional. También dan una razón para explicar que Podemos y Ciudadanos parezcan más proclives a impulsar esta medida que el PP y el PSOE: al contrario que las dos formaciones tradicionales, los dos nuevos partidos no han gobernado nunca, con lo que es más difícil que se les relacione con casos de corrupción nacidos en la Administración. 

¿Qué efectos puede tener que las Autonomías hayan tomado la iniciativa? “Todos los avances normativos tendrán un efecto positivo y de contagio que sirva de referencia para otras Comunidades, así como para un marco normativo a nivel estatal, que sería lo deseable", dice Jesús Lizcano, director de Transparencia Internacional en España. "El tema es proporcionalmente urgente al nivel de corrupción en nuestro país, que es muy alto" .