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La eterna causa contra ‘El Albondiguilla’

La justicia tarda 15 años en sentar en el banquillo por prevaricación a un exalcalde de Gürtel

El exregidor de Boadilla aprovechó la espera para convertir el municipio en una franquicia de la trama

González Panero, tras declarar como imputado en la Audiencia Nacional en 2009. / Reuters-Quality

La justicia ha tardado 15 años en sentar en el banquillo a uno de los cabecillas de la trama Gürtel, el exalcalde del PP de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, el Albondiguilla. El exregidor entre 1999 y 2009 de esta localidad de 48.000 habitantes que se convirtió en epicentro de la red corrupta no será juzgado, sin embargo, en esta ocasión por su relación con el entramado de Francisco Correa, sino por fichar a dedo a abogados para sus pleitos políticos y cargar las facturas a las arcas municipales.

Por estos hechos, que se remontan a 2000, González Panero cometió supuestamente malversación de caudales y prevaricación. Unos delitos penados con inhabilitación para ejercer un cargo público.

El proceso contra González Panero por el fichaje de los abogados se atascó desde 2001 en las estanterías del juzgado con recursos y cambio de jueces. Un margen de 15 años que el Albondiguilla dedicó a sumergirse en el corrupto universo de Gürtel. La trama le pagó presuntas mordidas y regalos por valor de 600.000 euros y él correspondió (también presuntamente) adjudicando contratos por 70 millones.

El político aprovechó el atasco judicial de la causa para cobrar 600.000 euros de la red Gürtel

El concejal de Boadilla Ángel Galindo, que es uno de los abogados de las acusaciones, no se explica cómo ha podido dilatarse “un asunto que no es nada complejo”. La acusación particular solicita 10 años de inhabilitación y seis de prisión y sostiene que la malversación superó los 72.000 euros.

Fuentes próximas a la investigación achacan la lentitud de la causa de los abogados a múltiples factores. El caso empezó a instruirse en 2001 en dos juzgados diferentes de Móstoles. Y tardó tres años en acumular las diligencias en uno solo, que fusionó las distintas querellas presentadas por el PSOE y el partido Independientes de Boadilla. En total: cuatro jueces han pasado por este asunto desde 2001.

La fiscalía apunta que la contratación de abogados fue ilegal y superó los 6.000 euros de quebrando para el Ayuntamiento. Y pide 10 años de inhabilitación de empleo y cargo -la pena máxima- para el exalcalde y para quien fue su concejal de Hacienda, José María de la Mata Arranz.

Cuatro jueces han instruido desde 2001 la causa por prevaricación contra el exregidor

Durante estos 15 años de letargo judicial, el Albondiguilla desarrolló una intensa actividad paralela a la vara de mando. La red de Correa agasajó al político con 600.000 euros en mordidas y regalos -viajes a Miami, restaurantes, trajes de sastrería, zapatos de Casa Exerez de 1.300 euros- a cambio de amañar contratos, según el sumario de Gürtel. Él y su exmujer, Elena Villarroya Samaniego, refugiaron supuestamente sus beneficios en cuentas en Suiza, Holanda y China. Y movieron 919.000 euros en distintos fondos entre 2007 y 2008.

La connivencia era tal que la trama llegó a pagar el viaje de novios del hermano de González Panero. Y abonó, a través de una empresa de basuras, 20.000 euros de un acto del PP en Boadilla que protagonizó la entonces candidata a presidenta Esperanza Aguirre, según la policía. En las 18 horas de grabaciones a Francisco Correa realizadas por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, el cerebro de la trama habla incluso de un vídeo donde cuenta billetes el Albondiguilla, que fue expulsado del PP en 2009 tras destaparse su conexión con la red.

Las contrataciones de abogados de Boadilla se hicieron con los informes en contra del secretario y del letrado municipal, según Galindo. “La responsable política es Esperanza Aguirre por no haber echado a tiempo a los corruptos de las tramas Gürtel y Púnica, que son los casos que atascan los juzgados”, explica este letrado.

El fiscal considera que la contratación de los abogados fue ilegal porque no se sometió al pleno y careció de la intervención del secretario del Ayuntamiento. Además, apunta que uno de los letrados fichados por González Panero y su exconcejal de Hacienda defendió a los acusados en litigios que no tenían que ver con la actividad municipal. Y esto es lo que juzgará pronto la Audiencia de Madrid 15 años después. El tribunal, por cierto, todavía no ha fijado la fecha de la vista oral de la causa contra el Albondiguilla.