Ciudadanos se abstendrá en la proposición de ley del PSOE para paralizar la LOMCE
El Congreso vota este martes contra la polémica norma educativa del PP a iniciativa de los socialistas, que dan por hecho que su proposición de ley tendrá mayoría suficiente
La primera proposición de ley de esta legislatura, que arrancó y sigue con un Gobierno en funciones, se refiere a una de las leyes más discutidas del PP dentro y fuera del Congreso. El PSOE presenta y debate este martes "la paralización del calendario de aplicación de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) y la consiguiente suspensión de la entrada en vigor de las normas dictadas en su desarrollo que no hubieran tenido aún vigencia o aplicación efectiva".
Si la proposición supera el trámite de este martes, se abrirá un plazo de enmiendas en comisión y, posteriormente, tendrá que ir al Senado.
El PSOE da por hecho que tendrá mayoría suficiente para la toma en consideración, con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP y los socialistas esperan sumar a su potencial socio de Gobierno, Ciudadanos, aunque el partido de Albert Rivera quiere desmarcarse con una abstención. Fuentes del a dirección del partido de Albert Rivera sostienen, a pocas horas de que arranque el debate previsto sobre las cinco de la tarde, que sus 40 diputados se abstendrán. A mediados de marzo, el PSOE presentó una iniciativa similar en el Senado que fue apoyada por toda la oposición (incluida Ciudadanos) y rechazada gracias a los votos mayoritarios del PP.
Desde la formación naranja, que ha firmado un acuerdo para formar gobierno con el PSOE, señalan que la propuesta socialista sobre la LOMCE es previa a ese pacto conjunto y no recoge una ponencia “para un pacto nacional por la educación” que ellos defienden. Fuentes socialistas consideran que la postura de Ciudadanos “es contradictoria” con el pacto que firmaron. En su proposición de ley, destacan que se trata del "paso prioritario" para poder comenzar a reconstruir "un acuerdo común" entre toda la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para lograr un sistema educativo "estable y de calidad".
Un voto simbólico
El tiempo en contra
La toma en consideración de la proposición de ley para frenar la LOMCE tiene, en todo caso, un carácter simbólico y político, pero es casi imposible que pueda culminar su trámite en el Congreso y el Senado y, por tanto, frenar la aplicación de la ley antes de que el 2 de mayo se disuelvan las Cámaras si no hay acuerdo para formar Gobierno.
La proposición de ley que se apruebe este martes debe ir a comisión y, posteriormente, ir al Senado. En la Cámara alta el PP tiene mayoría absoluta y, por tanto, puede ralentizar la tramitación.
Según el artículo 99 de la Constitución el Congreso podría reducir a 20 días el plazo de tramitación en el Senado. Es decir, el plazo se cumpliría después del 2 de mayo y con la disolución automática de las Cortes decaen todas las iniciativas en trámite.
En el caso improbable de que se cumplieran esos plazos, el PP impondría su mayoría absoluta para rechazar la proposición de ley, lo que haría necesario una nueva votación en el Congreso que, con toda seguridad, no se produciría antes de dos meses como mínimo.
En cualquier caso, el resultado de la votación será solo simbólico porque los plazos corren en contra a tres semanas de que se disuelvan las cámaras automáticamente si no hay acuerdo para la investidura. Pero será un nuevo varapalo para una ley que nació con el respaldo único del PP, muy contestada en las calles y en las aulas, y con un compromiso firme de la mayoría de fuerzas políticas del arco parlamentario de derogarla en cuanto tuvieran oportunidad.
Todas las formaciones que tenían representación parlamentaria cuando se aprobó la ley en 2013 —excepto UPyD, UPN y Foro Asturias— acordaron en julio de 2013 que la suspenderían en la legislatura en el supuesto de sumar votos para hacerlo. Derogar una ley orgánica requiere una mayoría absoluta (176 escaños) y los grupos opuestos a la reforma educativa suman votos suficientes para ello salvo sorpresas. El pasado enero, cinco colectivos de docentes, padres y alumnos reclamaron que se cumpliera ese compromiso que firmó la oposición.
La fase final de aplicación
La LOMCE entra el curso que viene en su fase final de aplicación. La próxima convocatoria prevista en el calendario de la ley educativa será en mayo. Entonces está prevista la evaluación externa que deberán hacer más de 400.000 alumnos de sexto de primaria (12 años). Algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE llevaron estas pruebas ante el Tribunal Supremo para intentar frenarlas y están a la espera de resolver la situación, aunque desde el PSOE señalan que no serán “abstencionistas” con la ley y harán el examen si no hay cambios antes.
El curso que viene, la reforma educativa llega a los cursos pares de secundaria y a segundo de bachillerato. Está pendiente el diseño de la reválida externa de secundaria y la de bachillerato, que sustituiría a la actual prueba de Selectividad en 2017.
