Las instituciones mantendrán color conservador casi toda la legislatura
El Senado tendrá que abordar el nombramiento de cuatro magistrados del Constitucional en enero
Casi toda la legislatura que se inicia en julio tras las elecciones del 26 de junio transcurrirá con mayoría conservadora en las principales instituciones, especialmente las que tienen influencia en la actividad legislativa de las Cortes. Es decir, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo.
El Constitucional tiene capacidad para anular leyes si considera que son contrarias a la ley fundamental, con posibilidad de recurso previo para estatutos de autonomía; el Poder Judicial emite informes sobre las leyes y nombra magistrados para la cúpula judicial; y el Defensor del Pueblo tiene competencia para presentar recurso contra normas del Parlamento.
Y las tres instituciones requieren para su renovación amplios consensos, que en la situación previsible tras las elecciones necesitarán los votos de tres o cuatro partidos. Es decir, será preciso un difícil equilibrio para completar la mayoría —de tres quintos— necesaria cuando se plantee alguna renovación.
La primera y única que se debe abordar en el arranque de la legislatura será la de cuatro miembros del Tribunal Constitucional y le corresponderá al Senado. El mandato de los magistrados que tendrán que ser sustituidos vence el próximo 29 de diciembre y, a partir de ahí, el proceso dura lo que tarde la Cámara. Los que salen son el presidente, Francisco Pérez de los Cobos; la vicepresidenta, Adela Asúa; y el magistrado Ricardo Enríquez, que fue nombrado en sustitución de Francisco Hernando. De esta terna era también Luis Ortega, cuya plaza está vacante desde su fallecimiento.
De ellos, dos fueron propuestos por el PP, uno por el PSOE y otro por el PNV. El actual presidente, que dejará el cargo a final de año, fue especialmente polémico porque fue militante del PP antes de acceder a la presidencia del Constitucional.
La composición inicial del Tribunal Constitucional desde 2013 era de siete conservadores y cinco progresistas, pero esa supuesta etiqueta no ha operado en la resolución de los recursos que tienen que ver con la política territorial y, especialmente, sobre Cataluña, porque las decisiones han sido siempre por unanimidad. Es decir, no hay opción a que el Constitucional tenga una mayoría favorable a una consulta de autodeterminación en Cataluña, que ya ha rechazado expresamente en más de media docena de resoluciones.
Dicho de otra forma, en el caso de que hubiera una mayoría de Podemos que impulsara la celebración de esa consulta, el Constitucional lo frenará si mantiene su reciente y reiterada doctrina que impide trocear la soberanía. Y los autores de esa doctrina tendrán, en todo caso, mayoría durante toda la próxima legislatura. La consulta no podrá sortear el muro infranqueable del Constitucional.
Si se plantea a través de una reforma de Estatuto de Cataluña, la última reforma legal establece un recurso previo, es decir, el veto del tribunal antes del referéndum. Además, el Constitucional tiene que resolver en los próximos meses recursos contra las principales y más contestadas leyes de Rajoy: la LOMCE, la Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza y la prisión permanente revisable o cadena perpetua, entre otras.
Esos magistrados deben ser nombrados a partir de enero por mayoría de tres quintos, es decir, 143 de 238 senadores. Con las previsiones de resultado, la renovación requerirá acuerdo entre el PP, el PSOE y Podemos, es decir, cada uno de esos partidos podrá proponer un candidato. Los aspirantes podrán ser propuestos desde los Parlamentos autonómicos.
Será la primera vez que el Podemos propone a un jurista para la renovación de una alta institución.
La mayoría cualificada que se exige y la renovación parcial hacen irrelevante para la composición final del Constitucional que hubiera habido acuerdo entre PSOE y Podemos para ir juntos al Senado.
El PSOE, Podemos y Ciudadanos proponen cambios legales sobre el sistema de designación de estos cargos. No obstante, no es fácil que puedan aprobar esa reforma legal antes de diciembre, cuando sea necesaria esa renovación. La propuesta de Podemos se basa en un sistema de vetos cruzados a candidatos, y el PSOE y Ciudadanos pactaron un modelo con una comisión intermedia que examine a los propuestos.
Encarnación Roca, Andrés Ollero, Fernando Valdés y Juan José González Rivas son los siguientes en salir del Constitucional. Será a finales de 2019, es decir, ya en el final de la legislatura, y el nombramiento le corresponderá al Congreso, también por mayoría de tres quintos. Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol fueron nombrados por el Poder Judicial el 12 de junio del 2013. Sus mandatos vencen el 12 de junio de 2022. A Pedro González Trevijano y a Antonio Narváez el mandato les vence también el 12 de junio de 2022.
El Consejo General del Poder Judicial, que ahora tiene una clara mayoría conservadora, concluye su mandato a finales de 2018. Es decir, suponiendo que la renovación se produzca sin retrasos, no será hasta la segunda parte de la legislatura. Para entonces sí será posible que los partidos que así lo proponen en sus programas consigan cambiar el sistema de designación de los vocales.
El más innovador es Podemos con un sistema de elección directa de los ciudadanos que precisaría un proceso electoral para que los españoles decidan entre juristas de reconocido prestigio y con 25 años de actividad profesional. Ciudadanos propuso un sistema que eliminaba en la práctica el Consejo del Poder Judicial, pero luego ha enterrado esa propuesta.
Para entonces el Constitucional habrá fallado el recurso del PSOE contra la reforma del Poder Judicial que hizo el Gobierno del PP, que reduce las funciones del pleno del Consejo y reduce las mayorías necesarias para los acuerdos, lo que favorece que la mayoría conservadora controle los nombramientos.
Hasta 2017 el Congreso y el Senado no tendrán que renovar al Defensor del Pueblo, cuando la exdiputada del PP Soledad Becerril acabe su mandato. Será necesaria una mayoría de tres quintos de cada Cámara, es decir, un acuerdo de al menos tres de los cuatro principales partidos.
Hasta 2019 Congreso y Senado no tendrán que renovar el Consejo de RTVE, lo que supone que casi toda la legislatura funcionará con la actual amplia mayoría conservadora.
El actual Tribunal de Cuentas, que se renueva también por los tres quintos del Congreso y el Senado, no termina su mandato hasta 2021, es decir, ya en la siguiente legislatura.
El nuevo Gobierno sí podrá nombrar sin acuerdo ni apoyo parlamentario al presidente del Consejo de Estado y al Fiscal General del Estado, en sustitución de José Manuel Romay Becaría y Consuelo Madrigal, respectivamente. El único matiz es que quien dirija la Fiscalía debe hacer una comparecencia en el Congreso, pero sin que pueda frenarse el nombramiento.
