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El temor del PP a un referéndum aleja la reforma de la Constitución

Los populares condicionan el inicio del debate a que se acote previamente la modificación

El portavoz socialista, Antonio Hernando. En vídeo: Mariano Rajoy.Vídeo: ULY MARTÍN / ATLAS

La fragmentación del Congreso por la entrada con fuerza de dos partidos nuevos (Podemos y Ciudadanos) y el temor a un referéndum necesario demoran y dificultan la reforma de la Constitución. En el aniversario de la aprobación de la Ley Fundamental, el fracaso de la reforma en Italia por el triunfo del no en el referéndum incrementa las reticencias del PP sobre la modificación que, teóricamente, todos defienden.

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José Luis Rodríguez Zapatero fue el presidente que más avanzó hacia la reforma de la Constitución, llegando a pedir un informe al Consejo de Estado que luego metió en un cajón. Sin embargo, Mariano Rajoy no quiso ni oír hablar de ello cuando tenía mayoría absoluta. A lo más que llegó el primero fue a la modificación exprés y mínima en 2011 del artículo 135 por exigencia de Bruselas. Antes, hubo un pequeño retoque para que los ciudadanos europeos puedan votar en elecciones municipales.

Ahora, la irrupción de Podemos y de Ciudadanos hace que esa pequeña reforma no pueda hacerse solo con el trámite parlamentario. El artículo 167 de la Constitución establece que “aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”. Es decir, Podemos tiene el número de diputados suficiente para provocar un referéndum, incluso aunque se trate de una reforma sencilla, de las que no requieren disolución de las Cortes. “Que vote la gente siempre está bien”, aseguró este lunes Pablo Iglesias, líder de Podemos, para expresar que su partido pedirá que se someta a votación cualquier reforma. La experiencia italiana y el fracaso en su referéndum de la reforma constitucional incrementan las reticencias del PP para iniciar ese camino.

“Los referendos los carga el diablo, porque trasladan a los ciudadanos una tarea de los políticos, y las reformas de la Constitución hay que hacerlas cuando haya consenso”, resumió este lunes en Antena 3 el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo. Es decir, que sin asegurarse el en una consulta, con el apoyo de todos los partidos, no es posible abordar esa reforma. Por el momento, las propuestas de reforma de los cuatro partidos principales no coinciden exactamente y menos con las de los partidos nacionalistas o independentistas.

Coincidencia en el informe de Rubio Llorente

En 2006, el Consejo de Estado, presidido entonces por Francisco Rubio Llorente, emitió un informe detallado sobre las cuatro reformas constitucionales que impulsó entonces José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP no apoyó esos cambios entonces, pero en el Gobierno el propio Mariano Rajoy se ha remitido a veces a ese informe como punto de partida para una supuesta reforma constitucional.

Los cuatro puntos eran la reforma del Senado, la inclusión del nombre de las comunidades, la referencia a la Unión Europea y la eliminación de la prevalencia machista en la sucesión al trono.

El Consejo de Estado incluyó una recomendación para aclarar competencias autonómicas, estableciendo un techo para las de comunidades.

El informe planteaba restablecer el recurso previo de inconstitucionalidad y anular la disposición transitoria que permite a Navarra unirse al País Vasco.

Consenso necesario

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Rajoy siempre ha sostenido y sostiene que no debe empezarse el proceso sin acotar antes los términos de la reforma y que sean lo más restringidos posible. Por ejemplo, evitar debates como el de la monarquía o el de la autodeterminación. Por eso, el PP asegura que pretende un pacto previo con el PSOE y Ciudadanos.

De hecho, el acuerdo de investidura del PP con el partido de Albert Rivera incluye algunas posibles reformas como la de eliminar los aforados o la del sistema electoral si se entra en un cambio del modelo, entre otras.

La ponencia, según el reglamento del Congreso, se pone en marcha a petición de dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los diputados, es decir, 70. Pero su trabajo no tendría un tiempo tasado y podría prolongarse toda la legislatura.

En ese proceso, los dos grandes partidos siguen teniendo la capacidad de decidir para completar las mayorías necesarias, pero carecen ya de control sobre las materias incluidas en la discusión de la reforma y sobre los tiempos de debate. Tampoco lo tienen sobre el final del proceso en un referéndum si no entran todos en el consenso, para evitar situaciones como la de Italia.

Es decir, la fragmentación del Congreso hace inevitable el inicio del proceso y la creación de la ponencia y, a la vez, hace muy difícil que llegue al final por el temor del PP al resultado.

“El consenso es necesario. Tiene que estar el PSOE y me atrevería a decir los demás partidos políticos”, según Martínez-Maillo.

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