Dos alcaldes del PP de Ourense serán juzgados por enchufar a trabajadores
Los regidores de Xinzo de Limia y Vilariño de Conso están acusados de prevaricación continuada
Dos alcaldes del PP de la provincia de Ourense se sentarán en el banquillo por presuntamente haber enchufado a trabajadores municipales. Ventura Sierra, regidor de Vilariño de Conso, y Antonio Pérez Rodríguez, su homólogo en Xinzo de Limia, están acusados de prevaricación continuada. Es el mismo delito por el que fue condenado José Luis Baltar Pumar, expresidente de los populares ourensanos y de la Diputación, padre del actual barón del partido en la provincia, José Manuel Baltar Blanco, también imputado por ofrecer supuestamente un empleo público a cambio de sexo.
Sobre el alcalde de Vilariño pesa ya un auto de apertura de juicio oral emitido por la juez de instrucción de Trives (Ourense). La fiscalía pide para Sierra 5 años de cárcel y 14 de inhabilitación por los presuntos delitos de prevaricación continuada y falsedad documental en la contratación de una veintena de personas en el Ayuntamiento. Quien es regidor de este pequeño municipio de algo más de 600 habitantes desde hace casi 40 años ha pedido la baja en el partido, pero ya ha advertido de que no piensa dejar el cargo.
Por su parte, la titular del juzgado número 1 de Xinzo de Limia, Águeda Rodríguez, ha cerrado la investigación por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa contra el alcalde de Xinzo, el popular Antonio Pérez Rodríguez, y ha dictado este lunes un auto por el que abre la puerta a la celebración de juicio oral contra él.
Aunque son hasta 21 contrataciones irregulares las que se realizaron en el Ayuntamiento de Xinzo (10.200 habitantes) y que fueron motivo de las correspondientes impugnaciones administrativas, la magistrada se ha ceñido en la investigación de cuatro de ellas. Considera la instructora que estas son "el paradigma de los incumplimientos", y que ponen en evidencia "el supuesto proceder de la alcaldía a la hora de efectuar contrataciones, sin someterse a la normativa aplicable, y a pesar de existir informes negativos por parte de los técnicos municipales".
La juez insta al ministerio fiscal y a la acusación popular ejercida por el sindicato CIG (Confederación Intersindical Galega), que denunció los hechos, a que presenten sus escritos de calificación que podrían contemplar otros delitos conexos, además del de prevaricación continuada que dio lugar a la apertura de estas diligencias.
Una vez cerrado este trámite procesal en el que acusarán las partes, la juez tendrá que acordar en otro auto la apertura del juicio contra el alcalde para la depuración de responsabilidades penales. Los hechos que motivaron la apertura de la investigación se refieren a contrataciones eventuales, pero que finalmente dieron lugar a encadenamientos de otros sucesivos con las prórrogas correspondientes. Por ello, en la jurisdicción contencioso administrativa se dictaron sentencias, ya firmes, en las que se apreció la existencia de "desviación de poder" en las referidas contrataciones por parte del alcalde.
Señala el auto de la juez que los contratos objeto de estos dictámenes judiciales hacían referencia a 21 personas. Pero cuatro de ellos, que también fueron impugnados y que fueron efectuados por el alcalde de Xinzo de Limia, tienen en común que "vulneran la normativa vigente, al no concurrir los requisitos necesarios ni circunstancias de urgencia que permitiesen justificar, mínimamente, las diferentes contrataciones".
Se deduce de la investigación que "no se observaron las más mínimas garantías de un proceso selectivo en base a criterios de mérito y capacidad", sino que más bien los expedientes tramitados al efecto para la contratación de los diferentes trabajadores, "resultaron escuetos y dirigidos a dar una apariencia de legalidad". Se trata, según la investigación, de unos contratos que "únicamente perseguían colocar y mantener en un puesto de trabajo a determinadas personas, eliminando la posibilidad de acceso de otros candidatos".
La instrucción del caso pone el acento en el hecho de que sobre casi todos los contratos irregulares existían informes desfavorables de la secretaría del Ayuntamiento, advirtiendo del incumplimiento de la normativa en materia de contratos, así como también apercibimientos del departamento municipal de intervención.
