Griñán recurre su procesamiento en los ERE: “No era una trama criminal”
El expresidente andaluz alega que el fondo era legal y que el auto no se ajusta a derecho
El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha recurrido su procesamiento ante la Audiencia de Sevilla porque entiende que no se ajusta a derecho y considera legal el fondo de los ERE: "No era una trama criminal construida por la Administración", reza su recurso ante la imputación del juez instructor Álvaro Martín. Griñán entiende que su acusación sobre malversación continuada ya fue rechazada por el instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro.
Los expresidentes Griñán y Manuel Chaves fueron procesados junto a otros 24 ex altos cargos del Gobierno andaluz por implantar un sistema que permitió el pago de 855 millones en ayudas sociolaborales para pagar los ERE entre 2001 y 2010. Ambos se dieron de baja en el PSOE días antes de que el auto trascendiera. "El sistema de ayudas y subvenciones pudo ser discutible, aunque impuesto por una realidad social apremiante, y sería negar la realidad que también cumplió sus objetivos en relación con centenares de casos. Pero no era una trama criminal construida por la Administración", enfatiza Griñán. El expresidente se refiere a las prejubilaciones que cada mes cobran unos 6.000 trabajadores gracias a esas subvenciones aprobadas en su día.
Hace ocho días el juez acusó a Griñán de estar al tanto de que “se manipulaban los presupuestos (...) No es concebible que se mantuviese ajeno a los mecanismos” usados para pagar los ERE un año tras otro. Además, Griñán y sus colaboradores ignoraron las alertas de la Intervención General para frenar el sistema opaco de los ERE, según la tesis judicial. Y con sus decisiones propiciaron que el director de Trabajo Javier Guerrero repartiera subvenciones con total “descontrol”.
El recurso de Griñán, consejero de Economía andaluz entre 2004 y 2009, se suma al de otros dirigentes como Chaves, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, que buscan la reacción de la Audiencia para que tumbe el auto del instructor de la rama política de los ERE, Álvaro Martín, quien con este reciente auto cerró las pesquisas iniciadas hace cinco años.
El expresidente es rotundo en su argumentación y considera que se le imputan "hechos delictivos que objetiva y jurídico-penalmente ni siquiera pudo cometer". Su abogado, José María Mohedano, subraya que la "única razón plausible" para que Martín mantenga su acusación pese al pronunciamiento del Supremo es que "como no han existido ni las investigaciones ni han emergido nuevos hechos que desmintieran la decisión de la Sala Segunda del Supremo", el magistrado "ha preferido ocultar el auto del Tribunal Supremo para no verse forzado a hacer una valoración del mismo y actuar en consecuencia".
El letrado de Griñán censura que Martín haya obviado el dictamen de Barreiro, aunque a la hora de valorar unos hechos ambos magistrados mantengan una independencia total para dar su perspectiva jurídica. Para Griñán, el auto incluye un "argumento circular" por el que Griñán concertó un "procedimiento específico" para pagar las ayudas, "sin que de esta concertación y trama criminal se aporte la más mínima prueba o detalle de su dinámica que permita acreditar su existencia".
La juez potencia la investigación de las sobrecomisiones
La juez instructora María Núñez ha abierto una nueva pieza del caso ERE relativa a las sobrecomisiones pagadas en las ayudas a empresas en crisis, que se cifraron en 66 millones de euros, y en la que ha incluido a 16 acusados. La magistrada abre la nueva pieza de la macrocausa por los delitos de prevaricación administrativa y malversación.
En abril de 2014, la Dirección General de Seguros detectó que en los ERE financiados por la Junta de Andalucía se produjo el pago de un exceso de 66.155.573 euros en comisiones por encima de la media de mercado.
En su resolución, la juez explica que investiga "hechos relativos a la determinación o fijación de la prima de la póliza y porcentaje de comisión, bien de forma directa o bien indirecta, y luego su reparto, a pesar de todo ello presuntamente ilícito".
El pago de importes de primas por parte de la Junta de Andalucía fue, "al parecer", muy superior al precio del mercado, añade la juez. "La cuantificación de la prima es el instrumento mediante el cual la mayoría de los agentes que intervienen en el proceso se garantizarían una participación presuntamente ilícita en el reparto de los fondos de la Junta de Andalucía", concluye la magistrada.
La juez incluye como investigados en esta nueva pieza al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero; al "conseguidor" Juan Lanzas; y al ex delegado de Trabajo en Sevilla Antonio Rivas, entre otros.
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