La España de Gürtel, frente al reto de proteger a los denunciantes de la corrupción
Los partidos impulsarán medidas para defender a quienes destapan casos
En la España de los casos Gürtel, Taula o Púnica, nada protege a las personas que denuncian la corrupción de los políticos. Los denunciantes corren el riesgo de que su identidad se haga pública. Afrontan el coste de las posibles represalias profesionales y sociales. Deben pagar los procesos judiciales a los que se enfrentan. Y solo ahora han logrado que los cuatro principales partidos se comprometan en sus programas a legislar para sacar a España del grupo de los siete países de la UE que menos ayudan a los denunciantes, según Transparencia Internacional.
“Comparada con los países anglosajones, la protección que hay en España es muy débil”, opina Fernando Jiménez Sánchez, profesor de ciencia política y experto del grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa. “Hay un aspecto en el código penal que incentiva la delación de quienes están dentro de alguna red de corrupción, con un pequeño beneficio en la pena, pero es muy ridículo y con un periodo de caducidad muy corto con respecto a los hechos”, sigue este investigador, que cita a los EEUU como paradigma de protección al denunciante. “Es verdad que hay algunas protecciones desde el derecho administrativo para quienes no están en la trama pero se ven afectados por ella, como los funcionarios, pero comparado con los países anglosajones, la protección que hay es muy débil”, subraya. “A los denunciantes que ha habido se les ha hecho la vida imposible. Son casos tremendos. Se les somete a una gran presión”.
José Luis Peñas, concejal del PP en Majadahonda, destapó el caso Gürtel en 2007, cuando reunió 18 horas de grabaciones que recogían las actividades de Francisco Correa desde 2005. Sin embargo, el caso que ha tenido consecuencias más conocidas es el de Ana Garrido, la funcionaria que denunció la trama en el ayuntamiento madrileño de Boadilla. El juicio se ha iniciado esta semana. Durante los años que han transcurrido en medio, Garrido ha sido denunciada, se ha quedado sin dinero en sus batallas judiciales, y como consecuencia ha pasado días sin comer y noches enteras ocupando un piso de una amiga embargado por un banco. “Me han destruido económicamente, me quieren destruir a nivel psicológico”, dijo en una entrevista con EL PAÍS a inicios de 2016 en la que resumió las dificultades que ha vivido tras su denuncia. Su ejemplo fotografía el Himalaya al que se enfrentan los individuos que se arriesgan a echarle un pulso a organizaciones y entramados que multiplican sus recursos.
El caso impulsó el nacimiento de la Plataforma por la honestidad, que este martes se reunirá en el Congreso con todos los partidos (salvo el PP y CC) para seguir impulsando una ley que evite que otros denunciantes pasen por lo mismo. "Reivindicamos cuatro pilares básicos para una Ley de protección del denunciante”, dice Pedro Arancón, el portavoz de este lobby, que enumera: "Blindar el puesto de trabajo del denunciante, proteger su identidad, garantizarle servicios jurídicos gratuitos en los procesos judiciales en los que pueda verse inmerso como consecuencia de su denuncia, y también los gastos médicos por las depresiones que sufren debido al acoso". Arancón, además, considera indispensable la creación de un organismo independiente que supervise la protección de los denunciantes y pide que cualquier beneficio recogido en una futura ley tenga carácter retroactivo.
¿Y qué proponen los partidos? El PP recoge en su programa que adoptará medidas para “proteger a aquellos cuya información haya sido relevante para destapar actividades ilícitas” y se ha comprometido en el pacto de investidura que ha firmado con Ciudadanos a “aprobar una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción”. El PSOE también ha asegurado que impulsará medidas, aunque esta semana no ha apoyado una propuesta de Ciudadanos en este sentido en la Asamblea de Madrid. Podemos aboga por proteger legalmente a quienes se atreven a luchar contra la corrupción. Y Ciudadanos acaba de presentar en el Congreso una proposición de ley anticorrupción. Sin embargo, ha abandonado su propuesta programática de que los denunciantes reciban una compensación económica proporcional al delito descubierto.
“La realidad es que los denunciantes están con una mano delante y otra detrás”, resumió Toni Cantó, presidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción y por la Regeneración de la Cámara Baja y diputado de Ciudadanos. “Tiene que haber un elemento que proteja a estas personas durante todo el proceso en cuanto se les identifique. Queremos que se garantice su confidencialidad, que puedan recibir asesoría legal, que se respete su puesto de trabajo, que puedan recibir una indemnización por los daños que puedan sufrir por la denuncia…”, sigue. “Si el PP y el PSOE no han hecho nada para solucionarlo es porque de alguna manera les convenía la impunidad”.
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