Centenares de sevillanos protestan contra un callejero laico
IU presenta una moción para lograr "la separación de Iglesia y Estado"
"Nuestras tradiciones no se tocan". "Dios con nosotros". Con mensajes como estos, varios centenares de personas se han concentrado este viernes a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla para protestar contra la moción presentada por Izquierda Unida en la que reclama, entre otras cosas, que se promueva un callejero "laico y aconfesional" en la capital. La moción solicita, además, que el Consistorio no promueva la participación de sus concejales en actos religiosos y que los ediles solo vayan a título personal, nunca en representación del Ayuntamiento.
Los manifestantes, convocados por distintos colectivos a través de las redes sociales, se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento con diferentes pancartas, así como con crucifijos y fotos de sor Ángela de la Cruz. "Queremos un compromiso por la laicidad, la separación de Iglesia y Estado, en este caso la parte municipal, porque entendemos que no deberían participar en actos religiosos. Pero nadie quiere prohibir la Semana Santa ni nada, sino que cualquier persona, sea concejal o no, disfrute de ella, pero a título personal", ha dicho el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Daniel González Rojas. "Es una polémica basada en nada de un sector casposo de la ciudad. Ni queremos prohibir la Semana Santa, ni quemar las iglesias ni nada de eso", ha asegurado, informa la agencia Efe.
Sobre la propuesta de promover un callejero laico, el portavoz ha precisado que no supone "quitar" la rotulación de calles ya dedicadas a la simbología católica, sino de hacerlo para designar las nuevas. "Porque es una vergüenza que un personaje como Luis Cernuda tenga un plaza minúscula, cuando se merece una gran calle", ha dicho González Rojas.
La Asociación Abogados Cristianos ha advertido que el Ayuntamiento cometería un delito de discriminación si acepta el callejero laico y aconfesional y ha subrayado que ese delito, recogido en el artículo 510 del Código Penal, se "agrava" si lo cometen funcionarios públicos y que está penado con la inhabilitación y prisión de hasta tres años.
