La policía dará pautas a las maltratadas para protegerse
Un nuevo protocolo aconseja acordar señales de alarma con los vecinos o entrenar a los hijos para que aprendan a huir
El nuevo protocolo de la Policía Nacional para casos de violencia de género, en vigor desde este miércoles, incluye por primera vez por escrito medidas de autoprotección para las mujeres. Son una veintena de recomendaciones como hacer cursos de defensa personal, cambiar la cerradura de casa, acordar con los vecinos señales de alarma (un teléfono que suena dos veces, una cortina cerrada, una luz encendida…) o entrenar a los hijos para que puedan ayudar o salir huyendo.
En España, donde las estadísticas oficiales indican que han muerto 28 mujeres en 2016 a manos de sus parejas o exparejas, hay más de 52.000 víctimas en riesgo, según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, correspondientes al último trimestre de 2015. El nuevo protocolo policial establece por primera vez por escrito estos consejos que complementan las medidas de protección de los agentes y que ya quedaron fijadas en protocolos anteriores.
Las asociaciones piden medidas para todas las mujeres
“El protocolo tiene medidas de sentido común que ya recomendamos desde las asociaciones pero valen de poco si lo aplican agentes que no están formados sobre violencia de género”, valora Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas y directora de un centro de mujeres desde hace 25 años. Reclama que estas pautas se coordinen con los jueces: “No pueden cambiar la cerradura si el juez les va a condenar porque la casa es de ambos”. Pérez del Campo aplaude las medidas para los menores, pero recuerda que hay casos en los que luego no se les puede atender psicológicamente “sin el permiso del agresor, porque tiene la patria potestad”.
“Es importante que ellas tomen conciencia de que corren un riesgo real”, añade Sara Vicente, abogada y miembro de la comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres, que reclama que las medidas propuestas se trabajen para hacer un plan personal con todas las víctimas, sea cual sea la valoración de su nivel de riesgo. “Se nos queda corto que esa valoración se haga exclusivamente desde el ámbito policial, sin incluir a servicios sociales o sanitarios”, añade Vicente, que considera que el sistema “puede valorar erróneamente las situaciones o considerarlas bien y que luego se agraven”.
Esas pautas servirán para elaborar “planes personales para cada víctima y en connivencia con ellas”, explica Elena Palacios, inspectora jefe en la unidad Central de Familia y Mujer del Cuerpo Nacional de Policía. “No se les van a dar cuatro folios, es importante que participen en su seguridad. Adaptaremos las medidas a cada circunstancia. Entre el agente protector y la mujer deben ver cuáles son las más adecuadas”, añade.
El protocolo, adelantado por el diario El Mundo, recoge cinco niveles de riesgo, de imperceptible a extremo, al que acompañan medidas obligatorias de protección por parte de los agentes, como llamadas periódicas a la víctima, vigilancia de la casa en la que vive o seguimiento al agresor de distinta intensidad según la importancia del caso. El grupo más numeroso es el de mujeres en el nivel de riesgo “no apreciado”, con 35.332 casos. Para ellas, el protocolo recomienda medidas como llevar siempre el móvil con una lista de teléfonos de emergencia.
Para las de “riesgo bajo” (13.576 casos registrados) proponen cursos de defensa personal o instalar una aplicación móvil para alertar a la policía, entre otras pautas. A las que están en riesgo “medio” (2.930 mujeres), se les pide cambiar la cerradura de la casa, colocar videoporteros y sistemas de alarma; que expliquen en el colegio de sus hijos lo que ocurre o que acuerden con los vecinos de más confianza señales de alerta.
La estadística contempla 100 mujeres en nivel alto de peligro, en el que la policía se compromete a una vigilancia “frecuente y aleatoria” de su casa y su trabajo y a hacer un seguimiento obligatorio del agresor mediante dispositivos electrónicos. En estos caos, el protocolo recomienda a las víctimas que abandonen su casa, que cambien de rutas cuando salga a la calle y que no se queden solas cuando vayan a desayunar o comer o que practiquen “una rutina de escape de emergencia” para huir de su vivienda.
Un plan para "practicar con los hijos"
El último nivel de peligro, el extremo (con siete casos registrados), supone que la víctima tendrá una vigilancia permanente y que el control de los movimientos del agresor será “intensivo”, además de controlar también el colegio de los hijos. El protocolo recomienda seguir además las medidas ya citadas para su autoprotección además de la protección policial permanente de su entorno.
A los hijos menores deben “enseñarles a salir de la habitación cuando se produzca un acto violento”, reza el protocolo. Recomienda tener una habitación segura en casa para que se puedan meter allí y acordar una palabra o gesto clave para que sepan “cuándo tienen que pedir ayuda” o buscar con ellos un lugar seguro fuera de casa. “Practicar con los hijos los aspectos anteriores hasta que lo hagan con destreza”, termina el documento.
El caso de Zaragoza: “Los agentes le recomendaron que no presentara denuncia”
El 12 de agosto un hombre disparó su exmujer en Zaragoza cuando salía del aparcamiento de un edificio de vivienda en un coche que conducía su hija. Después se pegó un tiro. Ambos siguen hospitalizados. A las pocas horas de la agresión, la familia de la tiroteada denunció una mala atención por parte de dos agentes de la comisaría Mayandía de la Policía Nacional. Según el abogado de la víctima, Simón Lahoz, 48 horas antes de la agresión, la mujer y su hija acudieron a dependencias policiales "para intentar presentar una denuncia" aunque "los agentes les recomendaron que no lo hicieran porque no había episodios violentos" y le quitaron importancia al asunto, según su testimonio. Lahoz asegura que madre e hija explicaron a los agentes que su exmarido y padre tenía un arma y les ofrecieron una grabación en la que amenazaban a la mujer. La Jefatura Superior de Policía en Aragón niega estas acusaciones. Aseguran que ambas entraron en la comisaría para informarse sobre las órdenes de alejamiento pero que en ningún caso quisieron formalizar la denuncia ni que advirtieran de que el hombre tenía armas. La jefatura ha abierto ya una investigación interna para esclarecer lo ocurrido en la que ya han declarado los agentes que atendieron a las dos mujeres y un tercero que fue testigo de la conversación.
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