El portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, reconoció este miércoles que decidió vender una vivienda protegida que había comprado en Alcobendas, al norte de Madrid, tan solo meses después de firmar la escritura, en marzo de 2010. Esa operación, comunicada a la Comunidad de Madrid en agosto de ese año tras lograr la autorización, fue legal y le supuso un beneficio de unos 20.000 euros. Espinar alegó que no podía pagar la hipoteca, de 580 euros mensuales. Vendió el piso en lugar de solicitar su devolución a la promotora, una cooperativa impulsada por Comisiones Obreras.
El dirigente de Podemos compareció ayer ante los medios de comunicación en la sede central de su formación sin aportar documentación oficial. Lo hizo después de que la cadena SER informara de ese contrato de compraventa, para explicar algunos detalles del caso. Aseguró que reservó esa vivienda en 2007, cuando tenía 21 años, y formalizó su compra el 16 de marzo de 2010. En ese periodo desembolsó 52.000 euros en concepto de adelanto por un inmueble con trastero y dos plazas de garaje que tenía un valor total de 146.224 euros.
Para ello, asegura que pidió un préstamo familiar de 60.000 euros y afirmó que, tras la venta, lo devolvió. Esa cantidad, señaló, se la prestaron su abuela, su madre y su padre, pero no desglosó la cantidad que le dejó cada familiar. El padre, Ramón Espinar Gallego, fue dirigente socialista y consejero de Caja Madrid, y está imputado en el caso de las tarjetas black. Entre los años 2003 y 2010 gastó más de 170.000 euros. Coincidió, además en el consejo de la entidad financiera con el entonces alcalde de Alcobendas, José Caballero, que gobernó el municipio hasta 2007.
La vivienda le fue concedida sin estar inscrito en ningún registro público ni estar empadronado en Alcobendas, porque la promotora reservó un 15% de los inmuebles a clientes elegidos de forma discrecional. Después de abonar la entrada, Espinar hubiera tenido que hacer frente a la cantidad restante, unos 90.000 euros, a través de una hipoteca que la promotora había suscrito con el BBVA. Tras firmar la escritura, optó por vender. Solicitó primero la autorización a la Comunidad de Madrid para poder desprenderse del inmueble —un procedimiento relativamente frecuente—, alegando que sus ingresos no le permitían hacer frente a una cantidad mensual de 580 euros. Según afirmó, percibía en ese momento 480 euros, procedentes de una beca de colaboración en la universidad. Obtuvo ese permiso en julio y, tras comunicárselo a la Comunidad de Madrid y a la promotora, formalizó la venta del piso en 2011. La vendió por 176.000 euros. Esto es, 30.000 euros más del precio de compra, a lo que hay que restar los impuestos y los gastos de gestoría para calcular la ganancia, que el propio Espinar cifró en unos 20.000 euros.
Críticas a la especulación
El dirigente de Podemos es un experto en urbanismo y vivienda pública y ha ejercido en ocasiones como portavoz de esa materia en la Asamblea de Madrid, criticando con especial dureza la especulación y lo que calificó de “saqueo de la vivienda pública en la Comunidad de Madrid”.
Vendió el piso por el precio máximo fijado para esta vivienda de protección pública por la consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. La Comunidad fija un precio de venta máximo, pero no mínimo, por lo que podría haber vendido el piso por el mismo precio que lo compró. Preguntado al respecto, Espinar afirmó ignorar si podía como particular haberlo vendido por un precio menor, y añadió: “Vendí al precio que me dejaba la Comunidad de Madrid”.
¿Por qué Espinar pudo vender el piso obteniendo un beneficio al tratarse de una vivienda pública? Cuando el portavoz de Podemos en el Senado y diputado autonómico inició en 2007 el proceso de compra, el precio del módulo establecido por la Comunidad de Madrid era de 1.435 euros el metro cuadrado. No obstante, entre ese año y 2010, cuando Espinar formaliza la compra y al poco tiempo decide vender, ese precio había cambiado.
En 2008, la Consejería de Vivienda autonómica emite una orden de precio que modifica esa cantidad, que se calcula a partir de la cuantía básica nacional cruzando coeficientes regionales y municipales. Concretamente, en el caso de esta vivienda, alcanzó los 1.940 euros el metro cuadrado, lo que supone un aumento de 466 euros por metro cuadrado con respecto al precio de compra.
