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La Junta de Andalucía pide cárcel por primera vez para uno de sus exconsejeros

El Gobierno andaluz reclama seis años de prisión para Antonio Fernández por un ERE de 2003

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, en 2014.
El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, en 2014.

La Junta de Andalucía ha pedido por primera vez una pena de cárcel para uno de sus exconsejeros. El Ejecutivo, que ejerce como acusación particular en el caso ERE, solicita seis años y medio de cárcel para su extitular de Empleo Antonio Fernández en la pieza del ERE de la firma Acyco. Tras la Fiscalía Anticorrupción, la Junta reclama condenas de cárcel para nueve de los 12 procesados. La petición llega solo días después de solicitar en la rama política la exculpación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 24 inculpados.

Nunca antes la Junta andaluza había pedido pena de cárcel para un miembro de su Consejo de Gobierno. Ahora, en el caso ERE, este Ejecutivo —acusación particular en la causa— ha pedido que un exconsejero sea condenado a una pena de prisión por malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Los letrados de la Junta reclaman seis años y medio de prisión y 30 años de inhabilitación para Antonio Fernández en la pieza del ERE de Acyco, la segunda instrucción acabada por el instructor Álvaro Martín tras la pieza política.

Junto a Fernández, que ya estuvo en prisión preventiva en 2012, la Junta acusa a los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, para los que reclama cinco años y medio de cárcel y 27 años de inhabilitación. La causa ha investigado el ERE para 35 trabajadores de Acyco, que en 2003 la Junta subvencionó con 3,2 millones.

Los abogados de la Junta acusan a Fernández (viceconsejero en 2003) y, sin embargo, exculpan al entonces consejero José Antonio Viera —exdiputado a Cortes— y a Agustín Barberá, viceconsejero desde 2004 y que sí ha sido procesado por el juez.

La clave del ERE de Acyco es que el expediente incluyó en su póliza a dos intrusos —personas ajenas a la empresa beneficiada— que eran amigos del exdirector Guerrero, además de la exresponsable de la empresa y militante del PSOE Encarnación Poto, que a pesar de haber cesado como directiva cobró una póliza de 261.046 euros. La Junta achaca a su exconsejero Fernández y su subalterno Guerrero el conocimiento de los pagos irregulares a Poto.

Mientras, los amigos de Guerrero cobraron 225.000 euros de las arcas públicas. El bufete Garrigues realizó informes para Acyco, pero como no pudo cobrar su minuta de 109.620 euros, más tarde Empleo articuló una ayuda para Acyco por el importe exacto que debía cobrar Garrigues. La Junta pide tres años y medio de prisión para el abogado de Garrigues José Miguel Caballero, dos directivos de Acyco y los directivos de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo.

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