El PSOE pide al Congreso revocar el contrato que da la formación de policías a una universidad católica
El sindicato policial mayoritario (SUP) denuncia sospechosos cambios en la Mesa de Contratación encargada de la adjudicación del contrato
Al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, se le acumulan las peticiones de comparecencias. A la comisión investigación aprobada por el supuesto manejo de efectivos policiales e influencias judiciales para investigar irregularidades de adversarios políticos catalanes, se añade ahora la petición del PSOE para que comparezca en el Congreso y explique por qué ha decidido adjudicar a la Universidad Católica de Ávila (UCAV) una gran parte de la docencia de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, concretamente la de la escala ejecutiva de los nuevos inspectores. El grupo socialista ha registrado una iniciativa para instar al Gobierno a revocar dicho contrato, adjudicado a su juicio "por motivos subjetivos", con el fin de que esa tarea vuelva a recaer en manos de la Universidad pública de Salamanca (USAL).
Cambios recientes en la Mesa de Contratación y políticos del PP en el Patronato
También el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, ha mostrado su malestar por una decisión tomada a sus espaldas y ha denunciado este viernes los "extraños" cambios que ha habido en la Mesa de Contratación, encargada de adjudicar la gestión de los cursos y que ha valorado fundamentalmente el factor económico optando por "la más barata".
"No nos pasa desapercibida la reciente renovación de representantes de la Dirección General de Policía en la mesa de contratación", señala el sindicato de policías en una nota enviada esta mañana. Y añade: "Ni que los exministros del Partido Popular, Ángel Acebes y José María Michavila, el presidente del Diario la Razón, Mauricio Casals, o el presidente de la Diputación de Ávila, Agustín González, entre otros, integren el Patronato de la “Fundación Teresa de Ávila”, responsable de la gestión y administración de actividades de la Universidad católica, lo que facilita una vez más la arbitrariedad y el amiguismo a los que nos tiene acostumbrados el Ministerio de Interior, cuando se trata de gestionar los fondos y recursos del Cuerpo Nacional de Policía".
Desde el ministerio, en todo momento se ha transmitido la idea de que "el ministro ha estado completamente al margen de esa decisión", pese a sus buenas relaciones con el obispo de Ávila, Jesús García Burguillo, máximo representante de la UCAV. Es la Dirección General de la Policía, dependiente no obstante del ministerio, la que ha negociado y firmado los pormenores de ese contrato, ahora en cuestión tanto por sus formas —según catedráticos de derecho administrativo no cumple con los requisitos establecidos— como en el fondo, al suponer la privatización de una parte de la educación policial y darle un carácter religioso al modelo de formación de los futuros inspectores.
En la proposición no de ley (PNL), el portavoz de Interior del Grupo Socialista, Antonio Trevín, califica de "arbitraria" la decisión de Interior y considera que es "perjudicial" para un modelo formativo diseñado desde 1987 por la Universidad de Salamanca. A su juicio, el "sectarismo" de la Universidad de Ávila y la "falta de acomodación de los principios" que la rigen "a los valores constitucionales como el de igualdad", hace que "no pueda ser aceptada como formadora" de los miembros de la Policía Nacional".
"No podemos divorciar ahora la formación de los hombres y mujeres, que serán nuestros futuros policías y que están llamados a proteger el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades, de valores constitucionales como el de igualdad. Algo que no estaría garantizado adecuadamente a nuestro juicio, con la colaboración de esta Universidad privada", añade Trevín.
Además de poner en duda que este centro "tenga los recursos académicos necesarios para la formación de los mandos policiales", como ya ha señalado el Decano de la facultad de Derecho de la USAL, los socialistas sostienen que la adjudicación ha estado guiada por la "subjetividad". En este sentido, subrayan que Fernández Díaz es "asiduo tertuliano" de la Universidad Católica de Ávila, donde el pasado verano compartió un curso sobre populismos con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y en la que en 2015 inauguró el Congreso Interuniversitario dedicado a Santa Teresa.
Asimismo, Trevín considera "incomprensible y errónea" la decisión de convocar a concurso la adjudicación de la docencia en la Escuela Nacional de Policía, "sin valorar la colaboración de casi treinta años" que había con la Universidad de Salamanca.
Sin cumplir los requisitos del pliego
También, subrayan que debe tenerse en cuenta, como señalan expertos en Derecho Administrativo, que la adjudicación puede ser "nula de pleno derecho", por contemplarse en los pliegos, requisitos en materia de profesorado que únicamente pueden ser cumplidos por una universidad pública y por ello "nunca por la Universidad Católica de Ávila".
Por todo ello, el PSOE plantea que el Congreso inste al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias para revocar de oficio la adjudicación a la Universidad Católica de Ávila de la docencia en la Escuela Nacional de Policía. Además, pretenden que la Cámara retome urgentemente las conversaciones con la Universidad de Salamanca para la conversión inmediata de dicha Escuela en centro adscrito de la Universidad de Salamanca, "a fin de que se continúe prestando la docencia en Ávila, en la forma en que se ha venido prestando".
De hecho, el SUP pone en evidencia que este contrato "da al traste con el proyecto consolidado de convertir a la Escuela Nacional de Policía en Centro Adscrito a la Universidad", una suerte de facultad que venía negociándose tiempo atrás. Para el SUP "resulta inaceptable comprobar como hay un Gobierno en funciones que permite semejantes conductas, y responsables policiales que se someten a esta insensatez".
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