¿Se puede gobernar desde el Parlamento?
Un Gobierno en minoría puede tener dificultades, pero no le resultará imposible
¿Se puede gobernar desde el Parlamento? ¿Es viable un Gobierno en minoría? Políticamente, al futuro Gobierno de Mariano Rajoy le será más incómodo todo, tendrá que emplearse a fondo en cada votación y deberá encajar derrotas, pero puede sobrevivir. La pasada semana, en el pleno, ya lo hizo con acuerdos con el PSOE, Ciudadanos y el PNV para cada una de las enmiendas a las normas que se debatían.
El Gobierno del PP ha vivido cuatro años en el paraíso de un Parlamento con mayoría absoluta en el que hacía lo que quería sin pactar nada y sin sentarse siquiera a negociar. Ahora Rajoy, con un Gobierno en minoría, bajará al suelo de la dura realidad con un Congreso que no controla y que puede convertirse en un verdadero infierno político. Tendrá 137 diputados frente a 213, la cifra más baja de apoyo de las que ha tenido un Ejecutivo desde 1978.
Para empezar, el PP logró frenar con su mayoría absoluta 105 comparecencias del presidente del Gobierno para hablar de corrupción. La cifra aumenta exponencialmente si se suman las peticiones de comparecencia de ministros sobre diferentes asuntos. En la nueva legislatura, el PP ya no tendrá capacidad, por sí solo, para frenar nada.
Esas comparecencias se deciden en la Junta de Portavoces por voto ponderado, no en la Mesa, por lo que no hay opción a frenar una petición de la oposición. Por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero, último presidente que ha gobernado sin mayoría absoluta, tuvo que aceptar una comparecencia al trimestre para hablar de la situación económica. Rajoy solo lo hizo de forma extraordinaria dos veces en cuatro años y una de ellas porque hasta la prensa internacional lo pidió. Pero logró, por ejemplo, no dar cuenta del rescate bancario.
No obstante, Rajoy sigue controlando la Presidencia del Congreso. Tuvo claro en julio la importancia que tendrá este puesto y se encargó de que fuera nombrada Ana Pastor, persona de su estricta confianza, que, por ejemplo, logró retrasar la comparecencia de Luis de Guindos en septiembre para dar cuenta del nombramiento de José Manuel Soria para el Banco Mundial. Actuó como ministra sin cartera de Rajoy con eficacia y podrá hacerlo para reconducir iniciativas de la oposición. El PP está en minoría en la Mesa, pero con Ciudadanos puede inclinar la institución a su favor, como hizo con la comparecencia de De Guindos.
En esa función de control, un Gobierno en minoría no tendría capacidad para bloquear por sí solo una petición de comisión de investigación formulada por la oposición. Por eso, la de Rajoy ha sido la única legislatura de la democracia en la que no se ha creado ninguna comisión de investigación. Y en los cuatro meses de legislatura frustrada se aprobó crear una sobre corrupción que hasta el PP terminó apoyando por la imposibilidad de bloquearla frente al PSOE, Podemos y Ciudadanos.
De hecho, hay ya pendientes dos: una sobre Interior y otra sobre la financiación ilegal del PP. Los populares pueden emplearse a fondo para descafeinarlas, con peticiones de comparecencia que amplíen el objeto de su investigación, por ejemplo, a otros partidos. De las funciones clásicas del Parlamento, la de control, la deliberativa y la legislativa, la primera le complica la vida a un Gobierno; la segunda le puede poner en evidencia; pero la tercera, la de elaborar las leyes, es la que le puede hacer imposible cumplir sus funciones.
Mayoría contra el legado normativo del PP
Si la legislatura que se inició el 13 de enero hubiera seguido, todo el legado normativo del Gobierno de Rajoy se hubiera derogado. Se aprobaron proposiciones no de ley y se admitieron proposiciones de ley que derogaban la ley de educación, la llamada ley mordaza, la de enjuiciamiento criminal y la cadena perpetua o prisión permanente revisable, entre otras. Los que lo hicieron mantienen tras el 26-J la mayoría necesaria para repetirlo.
En teoría, el PSOE, Podemos y Ciudadanos podrían sumar sus fuerzas para cumplir su programa y hacer aprobar proposiciones de ley para derogar normas de la anterior legislatura que prometieron derogar como la cadena perpetua o la ley mordaza.
La dificultad es que puede haber coincidencia de los tres partidos para rechazar normas, pero es más difícil convertir ese frente de rechazo en apoyo a un texto articulado. Por ejemplo, pueden coincidir en parar la LOMCE, pero no es fácil que lo hagan para pactar un texto legal articulado de ley de educación. Más aún si Ciudadanos se mantiene cerca del PP en el cumplimiento de un pacto. El frente del no es más fácil que el del sí a un texto concreto.
El Gobierno tendrá como instrumento a su servicio el de los vetos por parte del Gobierno a proposiciones de ley de la oposición, si considera que afectan a los Presupuestos. Estos vetos están previstos en la Constitución y el reglamento del Congreso, como trámite previo al debate de proposiciones. En este momento hay una batalla que puede acabar en el Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de que la Mesa levante esos vetos.
Rajoy podría seguir siendo presidente, pero con la incomodidad de buscar cómo su "legado normativo" se revierte. Para evitar eso ha hecho un pacto de legislatura detallado y cerrado con Ciudadanos y se anticipa con una oferta más o menos expresa al PSOE para negociar retoques a esas normas.
De esa época de Zapatero se acuñó la expresión "perder los martes para ganar los jueves". Se refería al hecho de que el pleno de los martes es el que aprueba mociones y proposiciones no de ley, que tienen un alto valor político, pero nula efectividad. Es decir, la función deliberativa del Parlamento complica la vida al Gobierno, pero no le mata. Los jueves, en cambio, es cuando se aprueban o toman en consideración los proyectos de ley y las proposiciones de ley de los grupos, y perder esas votaciones es mucho más grave.
En la anterior legislatura, el PP con su mayoría absoluta solo aceptó a trámite cuatro proposiciones de ley y las cuatro eran del PP, ninguna de la oposición. Ahora no podría frenar la toma en consideración de una que, por ejemplo, defendiera paralizar la aplicación de la LOMCE y luego tendría que pelear para con enmiendas suavizarla en el largo trámite legislativo.
Ejemplos de eso son la ley de educación que el primer Gobierno de José María Aznar tuvo que retirar porque perdió la última votación en el pleno del Congreso, con Esperanza Aguirre como ministra de Educación.
Ese Ejecutivo de Aznar apenas aprobó leyes orgánicas, de las que precisan mayoría absoluta para salir adelante. Tampoco puede gobernar con decretos porque luego necesita convalidarlos en el Congreso y no puede evitar que le obliguen a tramitarlos como proyectos de ley.
El Gobierno del PP tendría la ventaja de tener el Senado a su favor, pero tendría que ratificar luego en el Congreso las enmiendas que introdujera en la Cámara alta. El Senado es bastión infranqueable para frenar reformas constitucionales.
Ese miembro del equipo de Zapatero recuerda que, además de mayoría relativa en el Congreso, tenían el Senado en contra y ahí la oposición aprovechaba para complicarles la vida. Por ejemplo, con los Presupuestos, el PP apoyaba todas las enmiendas de IU para descuadrar las cuentas, hasta el punto de que el senador de izquierdas que las proponía sostenía: "Aquí invita el PP y paga el PSOE".
En esa época, Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces portavoz del PSOE en el Congreso, sostenía al inicio de la legislatura que cuanto antes se perdiera una votación sería mejor porque así se quitaba trascendencia a la derrota y dejaría de ser noticia. El equipo de Rajoy ha tomado nota de ese consejo y acepta resignado perder cuanto antes las votaciones de los martes y en comisión para ganar las de los jueves.
La pasada semana fueron celebradas como grandes victorias de la oposición la reprobación del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y la aprobación de una proposición no de ley de Podemos sobre el permiso de paternidad. Pero en el primer caso, Rajoy podría volver a designar ministro a Fernández si así lo quisiera y en el segundo, no hay efectividad alguna hasta que no se traslade a una ley. Es decir, en ambos casos, son solo victorias simbólicas de la oposición.
Lo que tampoco podrá hacer el PP, tras una legislatura de sacar delante casi todas las leyes en solitario, es forzar plazos a su conveniencia. Lo hizo, por ejemplo, para aprobar a toda prisa sus últimos Presupuestos. Y todo se complica, también para el PSOE, por el hecho de que, con toda seguridad, Podemos utilizará sus iniciativas para poner trampas a los socialistas, marcar distancias de todos y presentarse como único partido de oposición real.
Los Presupuestos tienen un trámite que no es el más complicado para los Gobiernos y el PP podría pactar enmiendas de gasto e inversión con partidos nacionalistas y hasta independentistas. Por ejemplo, la pasada semana el PP pactó enmiendas con el PNV a la norma que regula el déficit de las Administraciones. Fue fruto de una intensa negociación que anticipa cómo será la legislatura y la posibilidad de pactar con esos partidos.
Ya lo hizo en julio en la sesión constitutiva del Congreso para la Presidencia y la Mesa del Congreso.
Otras armas del PP pueden ser crear subcomisiones hacia las que derivar cada uno de los asuntos y ganar tiempo para que acaben sus trabajos.
Los decretos-ley requieren mayoría para convalidarlos luego.
Tampoco es fácil derribar a un Gobierno, porque la moción de censura es positiva, es decir, requiere apoyo de todos a un candidato. En este caso, PSOE, Podemos y Ciudadanos deberían apoyar a un candidato alternativo a Rajoy.
Legalmente no pueden convocarse nuevas elecciones hasta el 3 de mayo, para celebrarse a final de junio.
