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EVALUACIÓN FINAL DE PRIMARIA

Educación rectifica y pone límites a los ‘rankings’ en su normativa

El Consejo Escolar había solicitado que la orden del ministerio para las pruebas de sexto de primaria especificara que no se usarán para hacer clasificaciones de colegios

Pilar Álvarez
Alumnos de 5º y 6º de un colegio público de Madrid.
Alumnos de 5º y 6º de un colegio público de Madrid.Álvaro García
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Los informes que cada colegio haga tras la prueba de sexto de primaria recogida en la la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), a la que en el mes de mayo se enfrentan por primera vez los estudiantes de 11 y 12 años, "tendrán difusión únicamente en su comunidad educativa y los resultados de las evaluaciones no podrán utilizarse en ningún caso para la clasificación de centros docentes".

El Ministerio de Educación ha rectificado con este párrafo la orden que regula estas pruebas en los territorios que gestiona directamente, Ceuta y Melilla, después de que el Consejo Escolar del Estado le reclamara en su último informe que pusiera límites legales para evitar que se puedan publicar rankings de colegios tras la prueba. La orden se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado con ese añadido, según un portavoz del ministerio.

El riesgo de que se hagan públicas las clasificaciones de centros en función de la nota de sus alumnos es uno de los principales puntos de conflicto del ministerio con distintas comunidades autónomas que rechazan la prueba y que han manifestado incluso su intención de no realizarla. Hasta siete regiones (Cantabria, Extremadura, Castilla La Mancha, Canarias, Cataluña, País Vasco y Navarra) han señalado que no la harán o que pondrán un examen diferente a sus alumnos.

El Consejo Escolar —en la que están representados profesores, alumnos, padres, miembros de distintas Administraciones (incluido el Ministerio de Educación), empresarios, sindicatos o personas de reconocido prestigio— acaba de elaborar un dictamen sobre la orden en la que Educación regula el examen en los territorios que dependen directamente del Estado, Ceuta y Melilla, y que el Consejo revisó la semana pasada.

En uno de los apartados, el borrador del ministerio señalaba que esos resultados se “difundirán a la comunidad educativa”. El Consejo le solicitó en su dictamen, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que "exprese con exactitud qué información, qué difusión, durante cuánto tiempo tiene que estar disponible la información y debería, asimismo, poner límites para que no sea usada en ningún caso para hacer clasificaciones de centros".

El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha declarado públicamente en las últimas semanas que se compromete a evitar las clasificaciones y "a que no se hagan públicos los resultados de las evaluaciones, si ese es el problema". Pero el borrador de orden que se envió al Consejo Escolar y a las direcciones provinciales de Ceuta y Melilla no hacía ninguna referencia. Preguntado a este respecto, un portavoz oficial del ministerio señaló el pasado jueves a este periódico que la orden solo regula cómo debe aplicarse la prueba y no tenía por qué incluir ninguna referencia expresa a los rankings.

La referencia eliminada

Previamente, la LOMCE eliminó una referencia contraria a las clasificaciones de la ley anterior, la Ley Orgánica de Educación que elaboró el PSOE. El artículo 144.3 de la LOE recogía sobre las evaluaciones externas: “En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones en los centros”.

Sí existe ese enunciado explícito, por ejemplo, en una de las comunidades autónomas que gobierna el PP y que celebrará esta prueba en mayo. La orden que ha enviado Castilla y León a sus centros para la organización del examen, señala: “Los resultados de las evaluaciones individualizadas no serán objeto de publicidad a los efectos de establecer una clasificación de centros”.

El voto particular de las familias

La confederación de asociaciones de padres y madres de la escuela pública, la CEAPA, emitió un voto particular para la orden del ministerio que regula las pruebas de sexto. Esta organización rechaza "totalmente" la tramitación de esta normativa y pide que se eliminen esos exámenes. Y alegan, entre otros motivos, que "son una foto fija que se realiza en un momento determinado" para elaborar "rankings absurdos que intentan conseguir que determinado tipo de centros, los públicos, salgan perjudicados".

La confederación de familias, que representa a 11.000 asociaciones según sus datos, niega que estas pruebas tengan un efecto positivo en el progreso de los alumnos  y critica que se centren en las llamadas "áreas instrumentales" (matemáticas, lengua, ciencias e idiomas) y dejen fuera otras disciplinas, como las artísticas o las deportivas, "que son igualmente importantes".

También consideran que estas evaluaciones, que realizan docentes que no son de los propios centros, lanzan un mensaje "de desprestigio del profesorado, al desconfiar abiertamente de su labor y, en especial, de la evaluación que este realiza".

Sobre la firma

Pilar Álvarez
Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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