Dos sindicatos policiales piden 6 años de cárcel para Mas, Ortega y Rigau por el 9-N
La acusación popular discrepa de la fiscalía y acusa a los tres dirigentes catalanes de malversación
La acusación popular en la causa del pseudoreferéndum del 9-N en Cataluña, que agrupa a Manos Limpias y dos sindicatos policiales, ha pedido seis años de cárcel para el expresidente de la Generalitat Artur Mas; para la exvicepresidenta del Gobierno catalán Joana Ortega y para la que era consejera de Enseñanza Irene Rigau, por malversación de caudales públicos en la organización de la consulta de noviembre de 2014. Además, les acusa de desobediencia y prevaricación por omisión.
Según una nota de prensa de los sindicatos policiales, que ostentan la dirección letrada de la acusación popular desde que Manos Limpias fue apartada de la misma, en el escrito de acusación presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se culpa a Mas de haber malversado 4,7 millones de fondos públicos en la organización de la consulta.
A esa cantidad, agrega, debe añadirse la utilización de 7.000 ordenadores adquiridos con dinero público, "y utilizados para la consulta del 9-N", por 2,7 millones de euros. "Esta cantidad de dinero público no fue destinada al desarrollo de una función pública, ni aplicada a un fin lícito, sino que se destinó, indebidamente, a la celebración de un acto ilegal, que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional", alegan los sindicatos policiales
A diferencia de la fiscalía que no aprecia malversación -por eso se limitó a pedir la inhabilitación de los tres por diez años por desobediencia y prevaricación-, la acusación sí que contempla este supuesto delito por haber usado "cuantiosos fondos públicos que facilitaron la indispensable infraestructura informática y logística".
"Los acusados permitieron todas las actividades de preparación de la consulta y actos vinculados a ella, sin resolver o suspender los contratos aprobados con diferentes entidades para la celebración de la consulta", dice el escrito presentado por el Sindicato Profesional de la Policía y la Unión Federal de Policías.
