Pujalte cobró de la trama de Arístegui y De la Serna por informes plagiados de Internet
La Fiscalía investiga al exdiputado por simular pagos de al menos 67.620 euros por trabajos inexistentes
Martínez-Pujalte cobró por informes de asesoría 46.020 euros en 2011, 12.525 en 2012 y 9.075 en 2013 de la trama de comisiones que presuntamente dirigían el también exdiputado Gómez de la Serna y el exembajador Arístegui, según publicó el pasado mayo EL PAÍS. La Cadena SER precisó este martes que esos informes eran plagiados: el exdiputado descargaba los artículos de las páginas web de organismos como el Instituto de Fomento de Murcia, la Universidad Politécnica de Valencia, el Instituto Español de Comercio Exterior o el Real Instituto Elcano, así como de páginas del Gobierno de Estados Unidos o de algunos medios de comunicación, según destaca la UDEF en los informes que constan en el sumario.
Esos artículos los remitía Martínez-Pujalte a Gómez de la Serna y después cobraba a través de la sociedad Sirga XXI Consultores, que cerró en agosto de 2015. La mayoría de los informes versan sobre la situación socio-económica de Argelia, clave para la supuesta organización de Gómez de la Serna y Arístegui. También figuran comisiones de tres millones de euros para la trama de una única empresa, Elecnor, a cambio de facilitarle contratos en el país norteafricano.
Investigado por la fiscalía
La justicia ya investigaba a Pujalte por los delitos de falsedad y cohecho en otra causa: la fiscalía le denunció en Valladolid por el supuesto cobro a una constructora, el Grupo Collosa, a cambio de informes sobre trabajos inexistentes. En esa operación participó también presuntamente el exministro Federico Trillo, que recibió 354.560 euros en casi tres años, mientras que Pujalte ingresó 75.000 en apenas un año. La empresa pagadora, dedicada a la obra civil, fue una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León.
En la investigación sobre la trama eólica, la Agencia Tributaria encontró contratos y facturas con dos despachos: Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero era propiedad de Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid Ana Torme, y en el segundo participa con el 70% de las acciones Trillo. Torme, exsocia de Martínez-Pujalte, presentó un escrito en la fiscalía en el que acusaba a su excompañero de escaño de engaño y falsedad y pedía personarse como perjudicada. En su escrito concluye que llegó a la certeza de que había sido engañada.
