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El ocaso del ladrillo en el Levante andaluz

El principal constructor almeriense se sentará en el banquillo y afronta 17 años de cárcel

Promoción Pueblo de la Luz, en Viator (Almería) en 2008, de la firma Obrascampo.
Promoción Pueblo de la Luz, en Viator (Almería) en 2008, de la firma Obrascampo.

La resaca de la burbuja inmobiliaria golpea a sus protagonistas en Almería. Si el constructor Enrique Ortiz en Alicante y Rafael Gómez Sandokán en Córdoba acapararon suelos con métodos bajo lupa policial tras los excesos del ladrillo y la corrupción, ahora Antonio José Pérez, referente de los promotores del Levante andaluz con su empresa Obrascampo, afronta el banquillo de los acusados. La juez María Belén López ha abierto juicio oral contra Pérez y 12 personas más tras la petición de la fiscalía de 17 años y medio de cárcel por blanqueo, insolvencia punible y dos delitos contra la Hacienda Pública al defraudar supuestamente al fisco 14 millones.

En paralelo, una juez ha reactivado la investigación a la contabilidad b de la antaño poderosa constructora Hispano Almería, acusada de pagar 8,5 millones en sobornos para políticos y campañas del PP mientras lograba contratos públicos por más de 50 millones desde las Administraciones controladas por este partido.

Durante los años de bonanza, las grúas acapararon gran parte del litoral español. Después de la fiesta, en 2011 quedaron 3,4 millones de viviendas vacías en todo el país, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Andalucía fue la región con más desiertos de adosados hasta contabilizar 637.221 viviendas desocupadas. De ellas, 73.291 estaban en Almería y muchas llevaban el sello de Obrascampo, promotora que se publicitaba con campañas agresivas del televisivo Juan y Medio y patrocinaba a la Unión Deportiva Almería cuando jugaba en Primera División.

En los años previos al estallido de la crisis, la provincia andaluza más oriental se convirtió en un destino de moda tras décadas de olvido por su situación geográfica. La agricultura multiplicaba sus exportaciones internacionales y el dinero fluía entre los plásticos y el ladrillo en primera línea. Obrascampo levantó decenas de promociones al abrigo del turismo de sol y playa, pero cuando el imperio se venía abajo, ideó supuestamente una ingeniería para evitar pagar impuestos a Hacienda. “Con claro ánimo de ilícito enriquecimiento concibieron un plan consistente en una maniobra de despatrimonialización de las sociedades (…) a través de un entramado societario con numerosas sociedades interpuestas”, denuncia la fiscalía en su escrito de calificación.

El método elegido para birlar a Hacienda fue “la rueda de talones”, una simulación de préstamos entre las sociedades del mismo grupo que mediante operaciones de ocultación de bienes inmuebles, encaminadas al “vaciamiento patrimonial”, hacían imposible que Hacienda siguiera el rastro de las cuentas e impuestos. Hasta que Vigilancia Aduanera examinó todas las operaciones de Pérez y vio que las cuentas no cuadraban.

Pérez fue detenido hace dos años por crear este entramado societario con firmas sin actividad laboral y ahora la juez le ha impuesto una fianza civil para asegurar las responsabilidades pecuniarias de 7,8 millones. “Soy inocente de todos los cargos”, proclama el empresario. Sin embargo, a continuación admite que con la crisis, en la venta de inmuebles evitó exigir el IVA a los compradores. “No teníamos corazón de pedírselo”, arguye. Pérez achaca el derrumbe de su imperio en 2008 al brusco cierre del grifo del crédito por parte de los bancos, que generó una deuda de 400 millones por aquel entonces. “Algunas operaciones no fueron muy buenas, pero no hubo mal planificación”, alega. El empresario acusado reduce la deuda que le reclama Hacienda de 14 millones a solo cinco.

Hoy junto a él afronta condenas de cárcel una decena de testaferros que se prestaron a figurar en sus empresas fantasma (Indalica de Innovaciones, Acosper Patrimonial, Habitea Activos 2010, etc.). Mientras, su asesor financiero Israel Martínez afronta 16 años de cárcel y una multa de 5,1 millones, la misma que su cliente Pérez.

Martínez destaca como una pieza clave en la ingeniería creada para eludir impuestos, según el fiscal. Y sus servicios son el vínculo con la segunda operación de este tipo protagonizada por Vigilancia Aduanera en Almería, la que examina las cuentas y operaciones del promotor hotelero Miguel Rifá. Tanto Martínez como Rifá están bajo la lupa judicial por delito fiscal y alzamiento por un fraude que ronda los 100 millones entre IVA e impuesto de sociedades de diversos años. Se repite el modus operandi, y Rifá está acusado de mover capitales a espaldas de las autoridades para descapitalizar empresas gracias a testaferros.

El empresario fue exsocio del alcalde de Roquetas de Mar y presidente del PP de Almería, Gabriel Amat. Las acusaciones contra Pérez y Rifá, que comparten los servicios del asesor Martínez, son similares en varios aspectos. En paralelo, Martínez es socio de Francisco Amat, sobrino del veterano alcalde (21 años en el poder), denunciado este verano por la fiscalía por fraude y tráfico de influencias. Cuatro investigaciones judiciales para cinco viejos conocidos que han controlado el urbanismo almeriense durante décadas.

Y si la justicia rinde cuentas estos días con el viejo buque insignia del ladrillo almeriense y hoy desaparecida Obrascampo, otra compañera de viaje, la constructora Hispano Almería verá su contabilidad b al descubierto al reactivarse su investigación. Hace tres años la publicación de sus recibos apuntó a una financiación irregular del PP en esa provincia. Hispano Almería pagó sobornos a dirigentes populares a cambio de adjudicaciones de obras por al menos 50 millones desde 2001. Tras la publicación de los recibos, surgieron las denuncias y el Juzgado 3 de Instrucción de Almería inició las pesquisas. Pero el dueño Miguel Ángel Morales denunció a dos exempleados por el robo de documentos en su constructora, lo que paralizó la investigación troncal durante todo un año hasta que otro juez archivó el robo.

Sin embargo, los avances de la investigación a cargo del grupo de Blanqueo de la Udyco (Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) de la Costa del Sol han sido muy tenues desde 2014. Solo después de que en septiembre la asociación denunciante Amayt censurara en un escrito “las dilaciones indebidas” de la juez Ana Belén Vico, esta dictó una providencia el 17 de octubre. En ella une los 27 tomos de otra causa instruida contra el exdiputado y exalcalde de La Mojonera, José Cara (PP), exsocio del constructor Morales, al que benefició con unos suelos municipales para que construyera 16 naves industriales. Ahora la juez ordena a la policía que indague el patrimonio de Cara, así como del exedil de Roquetas de Mar Nicolás Manzano, el exjefe de Planeamiento Javier Macías y los técnicos Alfonso Salmerón y Manuel Bermejo del Consistorio almeriense (90.000 habitantes), todos ellos beneficiados supuestamente por Hispano Almería con sobornos de entre 1,1 millones y 102.000 euros para así ganar concursos de obras.

Tras las quejas recibidas por el paso lento de las pesquisas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está a la espera del informe de la juez Vico que aclare los tiempos y diligencias durante los últimos dos años. A continuación, decidirá si inicia una acción disciplinaria y envía sus inspectores al juzgado.

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