El PP invoca la ‘doctrina Botín’ para evitar el juicio en el ‘caso de los ordenadores’
La juez Freire insiste en que el PP destruyó los discos de Bárcenas “a conciencia”
La decisión del extesorero del PP Luis Bárcenas de renunciar a la acusación en el caso de la destrucción de sus ordenadores ha tenido su primera consecuencia práctica. El PP, que está imputado como persona jurídica en esta causa, ha invocado la llamada doctrina Botín para evitar ser juzgado por daños informáticos. La formación sostiene que no puede ser sometida a juicio si en la causa no hay acusación de la Fiscalía ni del perjudicado directo, en este caso Bárcenas. La juez del caso confirmó este martes el procesamiento de los investigados.
El pasado 13 de septiembre, un día antes de que expirara el plazo para que las acusaciones presentaran sus escritos de petición de pena en el caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, custodiados en la sede nacional del PP en la calle Génova 13 de Madrid, el extesorero sorprendió a todos, incluido a su propio abogado, Francisco Maroto. Bárcenas ordenó a su letrado que presentara un escrito en el que anunciaba que desistía de la acción penal contra el que fue su partido.
El extesorero adujo dos motivos para esta decisión: el primero, de índole económica, es que el embargo de sus propiedades en el caso Gürtel de corrupción le tiene sometido a estrecheces que le impiden pagar su defensa. El segundo pretexto era político: en plena fase de negociaciones para formar Gobierno no quería contribuir a dificultar más cosas a Mariano Rajoy y al Partido Popular.
La maniobra procesal de Bárcenas no ha supuesto un beneficio político para el PP, al que en esos días se le abrieron otros frentes, en especial la investigación en el Tribunal Supremo a Rita Barberá. Sin embargo, el partido confía en que pueda ayudarle a evitar el procesamiento como persona jurídica en el caso de los ordenadores.
El pasado 21 de septiembre, el abogado del partido Jesús Santos registró un escrito en los juzgados ordinarios de Madrid, con sede en la Plaza de Castilla, en el que pide que se archive la causa contra el PP como persona jurídica y contra la actual tesorera, Carmen Navarro, en aplicación de la llamada doctrina Botín. Esa jurisprudencia del Supremo, aplicada por primera vez al fallecido presidente del banco Santander Emilio Botín, establece que en los delitos contra la Hacienda Pública, no se puede juzgar a una persona si no acusa la Fiscalía o el perjudicado directo, en ese caso la Agencia Tributaria. El abogado Santos intenta que esta doctrina se haga extensiva a los delitos de encubrimiento y daños informáticos que se dirimen en la causa de los ordenadores.
De momento, las decisiones de la juez instructora, Rosa Freire, van en sentido contrario. La magistrada emitió este martes una resolución por la que rechaza los recursos del PP y de las personas físicas imputadas en la causa —la tesorera, Carmen Navarro; el abogado Alberto Durán y el ex jefe de informática José Manuel Moreno— contra el auto de procesamiento dictado el 26 de julio.
La magistrada, a la que el PP ha tratado de recusar sobre la base de una supuesta cercanía al PSOE, insiste en su último escrito en que el PP destruyó en 2013 los discos duros de los ordenadores de Bárcenas “a conciencia” para evitar que su información cayera en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investigaba la caja b del partido.
Según la magistrada, “existen indicios” de un “borrado a conciencia”, que se realizó “con ánimo de destruir no solo los archivos existentes, sino cualquier otra información que hubiera existido previamente en los discos duros y que pudiera revelarse (…) por las unidades policiales especializadas”. Freire recuerda que todos los investigados “eran conocedores de primera mano” de la investigación que se estaba llevando en la Audiencia Nacional “sobre la contabilidad paralela del PP y sobre su financiación ilegal, entre otros delitos”.
La juez recuerda que el PP debió poner los ordenadores a disposición del juez Pablo Ruz “o al menos hacerle saber su existencia”. “No solo no lo hizo, omitiendo mencionarlos, sino que procedió a la destrucción de los dispositivos donde se almacenaba” la “información relativa a la contabilidad reclamada reiteradamente por la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado”.
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