El juez procesa a un comandante por la ‘caja b’ del cuartel de Getafe

El juez togado militar central número 1 ha procesado al comandante J. E. J. B., como presunto autor de un delito contra la Hacienda Militar, penado con hasta 10 años de cárcel, por la existencia de una caja b en el Acuartelamiento Aéreo de Getafe (Madrid). En cambio, ha exculpado a los coroneles V. S. M. y E. C. D., ex jefes de la base aérea de Getafe y de la Sección Económica Administrativa (SEA) número 27, a los que solo atribuye “irregularidades contables”.

La investigación del caso de corrupción a gran escala destapado en el Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Getafe —donde tres interventores militares apreciaron indicios de malversación de caudales públicos, fraude fiscal o falsedad de documento público, entre otros delitos— entra en su fase final y toda la responsabilidad parece recaer sobre un comandante, que fue el primer imputado y también el principal denunciante.

El juez acusa a este comandante, que fue jefe de la Sección de Intendencia (SEINT) del acuartelamiento de febrero de 2010 a junio de 2011, de no haber ingresado al tesoro los fondos recaudados por el uso de alojamientos, cafetería y cocina de la base. Aunque el auto reconoce que no se puede determinar la cantidad exacta que dejó de ingresarse, la estima en 102.855 euros. El dinero, sin embargo, no se lo quedaba el comandante, sino que iba a nutrir “un fondo indeterminado y no controlado o caja b”. Con estos fondos de la contabilidad paralela se sufragaban determinados gastos que no se podían “liquidar a través de los sistemas de financiación legal por no poder ser imputables a créditos presupuestarios”. Por ejemplo, la celebración de la Vírgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire, y una cena “de carácter extraoficial” a la que asistían numerosos mandos militares ese mismo día.

La organización de esta cena “con cargo a fondos públicos” se realizó “de común acuerdo” con el jefe de la base y el jefe de la Sección Económico Administrativa (SEA-27), superiores directos del comandante. Sin embargo, el juez, con el criterio en contra del fiscal, exculpa a ambos coronoles.

Para justificar esta decisión, el juez togado alega que, “con independencia de su reprochabilidad”, la “utilización de fondos públicos para fines cuyo carácter público es cuanto menos discutido” no supone un hecho delictivo sino solo “una posible irregularidad contable” que ha de depurar el Tribunal de Cuentas. Y agrega que, aunque la falta de vigilancia del responsable de la base permitió que se cometieran las irregularidades, fue él quien ordenó que se regularizase la situación, “aunque tardíamente”.

El juez exonera también a las empresas suministradoras de la base, incialmente imputadas, ya que estas se limitaron a servir los productos (embutidos ibéticos, marisco, cava, whisky), solicitados por los mandos. Como el comandante procesado ya devolvió 6.773 euros y se ha constatado la existencia de depósitos en empresas contratistas con la base por 15.556 euros para suministros futuros, se le impone una fianza de 80.561, la diferencia con los 102.855 euros que dejaron de ingresarse en las cuentas del cuartel.

La investigación del fraude en el ACAR de Getafe ha dado lugar a otros cuatro sumarios; en dos de ellos está imputado el coronel F. H. C., quien se compró un televisor con fondos públicos, y en otro se investiga la destrucción de documentación denunciada por el comandante ahora procesado.