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Los acusados de comprar un bebé defienden que fue un pacto altruista

El abogado de la pareja afirma que los 10.000 euros fueron para ajuar y gastos médicos

Un agente con el bebé que fue 'vendido' a la pareja de hombres de Almería.

“Un acuerdo altruista que ha permitido a un homosexual tener su propio hijo”, esa es la explicación que aporta la pareja almeriense acusada de comprar un bebé a una madre de Villamartín (Cádiz), tras una gestación subrogada. O, al menos, así lo asegura vía comunicado el abogado Carlos Aránguez Sánchez, letrado de uno de los miembros de la pareja homosexual de Vícar, Juan José G.

Precisamente para este miércoles ha declarado Juan José declare mediante videoconferencia desde Almería ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera, que se está encargando del caso. Igualmente, el juez ha solicitado una prueba de paternidad al almeriense para dilucidar si es él realmente el padre del bebé que, supuestamente, la madre entregó a la pareja a cambio de 10.000 euros.

Tanto Juan José G. como su pareja, Luis W. y la progenitora de la niña, Sonia C., están en libertad con cargos, acusados de un presunto delito contra las relaciones familiares y de alteración de la paternidad mediante compensación económica. Como consecuencia de ello, el juez ha retirado la patria potestad a la madre y el bebé se encuentra ya con una familia de acogida.

Ante el gran revuelo mediático despertado, Aránguez, un abogado de Granada que se ha hecho cargo de la defensa de Juan José y Luis, ha lanzado esta mañana un comunicado titulado ‘¿Por qué no puede un homosexual ser padre?’. En su nota, tras previa consulta “al padre de la niña”, aclara que “Juan José, quien deseaba ser padre, mantuvo una relación afectiva con Sonia, a quien propuso tener un hijo mediante inseminación artificial”.

Por ello, el letrado asegura que su representado “no pagó ninguna cantidad para comprar a su propia hija”. Aránguez justifica el abono de 10.000 euros a la madre a “los gastos de la clínica de inseminación (en la que se sometió al tratamiento hasta en dos ocasiones), así como otras pequeñas partidas para ropa y ajuar del bebé, ropa prenatal para Sonia, y atención médica privada”.

La menor “jamás estuvo desamparada”

El abogado también ha desmentido la información aportada por la Guardia Civil, encargada de la denominada Operación Princesita, en la que se aseguraba que la madre renunció a registrar a la pequeña como su hija. "En absoluto se ha alterado la filiación de la recién nacida: se promovió su inscripción en el Registro Civil, constando en todo momento como madre Sonia y como padre Juan José", relata el letrado sobre un proceso que los acusados defienden que iban a realizar un segundo encuentro en Almería, después de que la pareja se desplazase hasta Villamartín para llevarse a la niña. De hecho, en el comunicado aseguran que "la menor jamás estuvo desamparada. Siempre estuvo debidamente cuidada y era especialmente querida".

Por todo ello, el abogado defensor asegura que en "el caso que nos ocupa no hay ni una compra de niños, ni tan siquiera una maternidad subrogada en sentido estricto porque no se altera la filiación de los progenitores en el Registro Civil". Incluso Aránguez entra en el debate de la ilegalidad de la práctica en España al asegurar: "Por gestación subrogada se entiende la situación en la que una mujer queda embarazada con la intención de ceder al niño al nacer. La maternidad subrogada está expresamente permitida y regulada en múltiples países, incluso de la Unión Europea, en los que se permite una paternidad legal distinta de la maternidad biológica".

El abogado descarta así la tesis de la compra de la menor. Defiende que el caso es, en realidad, "un acuerdo altruista que ha permitido a un homosexual tener su propio hijo, pero sin que la madre haya renunciado en ningún momento a su condición de progenitora”. No opina lo mismo la Guardia Civil de Cádiz que este miércoles ha reconocido a EL PAÍS que existen pruebas suficientes que demuestran que la pareja almeriense pagó por la menor y que ambas partes crearon una coartada que coincide en los términos que ahora defiende el abogado de la pareja.

Unos motivos de defensa que el propio Juan José ha explicado en su declaración ante el juez, según ha reconocido su abogado en declaraciones a EFE tras su comparecencia por videoconferencia. En la sede judicial de Almería, Aránguez ha solicitado además que se suprimala suspensión de la patria potestad del bebe ordenada por el juez."Juan José ha ido todos los días a preguntar a Asuntos Sociales por su hija. No es que no le hayan querido decir dónde está, no le han querido informar ni siquiera de cómo está, no le han dado una foto, no le dan ninguna información, es su padre biológico y tiene derecho a saber cómo está", ha mantenido.

"España no salvaguarda el derecho de adopción"

Aunque dicen comprender las motivaciones de la pareja de Almería, desde la asociación No sin Nuestros Hijos aclaran que “no se trata de un caso de gestación subrogada ya que implica que se produzca en un entorno de seguridad jurídica”. Así lo reconoce el portavoz de la entidad, Óscar Torrico, que asegura que en situaciones de gestación subrogada es necesario también que el embrión que se insemina en la madre proceda de una donante. Esa circunstancia no se ha producido en la Operación Princesita, ya que la madre y uno de los miembros de la pareja homosexual fingieron ser pareja en la clínica a la que acudieron para la inseminación.

Torrico explica que, en estos momentos, la gestación subrogada “no está prohibida en España, ya que no está regulada”. Eso hace que quien quiera realizarla en este país encuentre trabas legales derivadas que le pueden llevar a cometer delitos asociados, como el pago a cambio de la gestación de un bebé, algo que sí está prohibido. Ante esta indefinición, el portavoz de la entidad cree que “no es la primera vez” que ocurre un caso como el bebé de Villamartín. “Estoy seguro de que no es el primer caso similar que ocurre. Se llega a estas circunstancias porque España no está salvaguardando el derecho de adopción”, reconoce Torrico. Tanto es así que denuncia que las adopciones en nuestro país “han caído en un 90%, por lo que no queda más salida que salir del país para optar por una gestación subrogada legal”. De hecho, tanto Torrico como su pareja han tenido que recurrir a un vientre de alquiler en Estados Unidos para ser padres.

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