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La guerra del cangrejo rojo

Isla Mayor (Sevilla), un pueblo en el que tres de cada cuatro personas viven de este crustáceo, se moviliza contra el fallo que prohíbe la comercialización de este invasor

Francisco Galera, pescador desde hace 35 años.

Cuando en 1974 arribaron a Isla Mayor (Sevilla) los primeros 100 kilos de cangrejo rojo, nadie pronosticó que 42 años después esta especie invasora iba a colonizar cuantas marismas, caños y lagunas hay en España. De este municipio de 6.000 habitantes, que se ha quedado en vilo tras la sentencia del Supremo que prohíbe la comercialización de este animal, tres de cada cuatro personas se ganan su jornal pescando, limpiando o comerciando el Procambarus clarkii en cinco empresas que facturan en torno a 20 millones de euros anuales y son —según sus datos— el tercer mayor productor mundial de este crustáceo. En el pueblo comenzó hace semanas una protesta silenciosa: como si fuesen pasquines, en el alumbrado, en los balcones de las casas y en las fachadas de los edificios públicos cuelgan las redes y nasas de los pescadores. "Estamos muy nerviosos porque esta economía sustenta a muchas familias. La gente de aquí no sabe qué hacer porque se quedará sin trabajo en cuanto la sentencia se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El problema es que tampoco tienen una alternativa laboral y la opción es emigrar", dice el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero (PSOE).

El fallo del Tribunal Supremo llegó después de que Ecologistas en Acción recurriese para ampliar el Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras, aprobado en 2013. Las compañías del pueblo reaccionaron rápido: tras presentar al alto tribunal en abril un incidente de nulidad de actuaciones, que fue rechazado, para impugnar la sentencia al considerar que debían haber sido emplazadas en el proceso por ser parte interesada, esta semana agotarán su última bala jurídica: entregarán al Constitucional un recurso de amparo. "También estamos en conversaciones con el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Medio Ambiente [de la Junta] porque creemos que es necesaria una respuesta conjunta que aporte estabilidad legal. No sabemos cuándo se va a publicar el fallo en el BOE, pero esperamos que no sea pronto", cuenta Valentín Murillo, portavoz de las empresas.

En esta tierra de pescadores y arroceros, donde los campos de arroz se extienden interminables hasta el horizonte, todos los sectores económicos y partidos políticos se quejan de la sentencia. Solo las asociaciones ecologistas, que también son conscientes del conflicto social y económico, defienden la erradicación del crustáceo. Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción en Andalucía, cree que este animal, que puede llegar a medir hasta 15 centímetros, ha alterado el entorno y, si se elimina, regresará el ecosistema autóctono: "Sabemos que el fallo va a crear más problemas que habrá que atajar, pero no somos legisladores ni tenemos que gestionar el territorio. Entendemos que es un problemón, pero todos tenemos derecho a un medio ambiente saludable".

Cuando Yllescas argumenta que esta especie ha cambiado el ecosistema, se refiere a que ha esquilmado especies, como algunos anfibios, invertebrados y aves que dependen del suelo marino, una zona que el cangrejo rojo elimina. También dice que el cangrejo autóctono desapareció tras la llegada del rojo en 1974, pero un estudio del CSIC demostró en julio de 2015 que el llamado autóctono era en realidad italiano. Miguel Clavero, investigador de la Estación Biológica de Doñana —dependiente del CSIC—, piensa, como Yllescas, que la irrupción de esta especie ha causado un cambio completo: "El que lo califiquemos de positivo o negativo depende de qué especies midamos. Ha beneficiado a las que comen cangrejo y ha perjudicado a las que dependen del suelo marino. Ninguna ha desparecido del todo, pero hay zonas en las que ya no quedan algunos animales".

La evolución del procambarus clarkii fue explosiva en cuanto la gente, cuenta Clavero, lo comenzó a llevar en el coche para soltar en las marismas del Guadalquivir, en el Delta del Ebro y en cuantas aguas dulces hay en España. En solo unos años progresó una industria en Isla Mayor que dio trabajo a familias enteras. Francisco Galera, su mujer y sus hijos, por ejemplo, han vivido siempre de la comercialización de esta especie. Galera, de 57 años, trabaja desde hace 35 —"cuando terminé la mili"— pescando kilos y kilos de este crustáceo. Se levanta cada día a las cinco de la mañana, a la hora más fresca, para ir con su hijo a las marismas de los arrozales y a los canales. "Estamos muy consternados. Para el pueblo sería la muerte porque habría que abandonarlo. El arroz está muy mecanizado y ya no da trabajo, e Isla Mayor pasaría a ser un municipio fantasma", dice Galera, que vende a las empresas de julio a octubre —cuando hay más cangrejos— los kilos que pesca a 70 céntimos, y el resto del año a euro y medio. Su mujer se dedica a lo mismo, haciendo las redes que él usa para pescar, y su hija trabaja en las fábricas. "Mis hijos quieren seguir con la tradición familiar. Es de lo que vivimos, lo que trae el pan a casa", cuenta.

Galera, como muchos otros en su pueblo, luce en su balcón sus redes en señal de protesta. Molero, su alcalde, ha pedido un plan b a la Junta por si los argumentos jurídicos fallan para poder seguir comercializando esta especie. De momento, ha habido reuniones con el Gobierno regional, que ha creado una comisión de trabajo entre distintas consejerías y ha pedido al Ministerio de Agricultura protección para este sector, pero el tiempo corre hacia atrás para las empresas. La incertidumbre que produce la sentencia, cuenta el portavoz de las compañías, ya les está haciendo daño porque hace que las sociedades con las que se relacionan sientan medio: "Un cambio en la ley necesita un año, pero nosotros no podemos esperar tanto porque no seríamos capaces de entrar otra vez en el mercado. Esta actividad ha pagado todo en orden. Si el día de mañana nos dicen que no podemos dedicarnos más a esto, se armará una gorda porque el pueblo no tiene alternativa".

Si el cangrejo se deja de comercializar, otro sector que se vería afectado sería el de los arroceros. Estos crustáceos construyen cangrejeras en contra de la corriente del agua, de manera que perforan las carreteras y los caminos y estropean los cultivos. "Si se deja de pescar esta especie, todavía habría más y más ejemplares que harían más y más daño", expone Manuel Cano, el director gerente de la Federación de Arroceros de Andalucía. La opción de erradicar estos animales, explica el investigador del CSIC, tampoco es posible: "Yo defendería la eliminación del cangrejo rojo si fuese viable, pero lo cierto es que no hay forma humana: son millones y millones de ejemplares en un área gigantesca que se reproducen a una velocidad de vértigo. Hay que regular este sector".

Un municipio en torno al cangrejo rojo

En Isla Mayor, un municipio de la provincia de Sevilla de 6.000 habitantes, tres de cada cuatro personas viven directa o indirectamente del cangrejo rojo. La cuarta, se gana el sueldo con los cultivos de los arrozales.

En este municipio hay cinco empresas que son los terceros productores mundiales de esta especie, según sus datos. Manejan un volumen de pesca de entre tres y cuatro millones de kilos anuales de cangrejo rojo y facturan en torno a 20 millones de euros. Las exportaciones, según cuenta su portavoz, Valentín Murillo, constituyen un 85% de su producción y las hacen a países de la Unión Europea (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Francia y Holanda) y EE UU. El 15% restante se vende en España.

Son 550 las personas de Isla Mayor que trabajan en las fábricas de estas cinco compañías, pero los empleos indirectos ascienden casi a 4.000.

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