El juez Eloy Velasco procesa al expresidente de la Diputación de León

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha concluido la investigación de la pieza separada del caso Púnica de corrupción referida a la Diputación de León. El magistrado abre el trámite equivalente al procesamiento contra el expresidente del órgano provincial Marcos Martínez Barazón y contra Alejandro de Pedro, considerado el conseguidor de la trama corrupta, entre otras personas. Velasco sostiene que el político se puso en manos de De Pedro y sus empresas para mejorar su reputación en redes sociales y así consolidarse en el cargo. También señala que Martínez Barazón benefició al empresario con contratos públicos en la estación invernal de San Isidro, dependiente de la Diputación leonesa.

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En esta pieza separada se investigan delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación y malversación de caudales públicos. El juez Velasco señala que las empresas de reputación on line Eico y Madiva, propiedad de De Pedro y su socio José Antonio Alonso Conesa —exalcalde socialista de Cartagena— percibieron entre abril de 2012 y septiembre de 2014 un total de 97.740 euros por realizar trabajos privados de reputación en Internet para los presidentes de la Diputación de León. De ellos, 86.850 correspondieron a trabajos para Isabel Carrasco, asesinada el 12 de junio de 2014, y los 10.890 restantes beneficiaron al sucesor de esta, Marcos Martínez Barazón.

Estos informes reputacionales no se facturaban y se costeaban mediante la inserción de banners publicitarios en una serie de medios digitales de Alejandro de Pedro con muy pocos seguidores (León Actualidad, Noticias Ponferrada, Astorga Actualidad y Ahora Cistierna). Estos diarios en Internet en realidad no tenían periodistas trabajando sino que se alimentaban con notas que facilitaba el gabinete de prensa de la Diputación al propio De Pedro.

Además, según el auto del juez Velasco, Alejandro de Pedro se prestaba “a trasladar a personas notorias e influyentes del Partido Popular” como Carlos Floriano o la secretaria general, Dolores de Cospedal, informaciones favorables con el fin de conseguir que Marcos Martínez continuara como presidente del Partido Popular en la provincia de León.

Otra de las operaciones investigadas en esta pieza se centra en todas las gestiones realizadas por los investigados para adjudicar los contratos públicos vinculados a la estación invernal de San Isidro a las empresas de Alejandro de Pedro. El magistrado se centra en el papel del interventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez. Según las conversaciones telefónicas interceptadas en la causa, este funcionario y Marcos Martínez tenían intereses personales para beneficiar a las empresas de Alejandro de Pedro en los concursos vinculados a la mencionada estación de esquí.