El juez del ‘caso Rato’ imputa a Telefónica y a Lazard

El juez Antonio Serrano-Arnal, instructor del caso de corrupción entre particulares y delito fiscal que afecta a Rodrigo Rato, ha imputado como personas jurídicas a las empresas Telefónica y Lazard, según ha podido confirmar este periódico por tres fuentes próximas al caso. La declaración de los representantes legales de ambas compañías, para las que trabajó el exvicepresidente del Gobierno tras dejar el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional, se produjo el pasado miércoles en el marco de la pieza separada secreta abierta por el juez Serrano-Arnal el pasado 11 de enero y por la que Rato fue interrogado el pasado 19 de febrero. Fuentes de la compañía han asegurado que colaborarán con la justicia.

Una de las irregularidades atribuidas a Telefónica tiene que ver con el pago a Rato de sus honorarios como miembro del consejo asesor de la compañía para Europa y Latinoamérica, por el que cobró 363.000 euros en 2013 y otros tantos en 2014. Los pagos se realizaron no a Rato como persona física sino a través de la sociedad Kradonara SL, mercantil española clave en el entramado societario de Rato y filial de Vivaway Ltd, domiciliada en Londres pero con conexiones en Gibraltar. Hacienda considera que esos pagos debían haberse tributado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, pues la labor de asesoría efectuada por Rato era una actividad “personalísima” de este.

Según los datos de la Agencia Tributaria que constan en la parte del sumario del caso Rato que se ha desclasificado, el exvicepresidente del Gobierno no declaró siquiera los pagos de Telefónica en el Impuesto de Sociedades. Las cuotas supuestamente defraudadas por Rato a Hacienda por IRPF entre los ejercicios 2006 a 2014 por esta y por otras cuatro operaciones mercantiles suman 6,43 millones de euros, cuatro veces más de lo detectado al iniciarse las pesquisas.

En el caso de Lazard se investiga el supuesto pago de 6,2 millones de euros a Rato en 2011 tras la salida de este de la entidad franco-canadiense. Lazard fichó a Rato como uno de sus principales ejecutivos en abril de 2009 tras su salida del Fondo Monetario Internacional. Al sueldo base anual de un millón de dólares había que sumar tres millones de dólares en acciones a la entrada en la compañía.

En enero de 2010, Rato abandonó la empresa rumbo a Caja Madrid. Como parte de su salida de Lazard, recibió seis millones de euros en acciones, que pudo hacer efectivas en mayo de 2013. Según su abogada, esta cantidad, y los pagos procedentes de los contratos con el grupo norteamericano TPG Capital –que se rescindieron al inicio de la investigación- “son los únicos ingresos que ha percibido desde el extranjero en los últimos años” y “han sido convenientemente declarados ante la Agencia Tributaria.

Durante la estancia de Rato en Bankia, la entidad sucesora de Caja Madrid, otorgó contratos a Lazard por 14 millones de euros. El juez investiga si los pagos de Lazard forman parte de algún tipo de comisión privada a Rato por estos contratos.

Los pagos de Lazard también están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en el marco del caso Bankia. En diciembre de 2014, el magistrado pidió al banco franco-canadiense los detalles de “todos los conceptos abonados a Rato” y “con especial referencia al fundamento de la transferencia de 6,2 millones de euros”, que salieron a la luz el 15 de octubre de ese año en la declaración de Rato como imputado en la pieza separada de las tarjetas opacas de Caja Madrid.

Además de la imputación de Telefónica y Lazard como personas jurídicas, el juez Serrano-Arnal ha tomado declaración como investigados (antiguos imputados), el pasado 20 de febrero, a Ramiro Sánchez de Lerín, secretario general y del Consejo de Administración de Telefónica, y a Pedro Pasquín, consejero delegado de Lazard.