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El Gobierno prioriza al PSOE y deja en un segundo plano a Ciudadanos en la negociación del techo de gasto

Rivera intenta salvar la financiación de su pacto con el PP contra reloj

Albert Rivera, Juan Carlos Girauta y Melisa Rodríguez.Foto: atlas | Vídeo: ULY MARTIN
Juan José Mateo

El acuerdo entre el Gobierno y el PSOE sobre el techo de gasto para 2017 y el reparto del déficit entre las comunidades ha subrayado que Ciudadanos ha quedado desplazado como socio prioritario del PP en la elaboración de los Presupuestos. El partido de Albert Rivera favoreció la investidura de Mariano Rajoy como presidente a cambio de un pacto con 150 medidas que implican una inversión de 5.000 millones en las cuentas públicas del próximo año. Sin embargo, los negociadores de Ciudadanos admiten que no han logrado su objetivo a solo unas horas de que el Ejecutivo firme el decreto que establece el tope de gasto público del que se parte para elaborar los Presupuestos. Con Rajoy ya investido como presidente, este partido ha perdido su posición de fuerza y ya solo puede mostrar su descontento a través de protestas públicas o votando en contra del Ejecutivo.

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"Si seguimos negociando es que no hay acuerdo", ha resumido José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, en conversación con EL PAÍS. "Esta siendo complicado", ha subrayado. "Ya sabíamos que lo iba a ser y que se necesitan más socios y que nosotros creemos que lo mejor es que se pueda llegar a acuerdos con el PSOE", ha matizado. "Seguimos negociando y veremos cómo queda finalmente el decreto del viernes y si podemos arrancar compromisos que marquen los Presupuestos en la línea de lo pactado".

Lo que hay que comprobar, ha señalado este jueves Albert Rivera, es si "caben las medidas de Ciudadanos en el acuerdo". Si es así, "podemos apoyar el techo, y si no caben, no lo apoyaremos", ha advertido.

Hay una falta total de sintonía entre Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y el equipo negociador de Ciudadanos, que mantiene una relación más estrecha con Luis de Guindos, ministro de Economía, a través de Luis Garicano. En consecuencia, los contactos que ha mantenido la oficina económica de Rivera con De Guindos, Fátima Báñez (ministra de Empleo) o Rafael Catalá (ministro de Justicia) no se han traducido en compromisos presupuestarios. De hecho, el propio Villegas le trasladó el viernes a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría su preocupación por la marcha de las negociaciones. El desencuentro es profundo: solo un día después de que Melisa Rodríguez, portavoz del equipo negociador de Ciudadanos, anunciara que el techo de gasto subiría, el Gobierno la rectificó y anunció que lo bajaría en 5.000 millones. En todo este tiempo solo ha habido avances en un punto: como adelantó EL PAÍS, el partido de Rivera acepta que el Ejecutivo suba los impuestos al tabaco, el alcohol o las bebidas azucaradas si a cambio no eleva el IRPF o el IVA.

¿Qué ha ocurrido entre los dos socios? Fuentes cercanas a Montoro reconocieron que la prioridad del Gobierno ha sido siempre negociar con el PSOE. Primero, porque los socialistas cuentan con 85 votos decisivos, frente a los 32 de Ciudadanos, que no sirven por sí mismos para sacar adelante los Presupuestos. Segundo, porque el PSOE gobierna en siete Comunidades Autónomas, lo que espolea su interés por desencallar la financiación de las administraciones públicas. Y tercero, porque el titular de Hacienda considera que el partido de Rivera apoyará el techo de gasto que pacte el PP con el PSOE porque también tiene responsabilidades autonómicas: en 2015, Ciudadanos permitió cuatro gobiernos del PP (Madrid, La Rioja, Castilla y León y Murcia) y uno del PSOE (Andalucía).

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Esos interlocutores también especificaron que Montoro no hará nada más para reclamar a las fortunas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 que paguen el 10% del dinero repatriado, como le reclama Rivera. La decisión que finalmente tome el Ejecutivo en este asunto marcará para siempre el pacto de investidura que une al PP y a Ciudadanos, puesto que las dos partes calcularon que por esa vía lograrían 7.000 millones de euros para financiar sus 150 reformas (1.000 en 2017).

“Montoro afirmó repetidamente ante el pleno del Congreso que esto no prescribe”, recordó Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de Ciudadanos, en conversación con este diario. “Opinamos distinto, pero teniendo en cuenta que es el ministro de Hacienda vamos a esperar a ver qué hace para recuperar el 7% que falta de lo aflorado”, añadió. “A la vista de eso, tomaremos nuestras decisiones. Seguimos exigiendo el cumplimiento de la condición pactada: que se recupere el 7%”, siguió. “Si no, actuaremos en consecuencia. Estaremos a la altura de su incumplimiento. A la promoción del fraude y al deterioro de la cultura contributiva se sumaría una grave lesión al erario, un engaño a los españoles y el incumplimiento de un acuerdo escrito”.

Eso es lo que se juegan ahora las dos partes: mantener vivo el pacto que les une justo cuando la legislatura empieza a tomar impulso.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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