Griñán y dos exconsejeros piden su absolución en el ‘caso ERE’
El expresidente andaluz defiende que no existen "indiciarios incriminatorios" de que malversara
El expresidente andaluz José Antonio Griñán y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Carmen Martínez Aguayo han pedido su absolución en la pieza política del caso de los ERE. En el escrito de defensa presentado en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Griñán defiende que "nunca intervino en la concesión concreta de ayudas ni se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos". El expresidente de la Junta se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de prisión y 30 de inhabilitación por los supuestos delitos de malversación, prevaricación y asociación ilícita. Además de contra Griñán y estos dos exconsejeros, el juez Álvaro Martín dictó auto de apertura de juicio oral el pasado noviembre contra otros 23 ex altos cargos, entre ellos, el también expresidente andaluz Manuel Chaves.
En su escrito, el abogado de Griñán, José María Mohedano, rebate la acusación por un delito de malversación de caudales públicos —por el que la fiscalía pide los seis años de cárcel— al recordar que ya el juez del Tribunal Supremo aseguró que no existían, "a menos a día de hoy datos, indiciarios incriminatorios" en este asunto. "Desde entonces, no se ha acreditado por el juzgado instructor de Sevilla ninguna nueva investigación en relación con la posible participación de Griñán en un delito de malversación, puesto que nunca intervino en la concesión concreta de ayudas ni se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos dado que no era de la competencia de su departamento de Hacienda", defiende el magistrado. Antes de ser presidente, Griñán fue el consejero del ramo entre 2004 y 2009.
La defensa mantiene que el uso de las transferencias para financiar las ayudas públicas de los ERE era algo conocido "perfectamente" por los diputados que aprobaron los presupuestos de la Junta desde 2002. Además, resalta, "se deduce claramente que en el proceso de elaboración del anteproyecto del presupuesto, el consejero de Economía y Hacienda no dicta resoluciones". "Su trabajo es coordinar el proceso y la elaboración final de un anteproyecto que eleva al Consejo de Gobierno para que este decida su transformación en proyecto de Ley y su remisión al Parlamento andaluz", explica el defensor de Griñán. "Las presuntas irregularidades no estuvieron, pues, en el presupuesto, ni en las transferencias de financiación, ni en las modificaciones presupuestarias sino, de existir, en la concreta gestión del gasto del programa presupuestario 31L", que incluía las ayudas, esgrime la defensa, quien asegura que la posible cuantía del fraude, que la fiscalía cifra en 741,6 millones de euros, pudo ser de 80,8 millones.
Como respaldo a la actuación de Griñán como consejero, la defensa asegura que "todas las actuaciones" del consejero de Economía y del Consejo de Gobierno se adoptaron partiendo de que la Intervención General "consideraba legales las transferencias de financiación y por eso no se inició ningún procedimiento", argumento que también recogen Zarrías y Martínez Aguayo en sus escritos. Sobre los continuos informes de la Intervención en los que se alertaba del uso inadecuado de las transferencias, la defensa de Griñán sostiene que "nunca se elevaron" al entonces consejero los informes de cumplimiento de 2003 ni el informe adicional del 2005. Sobre el delito de asociación ilícita que recoge el auto de apertura de juicio oral, Griñán critica que se incluya tras la petición de los abogados del PP, lo que asegura que es algo "fabulado" y además le causa "indefensión". "Esta acusación carece del más mínimo rigor jurídico, por lo que debe ser rechazada de plano", exige también la defensa de Martínez Aguayo.
En cuanto a los recursos presentados por Chaves, Griñán y el resto de ex altos cargos contra el auto de procesamiento, la Audiencia de Sevilla ha anunciado que se resolverán por separado y no en un auto conjunto. Fuentes judiciales han explicado a Efe que la decisión de la sección séptima de la Audiencia incluye que la resolución de los recursos se produzca a partir de enero y no durante este mes, como tenían previsto inicialmente.
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