Puigdemont ofrece al Gobierno una vía lenta para la independencia
El presidente catalán aboga por buscar una salida dialogada para la desconexión
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se mostró este lunes abierto a negociar con el Gobierno central el referéndum para la independencia que se ha comprometido a convocar para septiembre de 2017. La pregunta, la fecha de convocatoria... Todo, excepto el derecho a llevarlo a cabo. En su esfuerzo por abrir la consulta independentista al diálogo Puigdemont ofreció una fórmula para que la consulta no implicara un desenlace inmediato —en caso de triunfar el sí— una secesión inmediata: preguntar no por la independencia sino por el “inicio de un proceso de separación”.
"Nuestra prioridad es llegar a un acuerdo con el Estado para el referéndum”, afirmó el mandatario en un desayuno organizado por Europa Press al que asistieron políticos catalanes, empresarios y algunos embajadores como los de Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Venezuela, Argelia, Suecia y Egipto. Puigdemont deploró que “por ahora son mayoría en la política española quienes niegan la vía política para resolver el problema de Cataluña”. Con todo, previno: “Esto está aquí para quedarse y solucionarse. El independentismo existe, aunque gires la cabeza y hagas como que no lo ves”.
El presidente catalán abrió la puerta a pactar la posible pregunta que habría de realizarse en una consulta que no se ajusta a la ley. Desde su punto de vista, debería ser una pregunta clara y binaria, que “no cree confusión”. “Por ejemplo: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente, sí o no?”, sugirió. Aunque consideró que podría haber “varias fórmulas más o menos imbricadas” que podrían acordarse. Por ejemplo: “¿Quiere usted que Cataluña inicie un proceso de separación?”. Una fórmula novedosa en el relato de la Generalitat para un referéndum cuyo fin inmediato ya no sería la independencia, sino una vía más lenta y dialogada con el Estado para este proceso.
Frente al rechazo tajante del Gobierno central al referéndum y su apelación al Tribunal Constitucional, Puigdemont contrapuso esta propuesta de diálogo: “Se puede hablar de si establecemos un compromiso de moratoria para el referéndum y se debería hablar. Escuchémonos todos sin apriorismos. Necesitamos diálogo, sosiego”. La demanda de diálogo, sin embargo, no mermó la sólida posición independentista de su Gobierno frente a un Estado atrapado en la incertidumbre tras dos elecciones generales improductivas y un horizonte por despejar.
“Salida política”
“España necesita un proyecto; Cataluña lo tiene. Perderemos todos mientras el único proyecto de España sea el de impedir el de Cataluña”, advirtió. Puigdemont confrontó la debilidad de la política española con la fortaleza del proyecto del Gobierno catalán, que acaba de recibir el aval del Parlamento con una moción de confianza. Destacó que, en un momento en el que el problema de Cataluña “requiere una salida política y no técnica”, la situación de la gobernabilidad es peor que hace unos meses, con “un Gobierno sin control, con ministros dimitidos por escándalos y otros acusados de graves escándalos”.
Esa solución, según Puigdemont, “no se debería alejar de lo que provoca consenso en Cataluña”. “Hay que encontrar una solución política. Hay que hacer política. En los Parlamentos, en las urnas. En los juzgados no se hace ni se debería”, dijo. En referencia a los procesos judiciales que se están llevando a cabo por el empeño independentista de la Generalitat, el presidente catalán postuló: “Nuestra voluntad es sentarnos en una mesa política, no en el banquillo de los acusados”.
Según Carles Puigdemont, para que el referéndum, en caso de celebrarse, tuviera la validez necesaria, su resultado tendría que ser “claro e incontestable”. Aunque la Convención de Venecia no propone porcentajes, consideró que debería producirse “una movilización suficiente para poder decir que eso representa la voluntad de Cataluña”. “Podríamos negociar con el Estado qué porcentajes serían necesarios”, afirmó.
Y, en el supuesto de que el Estado no reconociese el resultado, Puigdemont cree que ello abriría un nuevo escenario de debate en Europa que “va a provocar efectos políticos”. “Es evidente que el Estado no lo va a reconocer, pero, si el resultado es claro, nadie va a poder mirar a otra parte”, vaticinó. El president también subrayó que el Brexit —la decisión de Reino Unido de salir de la UE— no cambia la “hoja de ruta” del independentismo catalán.
La posibilidad de que el Gobierno, ante la escalada del pulso independentista, decidiese pasar a mayores y aplicar el artículo 155 de la Constitución —que autoriza al Ejecutivo a “adoptar las medidas necesarias” y poner bajo su autoridad a las autoridades de una comunidad autónoma que incumpla las leyes— fue calificada por Puigdemont como “un recurso político arriesgado”. La suspensión de la autonomía, especuló, “tendría un gran impacto internacional”. “Lo que está pasando en España es un conflicto democrático en el que el Estado demuestra su incapacidad para resolverlo”, incidió.
Respecto a las causas judiciales abiertas contra el expresidente catalán Artur Mas, dos exconsejeras de la Generalitat y el hoy diputado Francesc Homs por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional —por la celebración de la consulta independentista del 9-N de 2014—, Puigdemont aseguró que, si finalmente son condenados por los tribunales, habrá consecuencias. No las concretó. “Claro que van a pasar cosas. No vamos a limitarnos a emitir un comunicado de rechazo ni a una concentración de alcaldes”, dijo.
El presidente catalán calificó esos procesos judiciales como “un inmenso error”, porque “una gran parte de la población vive esa situación como una ofensa democrática”. “No es concebible que pueda haber una condena a gente que ha decidido escuchar a la gente antes de tomar decisiones”, argumentó.
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