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El fiscal denuncia las obras sin licencia del CSIC en Doñana

El ministerio público constata demoliciones supuestamente ilegales en un palacio protegido

Las obras en Doñana, antes de que el CSIC pidiera la licencia. Ampliar foto
Las obras en Doñana, antes de que el CSIC pidiera la licencia.

La Fiscalía de Huelva ha trasladado una denuncia al Juzgado de Instrucción de La Palma del Condado por posibles delitos de daños en el patrimonio histórico y de prevaricación por la remodelación total del Palacio de Doñana, emprendida sin licencia por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. La actuación de la fiscalía responde a los informes técnicos y jurídicos del área de Disciplina Urbanística de Almonte (Huelva), que advirtió que la obra del organismo dependiente del Gobierno suponían una infracción "muy grave", "incompatible con la norma" y, por lo tanto, "no legalizable".

El Palacio de Doñana es una sede de la Reserva Biológica del CSIC en un cortijo andaluz del siglo XVI que fue durante generaciones pabellón de caza de las familias reales y de la aristocracia. Su protección es máxima, de grado uno, lo que impide realizar cualquier trabajo que no sea de mantenimiento. Además, solo se prevé “uso residencial para investigadores e invitados institucionales”, entre ellos, Felipe González, cuando era presidente del Gobierno, Mijail Gorbachov, François Mitterrand o Helmut Kohl.

Sin embargo, el CSIC comenzó en octubre de 2015 su remodelación total para convertirlo en un laboratorio de proceso de datos (con capacidad de un millón de gigabites) emitidos por centenares de sensores o equipos de seguimiento de especies. Toda la obra más los equipamientos suponen siete millones de euros que paga el Gobierno y la UE a través de fondos Feder.

El informe técnico ratificó que las obras comenzaron sin “la preceptiva licencia” y fueron inspeccionadas el 29 de abril, cuatro días después de la solicitud del permiso y siete meses después de la ejecución de trabajos de derrumbe. El proyecto fue supervisado por la Oficialía Mayor del Ministerio de Industria el 30 de octubre de 2014, mes en el que comenzaron las demoliciones. Este departamento “presuponía” que se cumplían las normas.

No fue hasta el 25 de febrero cuando se solicitó la licencia y, un día después, se presentó la autoliquidación del permiso por 34.205,64 euros en función de un presupuesto general de 1.041.991,11 euros correspondiente únicamente a la obra. Tan solo 48 horas más tarde se emitió un informe técnico “desfavorable” porque la remodelación vulneraba lo previsto para el edificio por el alto grado de protección. Solo se permite realizar trabajos de mantenimiento y conservación. “Están prohibidas el resto de obras de cualquier tipo”, advirtió el arquitecto redactor del texto.

La Fiscalía de Huelva, tras un año de investigación, entiende que los informes técnicos "ponen de manifiesto la ilegalidad de al menos parte de las obras ejecutadas en atención a la protección del inmueble afectado y al alcance y naturaleza de aquellas".

El fiscal Alfredo Flores, que ha elevado la denuncia, identifica a nueve presuntos responsables entre el equipo de arquitectos de la empresa constructora, miembros del Ayuntamiento de Almonte, gobernado por el PP en el momento de los trabajos, y del CSIC.

La denuncia detalla que, "con el fin de contestar y cambiar el informe técnico desfavorable del arquitecto municipal", se presentó un proyecto modificado en el que se calificaban las obras de "mantenimiento y conservación respetuosas con la protección del edificio al considerar que éste en sus condiciones no permitía el uso residencial".

Pero el Ministerio Fiscal en su denuncia detalla que se realizaron demoliciones interiores y cambios que suponen "una transformación relevante".

Flores confirma que las obras se iniciaron "sin licencia en vigor" y que, como exponían los informes técnicos y jurídicos iniciales, "eran incompatibles con la legalidad y no legalizables".

El fiscal solicita la práctica de una serie de diligencias, como la declaración de los denunciados en calidad de investigados y de testigos, y recabar informes para conocer la cuantía de los daños causados y comparar el estado del edificio antes de la realización de estas obras.

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