Cuatro detenidos por alterar subastas de la Seguridad Social en Cádiz
La policía investiga a dos funcionarios y a un subastero por la venta de bienes intervenidos
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han registrado, a primera hora de la mañana de este martes, la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz en el transcurso de una operación que ya cuenta con cuatro detenidos, entre ellos dos funcionarios y un subastero. La Policía investiga si han cometido un presunto delito de alteración de las subastas públicas de bienes intervenidos por la Seguridad Social. Dos de los detenidos son funcionarios de Cádiz que actuaban en connivencia con el otro investigado, un subastero particular de Chiclana de la Frontera.
En la trama, ambos detenidos favorecían a determinadas personas interesadas en pujar por bienes intervenidos por la Administración. Para ello, el funcionario jefe recurría a este subastero y, entre ambos, alteraban el concurso para favorecer a las personas que les contactaban. Aparentemente, la puja cumplía los criterios de publicidad exigidos para este tipo de procedimientos. Sin embargo, el concurso habitualmente siempre lo ganaban “las mismas personas”, según han explicado fuentes cercanas al caso, que ha sido declarado bajo secreto de sumario.
Los detenidos llevaban tiempo supuestamente amañando las subastas de la Seguridad Social hasta el punto de que era “ampliamente conocida” su forma de operar. Fue a raíz de una denuncia de una tercera persona afectada por su trama, cuando la Policía inició la investigación que este martes se saldó con el registro en la sede de la Tesorería, en una primera fase. En las oficinas de la Seguridad Social de Cádiz, ubicadas en la plaza Asdrúbal, los agentes han buscado documentos y pruebas de dichas alteraciones de las subastas.
Antes de entrar en la Tesorería, la Policía ha realizado también dos registros en Chiclana y Cádiz. Los detenidos pasarán a disposición judicial el próximo jueves en una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. Mientras, han sido trasladados hasta la Comisaría de San Fernando (debido a que la Comisaría provisional de Cádiz carece de calabozos) donde permanecen custodiados.
La Policía centra ahora sus investigaciones en la forma de actuar del funcionario y del subastero para determinar la forma de proceder para adjudicar los efectos subastados. Al parecer, el funcionario jefe de servicio proporcionaba información privilegiada para ganar la puja en la subasta. Para ello, será clave el estudio de la documentación que se ha encontrado en los registros de los domicilios de los detenidos y en las oficinas de la Tesorería. Hasta que no se analicen, no se descarta que pueda haber nuevos detenidos. Los dos acusados hasta ahora son sospechosos de otros supuestos delitos asociados, como falsificación documental y cohecho.
La Tesorería General de la Seguridad Social se encarga de ejecutar las subastas de bienes embargados a deudores. Estas pujas son la última fase del procedimiento administrativo de apremio y, con ellas, se intenta cobrar la deuda contraída con la Administración. Fincas (rústicas y urbanas), vehículos, embarcaciones, maquinaria de diverso tipo, mobiliario de oficina, material ofimático y toda clase de bienes muebles o inmuebles son susceptibles de embargos y posteriores subastas de la Seguridad Social. Dichos procedimientos son abiertos a todos los ciudadanos que quieran pujar, de ahí que se deba cumplir siempre el principio de publicidad.
Según las primeras pesquisas, en esta trama, el funcionario aparentemente cumplía con este requisito de la publicidad. Sin embargo, tan solo resultaban beneficiados en la puja los particulares que estaban en contacto con ambos detenidos. El Código Penal considera punible estas prácticas y las tipifica como un delito que puede ser condenado con inhabilitación para licitar subastas. En este caso, además, los detenidos pueden enfrentarse además a penas derivadas de otros delitos asociados que cometían para poder realizar amaños.
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