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Los obispos presumen de “aportar al Estado” 32.000 millones, el 3,1% del PIB

En 2014 hubo 52.495 bodas católicas, 38.786 menos que cinco años antes

El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez (2i).
El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez (2i).VÍCTOR LERENA (EFE)
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Con la parafernalia de una multinacional y el soporte de un catálogo vistosamente editado, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado este jueves las cifras de la Iglesia romana en España, referidas a 2014. Lo hace en tres tiempos, con un cierre solemne, al anochecer, en el salón de actos de CaixaForum, en Madrid. Es el momento cumbre de la jornada, con gran aparato mediático, músicas varias, testimonios de eclesiásticos dedicados a la caridad (dos mujeres y un cura rural) y el discurso del líder de los obispos, el cardenal Ricardo Blázquez.

Por la mañana, el también arzobispo de Valladolid desayunó con directivos de los principales medios de comunicación, arropado por su vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal. Los datos de la poderosa organización eclesiástica, que cuenta con 12.665 entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, se resumen en un lujoso libro de 95 páginas, titulado Memoria anual de actividades de la Iglesia católica en España. Año 2014. "Las supuestas riquezas de la Iglesia están al servicio de nuestra sociedad y nuestra economía", dijo el gerente del Episcopado, que es también presidente de la cadena de emisoras COPE. Según Giménez Barriocanal, las diferentes actividades del catolicismo español "aportan al Estado" 32.000 millones de euros, el 3,1% del PIB.

Con traje negro, camisa blanca y corbata roja, Giménez Barriocanal desgrana el catálogo de riquezas y servicios de su Iglesia con la solvencia de un consejero delegado satisfecho de su gestión. El informe contiene luces y sombras. También carece de datos sobre los que la opinión pública tiene alguna curiosidad, como la cifra de los cuantiosos bienes públicos (casas, huertas, templos y otros bienes del común) inmatriculados por las diócesis en las últimas décadas aprovechando una legislación del anterior régimen, mejorada en beneficio de los obispos por el Gobierno de José María Aznar y que el Ejecutivo actual, también del PP, acaba de derogar por su dudosa constitucionalidad. En cambio, la memoria eclesiástica ofrece por primera vez la cifra de los profesores de catolicismo que ejercen en las escuelas públicas y privadas, elegidos para cada curso escolar por los obispos, pero pagados por el ministerio o las diferentes consejerías de Educación. Suman 25.660 docentes y cuestan al Estado 700 millones de euros cada año.

"El clero español no vive en situación de indigencia, sino de austeridad", declaró el gerente episcopal. Las demás cifras de la memoria, a juzgar por cómo se presentan cada año (en este, con mayor pomposidad para celebrar que la Conferencia Episcopal cumple cincuenta años de existencia), dibujan una organización enormemente rica. Otra cosa es que el documento insista en que sus cuantiosos bienes están al servicio de la sociedad. "Una Iglesia rica es una iglesia vieja y sin vida. San Pedro no tenía cuenta en el banco", ha dicho el papa Francisco. También ha afeado que algunos obispos y sacerdotes posean coches de lujo o vivan como ricos. Los de España, con datos subrayados hoy por su gerente, residen en palacios, pero cobran apenas 1.250 euros mensuales en 14 pagas. El salario de los sacerdotes en activo (18.813), asciende a 900 euros, que los curas con parroquia completan con ingresos por misas, funerales, entierros, bautizos, etc.

El dinero para sostener al clero, e incluso para el culto, lo obtienen los obispos a través de la equis (x) habilitada por el Ministerio de Hacienda en los impresos de la declaración de la renta (IRPF), por la que los católicos pueden asignar a su iglesia el 0,7% de su cuota fiscal sin poner nada de su bolsillo. Lo dice la propia publicidad de la Conferencia Episcopal, que cada año se gasta unos cuatro millones en incentivar ese mecanismo de financiación, exclusivo de la Iglesia católica. "Ni pagas más ni te devuelven menos", proclama esa propaganda. En 2014, la CEE recibió de Hacienda por ese concepto 250,2 millones, cuatro más que el año anterior. En 2006 fueron apenas 173,7 millones. El incremento se produjo por acuerdo entre el Estado vaticano y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por el que se suprimió la generosa dotación que hasta entonces recibían los prelados del Estado para salarios y culto. Para ello, el Ejecutivo socialista elevó un 37% la cuota que los católicos podían asignar a su Iglesia sin añadir nada de su bolsillo.

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Los datos aportados hoy por los obispos indican que solo el 35% de los contribuyentes marcó la casilla de la Iglesia en 2014 y que hay un gran desajuste según qué comunidades autónomas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha marca esa equis el 49% de los contribuyentes. En Cataluña apenas lo hace el 19%. En Euskadi es el 30,91%.

La memoria desglosa actividades que permiten medir la salud del catolicismo español. En 2014, se celebraron 240.282 bautizos (cinco años antes fueron 314.719); 52.495 bodas (91.281 en 2009) y 244.252 comuniones (249.255 hace cinco años). Los prelados se vanaglorian, en cambio, de que sus actividades culturales supusieron un impacto socioeconómico de casi 5.000 millones (el 0,47% del Producto Interior Bruto nacional) y la creación de 62.382 empleos totales generados. También presumen de que el uso de templos, como la mezquita de Córdoba y otros muchos declarados patrimonio cultural, genera 22.620 millones de impacto económico (2,17% del PIB), y 225.300 empleos. Sumando los impactos de las semanas santas, las peregrinaciones o las romerías, los obispos sostienen que la Iglesia "aporta" al Estado 32.000 millones (el 3,1% del PIB). La memoria calcula hasta "el impacto socioeconómico de las celebraciones religiosas en bautizos, comuniones y bodas en el sector hostelero mediante comidas y bebidas": 1.230 millones de euros. "Pregunten a los hosteleros en mayo", sentenció, con euforia, el gerente de la CEE.

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