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La “puerta giratoria” de la Justicia

Los partidos recurren al fichaje de jueces para sus listas electorales y la ley facilita la entrada en política y la vuelta posterior

Margarita Robles.
Margarita Robles.Claudio Alvarez

Vuelven los años 90 a la política. Vuelve Julio Anguita y vuelven los fichajes de jueces para las listas de los partidos. Podemos ya lo hizo en diciembre con Victoria Rosell y Juan Pedro Yllanes y el PSOE dobla la apuesta ahora sacando del Tribunal Supremo a Margarita Robles, quien también tuvo ya un papel destacado en los 90 en el Gobierno de Felipe González.

En aquella época también partidos como el PSOE recurrieron a jueces como Baltasar Garzón y Ventura Pérez para relanzar sus listas, con discutible resultado posterior.

En la legislatura que acaba también ocupaban escaños los exjueces Juan Ignacio Zoido (PP) y Juan Carlos Campo y María Dolores Galovart, ambos del PSOE. Y en otras han tenido presencia magistrados como Juan Alberto Belloch y José Antonio Alonso, hoy ambos en la actividad jurisdiccional, utilizando las ligeras puertas giratorias entre la Justicia y la política y la política y la Justicia. También independientes incorporados a la política como Manuel Carmena basan su reconocimiento social, precisamente, en su condición de exjueces.

Vuelta automática

  • Ley Electoral. Artículo 7. Los Magistrados, Jueces, Fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policías en activo tendrán derecho, en todo caso, a reserva de puesto o plaza y de destino, en las condiciones que determinen las normas específicas de aplicación. De ser elegidos, la situación administrativa que les corresponda podrá mantenerse, a voluntad de los interesados, una vez terminado su mandato, hasta la constitución de la nueva Asamblea parlamentaria o Corporación Local".
  • Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 356. "Procederá declarar en la situación de excedencia voluntaria, a petición del juez o magistrado, cuando se presente como candidato en elecciones para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o Corporaciones locales. De no resultar elegido, deberá optar, comunicándolo así al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de treinta días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el servicio activo. El conficto se produce con los magistrados del Tribunal Supremo. Nunca antes un miembro de esta institución había ido en las listas, hasta que lo ha hecho Margarita Robles. El Consejo General del Poder Judicial ha considerado que la número dos de la lista del PSOE por Madrid debe perder su condición de magistrada del Supremo.

¿Qué hace a los jueces atractivos para los partidos políticos para incorporarlos a sus listas?

Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso, asegura que “los partidos tienen que ser cada día más permeables e incorporar cada vez más a profesionales de reconocido prestigio como es este último caso de la jueza Margarita Robles. El PSOE lo ha hecho ya otras veces y sin ir más lejos, ya incluyó el pasado mes de diciembre a otros dos magistrados con una amplia trayectoria como Campo y Galovart”.

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Añade que “ahora Pedro Sánchez ha querido reforzar la candidatura con una persona progresista y comprometida como Margarita Robles con una carrera judicial ampliamente reconocida. Personas como éstas siempre suman, siempre aportan prestigio y experiencia en la lucha contra las desigualdades y contra la corrupción”.

Podemos, además, intentó antes de las elecciones de diciembre incorporar a más jueces, como José Castro, instructor del caso Urdangarín, Garbiñe Biurrun o Joaquim Bosch, pero los tres rechazaron la oferta.

Éste último, portavoz de Jueces para la Democracia asegura que “no sería bueno para sociedad prescindir de un colectivo que conoce el funcionamiento institucional, las normas y las leyes y cómo actuar con ellas”

No es habitual, en cambio, que por ejemplo se incorpore a fiscales en las listas, solo hay casos aislados como los de Antonio Camacho y Mariano Fernández Bermejo, que fueron ministros de Interior y Justicia o el de Carlos Jiménez Villarejo que fue en la lista de Podemos a las europeas. Según Bosch, “los fiscales tienen una imagen más vinculada al poder político, mientras que los jueces tienen mayor apariencia de honestidad e imparcialidad”.

En realidad, los fiscales carecen de la proyección pública en su trabajo que sí tienen los jueces y por eso cuando entran en política lo hacen sobre todo a cargos no electos. De hecho, los casos de fiscales que han pasado a política han sido previamente portavoces de asociaciones profesionales como la UPF, como en el caso de Gabriela Bravo, ahora consejera de la Generalitat valenciana, tras pasar por el Consejo General del Poder Judicial.

Juan Pedro Yllanes, elegido diputado de Podemos por Baleares en diciembre y de nuevo candidato para el 26 de junio, tenía notoriedad previa porque iba a presidir el juicio contra la Infanta Cristina y Urdangarín.

Explica los fichajes de jueces y la atracción de los partidos por ellos porque “proceden del servicio público y aportan experiencia de gestión, sin ser recién llegados, sino con experiencia. Los jueces somos aptos por nuestro trabajo para calibrar necesidades de los ciudadanos y la Justicia es una tema sensible”.

Respecto a la vuelta automática que les permite la ley, asegura que “se puede hacer siempre que a la vuelta no solo seas imparcial, sino que tengan apariencia de imparcialidad y hay mecanismos de abstención y recusación para cuando hay conflicto”.

Hace tiempo se exigía un plazo de dos años de “congelación” tras pasar por la política partidaria. Ahora en pocos días se puede pasar del escaño al juzgado tras formalizar el fin de la situación de excedencia.

El actual ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha propuesto en varias ocasiones limitar esa puerta giratoria, pero la idea no estaba finalmente en el programa electoral del PP.

El magistrado Bosch asegura que “no sería lógico establecer limitaciones porque, por ejemplo, en su actividad como juez instructor, el 90% de las causas no tienen nada que ver con la política”. Sí sostiene que sería necesario establecer con más claridad las causas de abstención y recusación para evitar casos como el de Enrique López Concepción Espejel, apartados, del caso Gürtel por su vinculación al PP.

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