El juez procesa a seis excargos de la Junta por la tercera pieza de los ERE
El magistrado sentará en el banquillo a 16 personas por malversación y prevaricación
El juez del caso de los ERE, Álvaro Martín, ha procesado a seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía por malversación y prevaricación continuadas en la tercera investigación que culmina en esta macrocausa. Tras la rama política con 26 procesados y la pieza de la empresa Acyco (12 procesados), ahora la causa abierta por el ERE de la empresa Surcolor procesa a 16 personas, entre ellas seis exmandos de la Junta, empresarios, abogados y mediadores. En el expediente de regulación de empleo que pagó el Gobierno andaluz en 2005 por 2,3 millones se incluyeron dos intrusos (personas beneficiadas y ajenas a la empresa).
La causa afecta al exconsejero Antonio Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá, junto a los ex directores generales, Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, cinco antiguos mandos que afrontan el banquillo de los acusados por las tres causas ya investigadas. Al decidir la justicia separar la macrocausa por piezas, estos exresponsables de la Consejería de Empleo andaluza se enfrentan a un calvario judicial que de momento dibuja un panorama sombrío para ellos.
El juez achaca a los exdirigentes de la Junta y mediadores como Juan Lanzas la inclusión en el ERE de "dos personas ajenas a la empresa y próximas a Antonio Rivas [exdelegado de Empleo en Sevilla], ambos vecinos de Camas [municipio del que Rivas fue alcalde]". El coste de los dos intrusos para la Junta fue de 194.415 euros.
"Se han vulnerado, de modo palmario, criterios como el del servicio prioritario a los intereses generales; el sometimiento pleno a la ley y al derecho; y la absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines", subraya el juez en su auto. Martín destaca "la ausencia de criterio y un procedimiento regular para conceder las ayudas por parte de la Junta". En este ERE los intereses generales se ignoraron en favor de los de terceros, "con una total falta de objetividad", según el juez. El ERE afectó a 24 de los 45 trabajadores de la empresa.
Junto a Lanzas en la tramitación del ERE intervinieron la mediadora Vitalia y el bufete Estudios Jurídicos Villacís, que provocaron un sobrecoste de 367.000 euros y una comisión del 16,9%, cuando la media que situaba el mercado rondaba el 5%.
Después de casi seis años de instrucción y a pesar de la conclusión de estas tres investigaciones, el ritmo de la macrocausa es muy lento. Como ejemplo, entre abril y julio la Guardia Civil entregó al juzgado 15 atestados sobre investigaciones de ayudas concretas a empresas. Sin embargo, la juez María Núñez no abrió nuevas piezas para que las investigaciones judiciales echaran a andar. La magistrada solo reaccionó el pasado 22 de septiembre, dos días después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera la apertura de piezas separadas para 18 ayudas irregulares ya denunciadas por la Guardia Civil durante este año.
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