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La propuesta del PP choca con el pacto de Sánchez y Rivera

Socialistas y Ciudadanos pactaron dar marcha atrás a muchas de las reformas del PP y consensuaron una amplia reforma constitucional que soslayan los populares

Elsa García de Blas

La propuesta que ha entregado el PP a los partidos para que apoyen la investidura de Mariano Rajoy refleja profundas diferencias con el pacto de Gobierno que alcanzaron Pedro Sánchez y Albert Rivera el pasado febrero. No solo porque socialistas y Ciudadanos pactaron dar marcha atrás a muchas de las reformas del PP, sino porque consensuaron una amplia reforma constitucional que ni siquiera mencionan ahora los populares. Impuestos y marco laboral también les separan.

Albert Rivera comparece en rueda de prensa tras su reunión con Mariano Rajoy.
Albert Rivera comparece en rueda de prensa tras su reunión con Mariano Rajoy.Jaime Villanueva (EL PAÍS)

En las 55 páginas del “Programa para el Gobierno de España” del PP las propuestas son mucho más genéricas que las más de 200 medidas que el PSOE y Ciudadanos plasmaron en su “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso”, de 67 páginas. Esa falta de concreción del PP, sin embargo, no evita puntos de fricción importantes con lo pactado por los socialistas y Ciudadanos:

El PSOE y Ciudadanos quieren tumbar reformas del PP. Pedro Sánchez y Albert Rivera se comprometieron a sustituir la reforma laboral del Gobierno de Rajoy con un nuevo Estatuto de los Trabajadores aprobado en el plazo de un año. Aunque la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que su partido está dispuesto a “mejorar” su reforma laboral, nada dice de ello su documento, que solo incluye como guiño a Ciudadanos la aceptación del llamado “Fondo de capitalización” austriaco para los trabajadores, con el cual los empleados costean parte de su futura indemnización.

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El PSOE y Ciudadanos incluyeron en su acuerdo la recuperación del peso de la negociación colectiva que modificó el PP y de la que nada dice en su propuesta, y definieron dos únicas modalidades de contrato: uno indefinido y otro “estable y progresivo” con una indemnización creciente, lo que supone cambiar el marco laboral de contratación de los populares, que estos no plantean modificar en su propuesta para lograr la investidura de Rajoy.

Sánchez y Rivera acordaron también revisar la reforma del PP de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) en los preceptos recurridos ante el Tribunal Constitucional y en “los que reconocen facultades excesivas de intervención de las fuerzas de seguridad”, decía su acuerdo. Ambos partidos se comprometieron a revocar la reforma del PP en materia de jurisdicción universal y a la derogación “inmediata” del artículo 315.3 del Código Penal, sobre el ejercicio del derecho de huelga. El texto del PP no aporta ninguna propuesta a sus posibles socios sobre estas otras dos reformas que rechazan.

En materia educativa, PSOE y Ciudadanos pusieron por escrito la “paralización del calendario de la LOMCE” (la ley educativa del PP). Los populares proponen en su documento un pacto nacional educativo, pero no detener su ley. El pacto de Estado les une, pero hay diferencias en las materias concretas. El PP habla de “incrementar” las becas, advirtiendo de antemano “que se encuentran ya en máximos históricos”, mientras Sánchez y Rivera pretenden que estas sean un “derecho subjetivo”, de modo que el crédito de los Presupuestos Generales pueda ser ampliable si no llega para cubrir a todos los alumnos que las necesiten. Ahora, una vez superado, ya no se conceden.

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La reforma de la Constitución que soslaya el PP. El PSOE y Ciudadanos promueven una amplia reforma de la Ley Fundamental que obvia el PP y con la que quieren dar respuesta también al desafío independentista de Cataluña. Los populares plantean a cambio: “Promoveremos un marco de entendimiento con las fuerzas políticas constitucionalistas a la hora de dar respuesta a los retos que plantea el debate territorial”. Nada dice el PP de cambiar la Constitución, mientras el PSOE y Ciudadanos escribieron en su acuerdo que España necesitaba una reforma de la Constitución para asegurar los derechos sociales y para “completar el funcionamiento federal de la organización territorial del Estado”. En esa reforma se abordaría la revisión del título VIII (el de la organización territorial del Estado) para “desarrollar el concepto del Estado federal”. En lo que sí coinciden las tres formaciones es en oponerse a cualquier referéndum de autodeterminación.

Un modelo fiscal diferente. El PP propone una reforma del sistema de financiación autonómica y una rebaja fiscal generalizada de dos puntos en el IRPF. Sánchez y Rivera pactaron al final no subir los impuestos y bajarlos cuando fuera posible, pero sí definieron que la riqueza tribute más (con el estudio de la creación de un impuesto a las grandes fortunas) y que se recupere el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el del Patrimonio en las comunidades que los han vaciado. Rebajar el IVA cultural al 10% es otra de las medidas consensuadas por el PSOE y Ciudadanos que revocaría la reforma del PP y que este obvia en su propuesta.

Diputaciones, conciliación, sanidad y religión. Uno de los puntos más polémicos del acuerdo del PSOE y Ciudadanos fue la supresión de las diputaciones, que el PP aboga por mantener. Los populares no están tampoco por la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad de las 18 semanas actuales a 26, como recogieron en su acuerdo Sánchez y Rivera, y tampoco les ofrecen recuperar la sanidad universal para los inmigrantes irregulares, como ambos partidos incluyeron pactaron. El PP nunca se ha manifestado a favor de la “revisión” de los acuerdos con la Santa Sede, como se comprometieron los dos partidos a los que interpela. Estos definieron también como esencial un plan de 7.000 millones de euros para un Ingreso Mínimo Vital y un Complemento Salarial Garantizado. El PP solo les propone, a cambio, armonizar las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

El déficit les une. Las tres formaciones se comprometen a cumplir el objetivo del déficit y a buscar “flexibilidad” en el marco de la normativa de la UE.

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Sobre la firma

Elsa García de Blas
Periodista política. Cubre la información del PP después de haber seguido los pasos de tres partidos (el PSOE, Unidas Podemos y Cs). La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en EL PAÍS y la SER. Es licenciada en Derecho y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en periodismo de EL PAÍS. Colabora como analista en TVE.

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