El Gobierno pagará 1.824 millones a la industria de armamento en 2017
El presupuesto ordinario deberá crecer casi un 33% para atender la factura
El Ministerio de Defensa pagará 1.824,4 millones de euros a la industria militar el año próximo. Así se deduce del acuerdo adoptado el pasado viernes por el Consejo de Ministros por el que se reprograman las anualidades de 18 Programas Especiales de Armamento (PEAs) cuya factura global asciende a casi 30.000 millones hasta el año 2030. El acuerdo determina que los pagos previstos para la anualidad de 2016 (716,7 millones) se trasladen al próximo ejercicio, por lo que el monto correspondiente a 2017 se incrementa hasta los 1.824,4 millones.
Los beneficiarios de este dinero son empresas del sector de Defensa como Airbus, Navantia o Santa Bárbara, fabricantes del avión de transporte A400M, las fragatas F-100 o el carro de combate Leopardo, entre otros 15 programas de armamento.
El Ministerio de Defensa tenía previsto aprobar este año un crédito extraordinario de casi 1.000 millones para atender estos compromisos, como ya hizo entre 2012 y 2015. Sin embargo, la prolongada interinidad del Gobierno en funciones y, sobre todo, las dos sentencias del Tribunal Constitucional que declararon ilegal el recurso al decreto ley para atender dichos pagos, como se hizo en los cuatro años anteriores, impidieron realizar el desembolso comprometido.
El Gobierno solo tiene dos alternativas: incluir esta partida en el presupuesto ordinario de Defensa o presentar un proyecto de ley que se tramite en paralelo. Cualquiera de las dos fórmulas deberá superar la resistencia de Hacienda —en un ejercicio en el que habrá que realizar drásticos recortes para reducir el déficit del 4,6 al 3,1% del PIB— y, además, conseguir el apoyo mayoritario de un Congreso en el que el PP está en franca minoría.
La inclusión en el presupuesto ordinario supondrá que la partida de Defensa crezca en un solo año casi un 33%, pasando de menos de 6.000 a casi 8.000 millones de euros, lo que resulta muy difícil de digerir por la opinión pública. En realidad, lo que las sentencias del Constitucional han hecho es obligar a Defensa a desnudarse y aflorar el gasto real, ya que hasta ahora su presupuesto solo reflejaba dos tercios del total, mientras que el resto se añadía a lo largo del ejercicio con créditos extraordinarios y ampliables para atender los contratos de armamento y las operaciones en el exterior.
Se da la paradoja de que el PP justificó el recurso al decreto ley para hacer pagos multimillonarios a la industria militar (4.300 millones desde 2012) con el argumento de que el Gobierno socialista había dejado la factura sin pagar. Ahora ha sido el PP el que se ha dejado pendiente la factura de 2016, un año en permanente campaña electoral, y la ha pasado a 2017. Las empresas podrían reclamar intereses de demora, pero es dudoso que la industria militar se enzarce en esta guerra: el Gobierno puede eximirle temporalmente de la obligación de devolver los anticipos recibidos o penalizarla por los retrasos e incumplimientos en la entrega del armamento. La opacidad de este negocio facilita cualquier forma de compensación.
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