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El contrabando se dispara en Ceuta

Cada día más personas cruzan la frontera con Marruecos cargados con bultos de 80 kilos

Varias porteadoras en Ceuta, antes de cruzar la frontera a Marruecos.Foto: reuters_live | Vídeo: PACO PUENTES
Javier Martín-Arroyo

6.45 de la mañana. Frontera de Ceuta con Marruecos. A Ettam le cuesta respirar. Está en la cola con otras 200 mujeres porteadoras. Apretujadas hasta el límite gritan nerviosas, hay codazos, empujones, más gritos. Llegan cuatro todoterrenos de la Guardia Civil y la fila se estrecha aún más. Los agentes se despliegan para poner orden. A las 7.10, uno de ellos tira del brazo de una señora y la saca de la fila. De pronto, se abre un hueco, llega aire y se ensanchan los pulmones del resto de mujeres. Poco a poco, más porteadoras son apartadas hasta que la cola duplica su extensión y la ansiedad se evapora. Amanece.

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Ettam, vecina de Tetuán de 30 años, hace cola para un oficio pasmoso: cargar dos bultos que suman 80 kilos durante casi un kilómetro, con pendiente a ratos infinita, a cambio de 60 euros. “Antes sufría más con mi marido, hasta que entró en la cárcel. Estoy aquí para alimentar a mi hijo. Pesaba más la suegra”, bromea sobre su esfuerzo y los paquetes.

Entre 7.000 y 9.000 mujeres y hombres llevan a cabo el mayor contrabando desde territorio español hasta el país vecino, valorado en 405 millones al año, según un estudio de la Universidad de Granada. Escoltados por la policía y la Guardia Civil, de lunes a jueves trasladan enormes bultos cuyo número impide que las autoridades examinen su contenido. Para Marruecos son equipaje de mano, sin importar que su volumen doble cualquier cuerpo. Prendas y zapatos importados desde China hasta Europa y Turquía y trasladados en barco al puerto de Ceuta. Desde ahí se llevan a naves de los polígonos del Tarajal, donde cada mañana se empaquetan en bloques de 25 y 40 kilos.

Para evitar los aranceles y el alto IVA del Gobierno marroquí y puesto que no hay aduana comercial, la grieta legal del enclave español se ha convertido en canal. Es decir, las importaciones hasta este puerto franco se traducen en 24 horas en exportaciones a Marruecos. Y los beneficios económicos se multiplican a costa de machacar las espaldas y brazos de los porteadores.

Mujeres, poco antes del alba, apretujadas en la frontera.
Mujeres, poco antes del alba, apretujadas en la frontera.P. PUENTES
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El fenómeno, pese a su crudeza, se ha disparado. “Llevo nueve años aquí y la cola sigue subiendo”, comenta un policía veterano mientras observa a las porteadoras. En un entorno deprimido, miles de marroquíes de la provincia de Tetuán cruzan cada día la frontera hasta Ceuta y regresan horas después para ganar 50 euros de media, una fortuna en el país magrebí. Antes eran solo mujeres, pero con la inflación hoy día hay tantos hombres como mujeres, algunos de ellos ceutíes por la gravedad de la crisis.

El precio del paquete fluctúa en función de la cantidad de porteadores que acuden y los márgenes de beneficio de los empresarios, entre otros factores. “Y si la gendarmería pone pegas, el precio sube ¿Quién gana 50 euros al día en el campo de Marruecos?”, comenta este agente. Hace un año el bulto alcanzó su récord de 130 euros. Las pegas para detener el trasiego dependen del humor de la gendarmería marroquí, que por sistema exige sobornos, hasta 90 millones al año según el semanario independiente Al-Ayam.

Una porteadora, antes de cruzar a Marruecos desde Ceuta.
Una porteadora, antes de cruzar a Marruecos desde Ceuta.P. PUENTES

Este comercio transfronterizo, carente de relaciones laborales regladas, beneficia a 45.000 ciudadanos del país magrebí y 400.000 de manera indirecta, según la Cámara de Comercio Americana de Casablanca. Desde 2009, cuando se pagaba a 10 euros, las ganancias se han multiplicado a pesar de que casi nadie abarca dos portes diarios debido a las restricciones de movimientos impuestas por las Fuerzas de Seguridad españolas. Ese año dos mujeres murieron aplastadas en una avalancha. Desde entonces, decenas de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los Grupos de Seguridad Rural (GSR) se emplean, a veces con dureza, para evitar más altercados.

Cuando las primeras mujeres acceden a los polígonos, una cuadrilla de hombres las agarra de los brazos para acompañarlas a la carrera y convencerlas de que acepten el precio de esa mañana. Algunas forcejean suavemente antes de acceder a la nave. Allí la porteadora se inclina, un estibador sube el paquete a su espinazo y otro lo ata a toda velocidad a los hombros con cinta de celo. Sin embargo, a veces no hay acuerdo y la rueda se para. Los empresarios necesitan dar salida a la mercancía y solo cuando ellas abandonan los polígonos cargadas, entran las siguientes. En otras palabras, el precio sube hasta que las mujeres dan el sí. “Cuando el porte estaba a 30 euros sufría. Ahora ya no. La sonrisa la da el dinero que te llevas”, confía Ettan, que evita dar su apellido. El porteador Younes Regragui añade: "Cuando la gente no va, los empresarios suben el precio del bulto".

Mujeres y hombres acceden a los polígonos por separado. Son dos filas independientes que solo se cruzan en la pendiente marroquí. A las mujeres, algunas con bastón, les acompañan ciegos y personas con diferentes discapacidades, todos con bultos enormes a cuestas. Las veteranas están muy envejecidas por la dureza de su profesión. Cuando florecen las discusiones, los policías y guardias civiles se apoyan en los plantones, ciudadanos marroquíes que traducen sus órdenes.

Una frontera colapsada

La ciudad de Ceuta, con un presupuesto anual de 266 millones, ingresa 10 millones en impuestos por las importaciones (IPSI) de los cuatro polígonos del Tarajal, que albergan unas 200 naves. Sin embargo, una decena de firmas funcionan como meras consignas de mercancías, carecen de actividad comercial, y sacan el grueso de los miles de bultos para los porteadores. “Hay muchas naves ilegales que el Ayuntamiento no quiere controlar”, denuncia Adnan Hali, comerciante ceutí cuya cuadrilla de hombres coloca a diario centenares de fardos sobre las espaldas castigadas de cientos de mujeres.

El enfado de los empresarios con naves en los polígonos del Tarajal y sin relación con los portes es creciente, ya que la policía les impide acceder a sus almacenes para trabajar bajo la excusa de que la seguridad de los porteadores es la prioridad. “No podemos tener las naves sitiadas. Esto es una mafia. He tenido enfrentamientos diarios con la UIP, me han detenido y pegado”, relata el empresario Fernando Núñez. “Cuando pusimos el grito en el cielo intervinieron varios trailers y la policía comprobó que habían declarado solo 14.000 euros en vez de los 200.000 pertinentes”, añade Juan García. Abdelaziz Hassan se lamenta: “El trato es tercermundista y a mis clientes no les dejan entrar hasta las 14.00”.

Cada día atraviesan la frontera 30.000 personas (la mayoría empleadas domésticas y porteadoras) sin necesidad de visado, solo con el pasaporte, y 15.000 vehículos, que también trafican con distintas mercancías.

El Gobierno prevé duplicar los carriles de entrada y salida de la frontera para aliviar el colapso, pero el proyecto para disponer de una frontera inteligente que responda al binomio de comercio y seguridad, es solo una intención. Para acabar con el atasco el Gobierno construyó el paso del Tarajal II, pero después de un año y medio desde que finalizaron las obras, sigue inutilizada porque Marruecos no accede a su apertura. Las autoridades recitan con frecuencia nuevas fechas de inauguración. Todas se incumplen.

En general, las disputas son controladas con rapidez desde que hace un año se instauró un sistema con tiques que minimiza la entrada masiva a los polígonos. Estos billetes que controla la policía y la Guardia Civil son revendidos por los plantones, que sin forzar la espalda perciben el mayor beneficio: 300 euros al día.

Ya con los fardos a cuestas, los porteadores esperan en una cola de 50 metros para acceder al puente del Biutz, precario paso fronterizo con forma de jaula. Y cuando pisan suelo marroquí, aún resta lo peor: una cuesta con curvas hasta llegar a la explanada conocida como Tora Bora, donde esperan coches particulares y taxis para transportar los bultos hasta diferentes ciudades del país vecino o países del África subsahariana. Un ejemplo del final del periplo de la mercancía es la avenida Mohamed V de la ciudad fronteriza de Castillejos, donde a las 10.00 los porteadores descargan los fardos mientras los tenderos del zoco montan sus puestos. Además de textil chino, los bultos también esconden prendas de lujo para boutiques de Casablanca o Rabat.

El problema de fondo que late es que Marruecos no reconoce a Ceuta, lo que evita regularizar una aduana comercial con la ciudad española. ¿Hay entonces manera de humanizar el porteo? Fuentes de Delegación del Gobierno alegan que ya en 2009, tras la dramática avalancha, se acordó acotar los bultos a 20 kilos, medida que se dejó a merced de la buena voluntad de los empresarios. El consenso duró apenas un par de semanas. Hoy ninguna autoridad regula la situación. A veces los gendarmes marroquíes echan para atrás los bultos por su tamaño, pero es la excepción. A Ettan le ha pasado tres veces en el último mes.

Una treintena de ONG, encabezadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), han censurado las “condiciones infrahumanas” de este trasiego, que acarrea una “frecuente violencia policial”, “pagos de soborno a la policía [marroquí]”, “acosos sexuales” o requisamiento de la mercancía “de forma arbitraria”. La investigadora Cristina Fuentes ha pasado tres años sobre el terreno: “En su mayoría son mujeres solteras, viudas, repudiadas o divorciadas, aunque también las hay casadas. Todas ellas con una importante necesidad de conseguir ingresos económicos”, denuncia.

Estas ONG reclaman zonas con sombras y agua corriente para las mujeres, que deben esperar en la playa bajo el sol y vigiladas, sin libertad de movimientos. Un suplicio especialmente en verano, cuando la temperatura se dispara. “¿Dónde está la línea de la dignidad de una persona? Del iceberg solo ves la punta, el bullicio y las filas en la playa, pero debajo late la falta de regulación porque hay que afrontar las heridas y desinfectarlas, sin parches”, plantea Pilar Alba, coordinadora de proyectos de la asociación Digmun. “Algunas mujeres lo han probado y dicen que una y no más”, ilustra sobre la dureza del negocio del bulto.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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