Un 29% de las personas con dependencia no recibe ayuda
La ley cumple 10 años con grandes desigualdades en su aplicación
El 29% de los 1,2 millones de personas que tienen algún grado de dependencia reconocido aún no reciben ninguna ayuda, según los últimos datos que ha hecho público la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con motivo del décimo aniversario de la ley, que se conmemora hoy. La situación es ligeramente superior a la de principio de año, cuando esta proporción se disparó al incorporarse al sistema los dependientes con menor grado de afectación, después de que el PP congelara la aplicación de la ley en 2012.
El anuncio de elecciones generales en 2015 tuvo un efecto inmediato sobre los números de la prestación de dependencia. Después de cuatro años de caída en el número de personas con derecho a ser evaluados y de una congelación de las prestaciones concedidas, fruto de la congelación presupuestaria decretada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy dentro de su paquete de recortes, el Ejecutivo decidió completar el desarrollo de la norma, incorporando a las personas con una dependencia menos grave (la de nivel 1), algo que tenía que haber ocurrido en 2014 y que se retrasó un año para ahorrar.
La congelación de las partidas y el freno puesto por las Administraciones había llevado a una paradoja: el número de personas con derecho a una atención cayó desde 2012 hasta 2015. Ello se debió a que los propios interesados dejaban de solicitar la ayuda, sabedores de las estrecheces del sistema, y a que se demoraron las evaluaciones. Pero también y sobre todo, destaca José Manuel Ramírez, director de la asociación de gerentes de servicios sociales, a que en ese periodo murieron 125.000 personas en lista de espera, que ya habían sido evaluadas pero a las que nunca se dio su prestación.
Aunque no es un fenómeno exclusivo de los recortes durante la crisis, Ramírez admite que no fallecieron porque les faltara la prestación, pero destacan la angustia causada al saber que se podía estar recibiendo un beneficio del que o se ha disfrutado. Al respecto critican que no hay un procedimiento especial para reclamar, sino que debe acudirse a la justicia ordinaria, lo que retrasa y encarece el proceso.
Recortes por 4.000 millones
Coste. La atención de cada persona cuesta unos 10.625 euros de media al año.
Administración General del Estado. Desde 2012. Los recortes de la ley con la prebaja de las aportaciones del Gobierno central y la progresiva pérdida de las cotizacioens de las cuidadoras ha supuesto una rebaja de 2.865 millones en la última legislatura. Las comunidades autónomas, por su parte, han dejado de desembolsar unos 1.000 millones en ese periodo.
Copago. La aportación de los usuarios ha pasado del 14,7% del total en 2009 al 19,9%. Parece difícil que dediquen más, porque se trata, en su mayoría, de jubilados, dice la asociación de gestores.
De cara al futuro, el gran problema del sistema es la financiación. El modelo inicial esperaba que la aportación se dividiera en dos partes iguales por parte de las comunidades y el Gobierno central. Pero el hecho es que, actualmente, son las autonomías la que cubren el 82% de la aportación pública, y el Ministerio de Sanidad el otro 18%. Además, hay gran disparidad entre las distintas regiones. “Mientras hay comunidades como Castilla y León donde calculamos que todas las personas dependientes tienen una prestación, como Castilla y León, en otras como Canarias la prestación solo llega a una de cada dos”, dice Ramírez. La solución es cuestión de política y dinero. “Si se recuperaran los 450 millones de más del presupuesto de 2011 podría reducirse mucho la espera”, afirma.
Y eso que el último estudio de la asociación indica que el sector tiene una elevada capacidad de crear empleo. Calcula que hay 250.000 puestos de trabajo directos creados en la atención a estas personas, y ello sin contar los que se hayan convocado en unidades oficiales de evaluación, por ejemplo. “Si se incluyeran a los 335.000 que faltan, se generarían más de 90.000”, según sus estimaciones.
Se trata de un sector con gran potencial. “Por cada millón de euros se crean 35 puestos de trabajo, mientras que la obra pública, por ejemplo, se consiguen 17”, dice el presidente de la asociación. Y, además, con unas características especiales: se trata de trabajos directos, estables, no localizables y que ocupan mayoritariamente mujeres.
Con estos argumentos la asociación espera firmar hoy un pacto de Estado con representantes de todos los grupos políticos y del Ministerio de Sanidad en el Congreso, Aunque todavía no tienen confirmada la aquiescencia de los nacionalistas y del PP. “Sería una pena que perdieran la oportunidad. La cifra potencial de solicitantes, por nuestra pirámide poblacional, puede llegar a los 1,5 millones, y es muy importante su atención”, concluye Ramírez.
