El juez archiva la causa contra el ‘ex número tres’ de Santamaría por el ‘caso Acuamed’
Velasco culpa al ex director de la empresa pública, persona de confianza de Miguel Arias Cañete
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha archivado la investigación contra Federico Ramos, ex número tres de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. Ramos ha estado algo más de cinco meses imputado en el caso Acuamed, donde se investigan presuntas irregularidades en la concesión de obras hidráulicas desde esta empresa pública, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ramos fue hasta el pasado enero subsecretario de Presidencia y dependía directamente de Sáenz de Santamaría. Cuando a principios de año surgieron indicios que apuntaban hacia él en el caso Acuamed, dimitió. Se le investigaba, hasta ahora, por su labor en una anterior etapa —hasta mayo de 2015— como secretario de Estado de Medio Ambiente y por haber pertenecido al consejo de administración de Acuamed. Pero el juez Velasco no ha hallado pruebas para seguir manteniéndole como investigado (la antigua imputación). El juez también ha archivado la causa contra la actual directora general del Agua, Liana Ardiles, quien perteneció igualmente al consejo de Acuamed.
En ambos casos, la fiscal anticorrupción Inmaculada Violán se había opuesto al sobreseimiento.
Pero, en un auto del 25 de octubre, Velasco afirma que "de lo investigado hasta la fecha se deduce" que "la gestión y participación de ambos en la empresa pública no constata por ahora (...) una actuación que deba conllevar responsabilidades penales". "Tampoco se aprecia que tuvieran nada que ver con la decisión de ir poco a poco destituyendo o cesando a los técnicos que no se plegaban a ciertos designios irregulares en contra de los intereses y dineros públicos, pues la misma fue obra del director general", dice el juez. Se refiere a Arcadio Mateo, el principal imputado en esta causa y que está en libertad bajo una fianza de 300.000 euros.
Arias Cañete
El magistrado señala a Mateo como el responsable del entramado: "Era el director general (...) quien, con ayuda de ciertos cargos y empleados públicos conniventes, puso en marcha un plan sistemático para cerciorarse de que las adjudicaciones contractuales públicas, su ejecución, modificados y liquidación de obra, en sus términos principales, quedaran a merced de su voluntad".
Velasco también apunta que Mateo era una persona "de mayor confianza del entonces ministro" de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete —ahora comisario europeo de Acción por el Clima y Energía— que de los dos altos cargos hasta ahora imputados. Recuerda el juez que Ramos intentó, sin éxito, destituir a Mateo. Y que Ardiles tuvo que dejar la presidencia del consejo de administración de Acuamed tras un enfrentamiento con Mateo.
El juez tomó en mayo declaración a Ramos y Ardiles. Ambos señalaron a Arias Cañete como responsable del nombramiento de Mateo al frente de Acuamed. Entre la documentación que ha presentado Ramos para su defensa está un informe que elaboró su Secretaría de Estado en el que se desaconsejaba cerrar una operación de compensación con fondos públicos para la constructora FCC por daños en una desaladora, una de las obras que está en el centro de la trama.
Con este doble archivo, Velasco apuntala la acusación contra Mateo como máximo responsable de la trama. El juez le acusa de cobrar sobornos por la adjudicación de obras millonarias como la desaladora de Bajo Almanzora en Almería (adjudicada a FCC y Abengoa) o la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona (licitación que ganó FCC). Siguen también imputados los principales responsables de Acuamed y los de las constructoras que supuestamente pagaron sobornos a cambio de adjudicaciones.
Fallos en los controles
En el auto de archivo de la imputación de los dos altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente, el juez Eloy Velasco reconoce que en este departamento "puede ser cierto que fallaron controles". Pero el magistrado cree que "lo hicieron por y gracias principalmente a la actitud fraudulenta de Arcadio Mateo", el entonces director de Acuamed y presunto cerebro de esta trama. Velasco le acusa de urdir "los ceses y la sustitución mediante presiones y actitudes desde luego cuestionables de personal muy técnico y competente de Acuamed con el fin de conseguir subordinados más dóciles".
En el centro de este caso está la compensación a la que aspiraba la constructora FCC por los problemas surgidos en una desaladora de Bajo Almanzora (Almería). A pesar de que en el sumario figuran algunos correos electrónicos de Federico Ramos y Liana Ardiles sobre ese proyecto, el juez sostiene que muestran la voluntad de ambos "de acabar con un problema", pero "no el hacerlo irregularmente".
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