Tres años sin explicación de la tragedia del Alvia

“Con lo que he provocado prefiero morir”. Las desesperadas palabras derramadas sobre las mismas vías de Angrois por el maquinista Francisco José Garzón hacia las nueve de la noche del 24 de julio de 2013 parecían despejar toda duda sobre la causa de la peor tragedia ferroviaria ocurrida en España en los últimos 40 años. Un terrible error humano aparentemente inevitable, tomar a 190 kilómetros por hora una cerrada curva que requería una velocidad máxima de 80, había segado la vida de decenas de personas. Las certezas, sin embargo, duraron poco y tres años después tanto las víctimas del Alvia, con las que los gobiernos de Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo se volcaron durante los primeros días, como los compañeros de profesión de Garzón cuestionan firmemente la seguridad del trayecto y exigen a gritos que se depuren responsabilidades políticas.

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“El ser humano puede fallar pero nunca el fallo puede tener unas consecuencias como las de hace tres años. Solo las tiene si se hacen las cosas mal. Aquí hubo falta de previsión y no se cumplieron las directivas europeas que exigen realizar una evaluación de riesgos antes de iniciar las operaciones en la línea”, incide Juan Jesús García Fraile, secretario general del sindicato de maquinistas Semaf España y portavoz de estos profesionales a nivel europeo. Tanto Fraile como Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, confían en que algún día, por muchas dificultades que se encuentren, “se llegará a la verdad”.

Dos recientes resoluciones oficiales de distintos ámbitos han multiplicado las dudas sobre las investigaciones que se abrieron horas después de que descarrilara el Alvia a las puertas de la estación de Santiago, dando la razón a víctimas y trabajadores ferroviarios. En mayo, la Audiencia Provincial de A Coruña, el mismo tribunal que revocó dos veces la imputación de cargos y técnicos del Ministerio de Fomento, ordenó al juzgado de instrucción número 3 de la capital gallega que reabriese el caso, ya que considera que el juez Andrés Lago Louro cerró las pesquisas, con el maquinista como único culpable, sin profundizar lo suficiente en la influencia que el diseño de la seguridad en ese tramo ferroviario pudo tener en el siniestro.

La de la Audiencia coruñesa es una conclusión parecida a la que ha llegado la Agencia Ferroviaria Europea, que en un informe que le encargó la Comisión Europea y que acaba de salir a la luz critica duramente la investigación técnica realizada por el Ministerio de Fomento. El ente comunitario afirma que las pesquisas que el Gobierno de Rajoy encargó a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fueron independientes y pasaron de puntillas por las consecuencias que la gestión de la vía por parte de Fomento pudo tener en la tragedia en la que murieron 80 personas.

El portavoz de los maquinistas europeos alaba el contenido del informe de Bruselas y exige al Gobierno que los accidentes ferroviarios se investiguen como los aéreos. Fraile reclama que se equipare la CIAF a la comisión de investigación de accidentes aéreos en “independencia, confidencialidad y recursos humanos y materiales”, con el objetivo de que en las indagaciones participen expertos en ámbitos como la conducción, la circulación, el mantenimiento de infraestructuras o la organización de equipos que puedan investigar lo ocurrido con verdadera autonomía.

Cristóbal González Rabadán, superviviente del siniestro, no tiene fuerzas para acudir a la curva de Angrois por el tercer aniversario. Como presidente de una de las dos asociaciones de víctimas, la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario Alvia Santiago (Apafas), confiesa que tras “las buenas palabras y consejos” de aquellos primeros días ahora se siente “abandonado” por los responsables políticos, hundido en la “indefensión” y con un fino hilo de confianza en la justicia que espera que no se rompa. “Después del accidente, me estuve reuniendo con la ministra de Fomento, Ana Pastor, una vez al mes pero cuando vi cómo se movían los políticos en este país, tuve que dejarlo", relata. "Llegaron a decirme en mi cara que el accidente había sido inevitable y todos sabemos que no es verdad”.

Desde que el 25 de julio de 2013 Pastor proclamó como “muy importante” que “los familiares, las víctimas y los ciudadanos tengan un conocimiento de qué es lo que ha ocurrido”, los afectados han visto a cargos imputados de Adif negándose a declarar, a peritos haciendo un corta y pega de otros informes y a PP y PSOE bloqueando comisiones de investigación en el Congreso y en el Parlamento gallego. Hace solo unos días, la ya exministra de Fomento, honrada por su partido con el cargo de presidenta del Congreso, evitó sentarse con ellos cara a cara tras el comprometido informe de Bruselas.