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El Congreso acelera la comisión sobre la corrupción

Toni Cantó presidirá las reuniones, de las que pretenden extraer propuestas de reformas legislativas

Toni Cantó, Ignacio Prendes, Patricia Reyes y Toni Roldán, de Ciudadanos, conversan con la exfuncionaria municipal de Boadilla del Monte que denunció el caso Gürtel, Ana Garrido, el pasado martes.
Toni Cantó, Ignacio Prendes, Patricia Reyes y Toni Roldán, de Ciudadanos, conversan con la exfuncionaria municipal de Boadilla del Monte que denunció el caso Gürtel, Ana Garrido, el pasado martes. EFE

Los principales partidos quieren poner en marcha la comisión sobre la corrupción del Congreso que fue creada en el pleno hace dos semanas. Esta semana tiene previsto activar sus trabajos, presidida por el diputado de Ciudadanos Toni Cantó, a la espera únicamente de que se produzca la investidura de Mariano Rajoy a finales de mes. Si se cumplen las previsiones, puede ser la comisión estrella del Congreso en la próxima legislatura, además de las de investigación que puedan crearse o una hipotética ponencia que analice una reforma constitucional.

La pretensión de Cantó es que la comisión se reúna todas las semanas para elaborar propuestas de informes que puedan ser debatidas y en su caso, aprobadas en el Pleno del Congreso en los próximos meses. El objeto oficial es sobre “calidad democrática, contra la corrupción y reformas institucionales y legales”, pero la idea de los partidos es extenderse hacia todo tipo de propuestas de regeneración. De hecho, el primer paso será definir seis bloques sobre los que trabajar. El diputado de Ciudadanos sostiene que podrán ser sobre la reforma de la ley electoral, la financiación de los partidos políticos, Administraciones Públicas y Justicia, entre otras.

Los letrados de la Comisión han determinado que la mejor forma de trabajar es crear subcomisiones que se encarguen de cada una de esas áreas. El único problema es que el trabajo de las subcomisiones y las comparecencias no es público y, por tanto, habría que buscar una fórmula reglamentaria adecuada. La segunda decisión sería fijar un calendario y una primera lista de comparecientes para cada asunto a tratar.

Las diferentes subcomisiones, según la pretensión de Cantó, funcionarían de forma paralela, a la vez que la propia comisión, que tendría sus propias comparecencias de expertos. Es decir, no sería un trabajo sucesivo, sino simultáneo. Su idea es que todas las decisiones, incluidas las conclusiones, sean adoptadas por consenso o con el mayor acuerdo posible.

En este punto hay un escollo previo por resolver porque Ciudadanos entiende que la comisión que presidirá Cantó no evita que se cree otra de investigación sobre el caso Gürtel, tal y como figuraba en el pacto entre el PP y el partido de Albert Rivera. Los populares entienden que sus trabajos serían redundantes y que, además, no es sostenible una comisión de investigación de un asunto del que se está celebrando vista oral en la Audiencia Nacional y, por tanto, pendiente de sentencia. La comisión de investigación se centra sobre un solo asunto, mientras que la otra es genérica sobre medidas para evitar todo tipo de corrupción. En la primera es obligatorio comparecer y a la segunda no acudirían personas sometidas a proceso judicial. Para esta última, la que preside Cantó, sí se pediría documentación de los procesos penales en marcha o ya sentenciados para “evitar que se vuelvan a producir esos hechos”, según la previsión del diputado de Ciudadanos.

Su propuesta es que de cada uno de los bloques se elabore un informe consensuado con propuestas de reforma legal. Esas propuestas se plasmarían luego en proposiciones de ley articuladas. Por eso, una de las dificultades es evitar que de esas reformas haya antes propuestas de cada grupo para su tramitación al margen de la comisión y con intención de cada partido de capitalizar la lucha contra la corrupción. En el caso de la reforma electoral y la supresión de aforados, debería concretarse luego en una reforma de la Constitución. Ciudadanos dice contar con el respaldo de los pactos firmados con el PP y el PSOE que, con matices, se refieren a medidas como el estatuto de los denunciantes, la supresión de aforamientos y la reforma de la ley electoral, entre otras.

La Comisión también tendrá funciones de control al Gobierno. Tiene pendiente tramitar una petición de Podemos para que comparezca el director del gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, para dar cuenta de las declaraciones judiciales que le vinculaban a los exdiputados del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna, investigados por corrupción.

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