El Gobierno evita pedirle el escaño a Barberá: “Ya no es afiliada del PP”
La vicepresidenta recomienda no echarse los casos de corrupción "unos contra otros"
La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha evitado pronunciarse este viernes sobre la petición de gran parte de los dirigentes del PP a Rita Barberá para que deje su escaño en el Senado. "Desde el Gobierno no tenemos posición sobre personas que están siendo investigadas. La separación de poderes es importante". Sáenz de Santamaría sí ha insistido en que la exalcaldesa de Valencia, investigada por el Supremo por presunto blanqueo, "ya no es afiliada del PP", una expresión que ha repetido casi tantas veces como le han preguntado por Barberá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "La titularidad del escaño no corresponde a los partidos políticos", añadió. Ante la propuesta planteada también por el PP de Valencia de modificar la ley para poder sustituir a cargos públicos en casos de este tipo, ha comentado que ese tipo de medidas "hay que analizarlas bien y en un contexto más amplio". "¿Cómo casa defender las listas abiertas con que la titularidad del escaño sea del partido político?".
Preguntada por si, como dijo hace unos años, Rita Barberá le parecía "un referente", Sáenz de Santamaría se ha limitado a afirmar que cuando dijo aquellas palabras opinaba como "muchos ciudadanos de la ciudad de Valencia". No quiso aclarar si lo mantenía ahora. Al pasar al grupo mixto del Senado, la exalcaldesa investigada por presunto blanqueo cobrará ahora 2.300 euros más al mes, casi 7.000 en total.
La número dos del Ejecutivo en funciones ha insistido en que la corrupción "es un problema del conjunto del sistema" y que merece "una respuesta compartida, no echarse en cara unos a otros" los escándalos. "Como dice el refrán, días de mucho, vísperas de nada. A veces uno habla demasiado y otro día tiene que callar bastante", ha añadido, refiriéndose al cruce de reproches entre el PP y el PSOE a cuenta de Barberá, Bárcenas, o el caso Taula, y la petición de la fiscalía de 6 años de cárcel para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y 10 de inhabilitación para José Manuel Chaves por el caso de los ERE.
La vicepresidenta en funciones ha asegurado que no pierde "la esperanza" de que haya Gobierno, pero ha admitido que ante el bloqueo político es prácticamente inevitable prorrogar los Presupuestos. Por eso ha encargado un informe jurídico para analizar qué puede hacer y qué no un Ejecutivo en funciones. "No hay precedentes y tendremos que buscar soluciones legislativas o administrativas para causar los menos daños posibles. La legislación actual es muy parca", ha comentado.
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